El Gobierno de Estados Unidos se opone “firmemente” a la iniciativa ciudadana para legalizar la marihuana en California, y aplicará las leyes federales para bloquearla en caso de que la medida se apruebe en el referéndum que este estado realizará en noviembre.
Así lo indicó hoy el fiscal general, Eric Holder, en una carta dirigida a ex funcionarios de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) a la que tuvo acceso Efe.
“El Departamento de Justicia se opone firmemente a la Propuesta 19 -como se denomina la medida- que, si se aprueba, complicará enormemente los esfuerzos federales antidrogas, para detrimento de nuestros ciudadanos”, dijo Holder en la carta.
El fiscal general añadió que las autoridades federales “seguirán comprometidas” con la aplicación de la Ley de Sustancias Controladas (CSA, en inglés) “en todos los estados”.
“Aplicaremos vigorosamente la CSA contra los individuos y organizaciones que posean, manufacturen o distribuyan marihuana para uso recreativo, incluso si esas actividades se permiten en las leyes estatales”, sentenció Holder.
La nueva ley, que se votará en el marco de las elecciones a gobernador de California, levantaría las restricciones sobre el uso y disfrute personal de marihuana a los mayores de 21 años en el estado, donde su uso con fines médicos es legal desde 1996.
Según el titular del Departamento de Justicia, la medida supondría un “obstáculo significativo” a la colaboración de las autoridades federales y estatales contra el narcotráfico, puesto que prohíbe a los agentes estatales y locales la incautación de marihuana.
Esa prohibición interferirá con la persecución a los traficantes que a menudo distribuyen marihuana junto con cocaína y otras sustancias, indicó.
“Debemos asegurar que nuestras comunidades sean seguras para todos nuestros ciudadanos y, de salir adelante, la Propuesta 19 socavará profundamente ese objetivo crítico”, subrayó.
La aprobación de la medida convertiría a California en el primer estado que permite el uso personal del cannabis, con un límite legal de posesión de 30 gramos por persona, y la posibilidad de cultivo privado de estas plantas, siempre que la parcela no supere los 2,3 metros cuadrados.
Se estima que las arcas públicas obtendrían más de 1.300 millones de dólares al año en impuestos comerciales y productivos derivados de la sustancia.
El director de relaciones gubernamentales del Proyecto de Política para la Marihuana, Steve Fox, apuntó hoy en un comunicado que la carta de Holder demuestra que “las autoridades de justicia han perdido toda credibilidad” en el asunto.
“Si al fiscal general y a la DEA les preocupara verdadera y sinceramente la seguridad de nuestra sociedad, romperían el vínculo entre la marihuana y las drogas duras”, dijo Fox, para quien el consumo de cannabis está tan extendido en el país que lo que hay que plantearse es “cómo estructurar el mercado” de esta sustancia.
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