¿Cómo puede contribuir el cannabis a los objetivos del desarrollo sostenible?

El Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo vincula la regulación de la marihuana con el cumplimiento de la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en un informe que ha entregado al Gobierno y que Podemos dice está estudiando

La planta milenaria del cannabis tiene innumerables usos desde que el ser humano la descubrió, más allá del meramente recreativo. Usos en el ámbito de la medicina, la alimentación, la energía o del textil, por poner algunos ejemplos. Por eso, su cultivo y aprovechamiento pueden contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza establecidos en la Agenda 2030. Así lo entiende el Observatorio Europeo para el Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) en un informe que ha entregado al Gobierno y que desde Podemos aseguran que están estudiando.

“El cannabis, en sí mismo, no acaba de ser ni un problema ni una emergencia. Simplemente, es una planta en el centro de un millón de problemas y con otro millón de emergencias. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su millón de temáticas constituye una matriz relevante para analizar el cannabis y las políticas públicas al respecto”. Así fundamenta el Observatorio, un grupo español de expertos en esta materia, las razones de la presentación de un informe en el que aseguran haber encontrado un vínculo de la planta Cannabis Sativa L y sus políticas públicas con 64 de las 169 metas de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, un plan de acción aprobado por la Asamblea General de la ONU “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”.

Precisamente, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, presentó el pasado 15 de julio ante la ONU la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno español para cumplir con los objetivos de la Agenda, un documento que, destacó, contaba con la colaboración de las comunidades, entidades locales y organizaciones de la sociedad civil. “Necesitamos llevar a cabo una verdadera transición social, una recuperación justa, sostenible y feminista”, dijo entonces la ministra y secretaria general de Podemos.

Y es ahí donde los autores del informe del OECCC ‘Cannabis sostenible, Manual de políticas públicas’ quieren incidir: en la importancia de la participación de las organizaciones sociales en el desarrollo de las estrategias de la Agenda y en la contribución que una regulación integral “bien hecha” puede hacer al cumplimiento de sus objetivos. Representantes del Observatorio mantuvieron un encuentro por internet el pasado mes de julio con responsables de la formación de Podemos, entre ellas Lucía Muñoz, la diputada portavoz en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las adicciones y en la de Asuntos Exteriores, y Gabriel Castañares, que es director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 del Gobierno. Posteriormente, presentaron el informe, de más de un centenar de páginas, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales.

Lucía Muñoz ha asegurado a Público que en Podemos están estudiando el informe y las propuestas que les ha hecho llegar el Observatorio Europeo, aunque también ha considerado prematuro hacer cualquier tipo de valoración sobre su contenido. Por su parte, Hugo Madera, portavoz de la organización autora del documento, confía en que el Gobierno haga su propio informe sobre los beneficios que puede aportar una regulación integral del cannabis en la línea de lo que argumenta el que ellos le han presentado. “Y no hacer nada también es una política”, advierte el representante de OECCC, quien asegura que van a hablar de este tema con todas las fuerzas políticas que apoyan el desarrollo de la Agenda 2030.

De la lucha contra la pobreza al cambio climatico

El informe se desglosa en varios apartados, en los cuales se analizan las aportaciones que podría hacer un cannabis regulado legalmente a la lucha contra la pobreza, la exclusión y el hambre, a la salud y el bienestar, el cambio climático, la educación, las condiciones de trabajo y la igualdad de género.

Los autores del documento señalan que la capacidad que poseen las fibras de esta planta para la producción y almacenamiento de electricidad “tiene potencial para ayudar a asegurar una energía sostenible, fiable y verde para todos”, disminuyendo la dependencia de los recursos fósiles. ¿Pero cómo se puede obtener energía a partir del cannabis? A través, fundamentalmente, de la biomasa, responden. “Las nanopartículas de carbono para electrodos fabricadas con los desechos residuales de plantas de cannabis superan a los supercondensadores de grafeno”, explican.

Además, la regulación de la marihuana tendría otro efecto energético, a juicio del OECCC: se reducirían en gran medida los cultivos de interior, que gastan mucha luz y necesitan sistemas de ventilación, humedad y riego artificiales, y que son los que ahora proliferan para evitar que sean detectados por las fuerzas de seguridad. “Las políticas de regulación legal explican deberían de corregir tal cambio histórico de los métodos de cultivo, fomentando los que están al aire libre y en invernadero, con un impacto menos perjudicial para el medio ambiente y una huella de carbono extremadamente baja”.

Igualmente, dentro del ámbito medioambiental, en el informe se señala que los biocompuestos hechos de fibras de cannabis (polipropileno, polietileno, poliéster) “son resistentes, duraderos, rentables” y que, por esa razón, ya se usan “ampliamente” en el mercado para bioplásticos, muebles, tejas, paneles de puertas automotrices e, incluso, en la industria del automóvil. “Las autoridades también deberían de fomentar el uso de materiales de construcción como el hormigón hecho con fibras de cannabis (“hempcrete”) y aceites industriales de semillas prensadas utilizados en la confección de pinturas y selladores”.

Y los autores de este informe subrayan que “parece poco probable que las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cannabis contemplen consecuencias medioambientales en sus estrategias”, algo que la normalización y la regulación, en cambio, sí permiten.

En el apartado de la alimentación, el documento sobre la Estrategia 2030 presentado al Gobierno refleja que los productos alimenticios fabricados a base de semillas de cannabis “son una fuente rica de proteínas y aminoácidos esenciales“, que deben considerarse, por ejemplo, “como una herramienta en el reemplazo de proteínas obtenidas de animales”. Y en el de la salud y el bienestar, recuerda que se trata de una de las plantas más antiguas que el ser humano ha utilizado para paliar dolencias y enfermedades. “Sigue siendo cultivado para su empleo como medicina en decenas de países y su uso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

A juicio del Observatorio, los remedios hechos a base de cannabis y la forma que tienen los pacientes de usarlos corresponden plenamente a la definición que hace la OMS de la medicina tradicional. Por ello, este grupo español de expertos defiende que el sistema de salud debe proporcionar el acceso a estos usos medicinales, que, a su entender, también se pueden aplicar para facilitar el abandono del consumo de tabaco, alcohol, opioides y benzodiacepinas.

Frenar la inseguridad e insalubridad laboral

En lo que respecta a la lucha contra la pobreza, el informe hace hincapié en los efectos secundarios de la represión del cannabis sobre las personas, y sus familias, que son condenadas judicialmente por esa actividad. Por ese motivo, los autores del documento consideran urgente, mientras no se apruebe una regulación, implantar alternativas al encarcelamiento en caso de infracciones menores, para así evitar el empeoramiento de las condiciones económicas y familiares de la persona afectada. Asimismo, plantean el desarrollo de políticas de comercio justo que beneficien a los pequeños productores, agricultores familiares y tradicionales del cannabis.

Las condiciones laborales de quienes trabajan en este sector son también objeto de análisis en el informe, en el que se advierte de que la “inseguridad e insalubridad son inherentes al empleo en entornos ilegales”. “La falta de protecciones regulatorias laborales, de seguro y de supervisión de seguridad, así como la presión y amenazas constantes, tanto por parte de organizaciones criminales como de fuerzas y cuerpos de policía, ubican el ámbito laboral como una de las metas y objetivos centrales de posibles reformas de las políticas del cannabis”, precisa el documento. Y a eso se añade, luego, una estigmatización y marginalización para acceder a un empleo regularizado.

La represión ejercida durante años a causa de la ilegalización del cannabis también debe ser objeto de profunda revisión, según los autores del informe. En concreto, proponen que a las personas que se hayan visto afectadas por violaciones de derechos humanos, generadas por la prohibición, se les conceda el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones a través de programas para la equidad y la inclusión en los mercados regulados, entre lo que se incluiría la “amnistía y/o cancelación definitiva de antecedentes penales para los casos históricamente injustos de condenas y antecedentes“.

La educación ocupa otro capítulo importante dentro del informe ‘Cannabis sostenible, Manual de políticas públicas’, en el que se aconseja a los gobiernos que reorienten el gasto en políticas de drogas desde el ámbito del orden público hacia el de la salud, en particular hacia programas de reducción de daños por consumo y de prevención. “Deben cesar recalcan las campañas de prevención que causan miedo, malestar o generan estigma y desinformación, así como las campañas lideradas por fuerzas policiales”.

Los beneficios económicos que aporte la regulación también deberían, a juicio del Observatorio Europeo, repercutir en una educación y capacitación de las personas, muchas de ellas jóvenes, que “han desarrollado importantes competencias técnicas y empresariales mientras estaban involucrados en la economía ilícita del cannabis, competencias que no están reconocidas” oficialmente.

En cuanto a la igualdad de género, en el documento se propone, entre otras medidas, que las políticas y estrategias de salud sobre el uso adulto del cannabis adopten enfoques específicos para mujeres, además de integrarlas e involucrarlas en todos los niveles.

El portavoz del OECC, Hugo Madera, entiende que las propuestas de este informe suponen un beneficio integral y con una gran amplitud, que va mucho más allá de quienes consumen o cultivan marihuana. “Esto beneficia a toda la sociedad, porque estamos hablando de proteínas de cáñamo, de textil, de energía, de descontaminación, de ahorro, de todos los beneficios que puede ofrecer una planta maravillosa que puede ayudar mucho en muchos ámbitos”, subraya.

Hasta el momento, el Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no ha aprobado ninguna medida de regulación del cannabis en España, ni integral ni para uso medicinal, y sus respectivos grupos parlamentarios tampoco la han presentado en el Congreso ni en el Senado. La única iniciativa parlamentaria en marcha es la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad , aprobada a propuesta del PNV, para estudiar las experiencias de otros países sobre la regulación del cannabis medicinal con vistas a un posible desarrollo legislativo en España. Y en la Cámara Alta aún está pendiente el debate de una proposición del grupo de Izquierda Confederal para regular los clubes de usuarios de cannabis.

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