En la última década se ha hecho cada vez más popular en el ámbito empresarial, político e incluso en campañas y actos sociales el término ‘crowdfunding’, un sistema de financiación colectiva creado para reunir capital a través de aportaciones de particulares. La plataforma Juicy Fields acogió esta idea y la adaptó a sus objetivos dando vida al denominado ‘crowdgrowing’ para recabar fondos destinados a la plantación legal de cannabis medicinal, que ahora se ha puesto en manos de la Justicia por una posible macroestafa a miles de personas. Es por ello que la Audiencia Nacional estudia su competencia para poder indagar en estos hechos y ver si tiene la capacidad de aplicar medidas cautelares solicitada por los afectados como la búsqueda y captura de los responsables.

Fuentes jurídicas han confirmado a La Información que el Juzgado Central de Instrucción número 6, dirigido por el magistrado Manuel García Castellón y reforzado por Joaquín Gadea -que suele encargarse de los procedimientos nuevos que entran- estudia los hechos antes de decidir si admite a trámite o no las distintas acciones judiciales presentadas por particulares y plataformas de perjudicados. Así, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia de este órgano judicial -especializada en terrorismo, corrupción, delitos económicos y narcotráfico- para conocer estos hechos y, en caso afirmativo, si cree que hay indicios para investigar y qué diligencias se deben practicar para iniciar la causa.

En los últimos años, la Audiencia Nacional ha abierto distintos procedimientos para investigar estafas piramidales, sobre todo por la inversión en criptomonedas, si bien la perpetrada presuntamente por Juicy Fields tiene la especialidad o novedad de que la financiación era para la plantación de marihuana con fines terapéuticos a través de medios digitales, como las transferencias bancarias, las monedas digitales o el pago a través de ‘neo’ bancos como Revolut.

Promesa de alta rentabilidad

La empresa en cuestión tenía sedes en Suiza, Alemania y Holanda y dio sus primeros pasos en marzo de 2017, según indica su página web, como una plataforma que permitía a sus usuarios participar de cultivos cannabis legal. Dos años después se transformó en una fintech, que ofrecía una rentabilidad de entre el 33% y el 66% de la inversión -que podía alcanzar hasta los 180.000 euros- en tan solo 108 días. Esta forma de plantar “sin necesidad de tocar una planta”, como dicen más de 200 afectados en su querella, representados por la Asociación de Afectados por Inversiones en Cultivos CBD, dirigida por la abogada Emilia Zaballos, se expandió con proyectos en Portugal, Colombia, Sudáfrica, Dinamarca, República Checa y Alemania, y con Países Bajos, España, Suiza, Macedonia del Norte, Costa Rica y Lesotho.

Aunque todo se realizaba de manera digital, la empresa ofrecía la posibilidad de visitar las plantaciones, lo que se denominó como “green tour” (visita verde), para ganar credibilidad y confianza en los inversores, tal y como advierte otro de los abogados de perjudicados, Carlos Aránguez. No obstante, la página web de Juicy Fields informaba de que era “imposible organizar visitas con la frecuencia que desea nuestra comunidad”, por lo que compartía contenido multimedia sobre las plantas en redes sociales aplicaciones de mensajería instantánea.

Todo esta manera de funcionar y las altas rentabilidades prometidas hizo que varios organismos reguladores europeos pusieran bajo sospecha a Juicy Fields: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le incluyó en su lista de “advertencias” de determinadas empresas, o la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania la incluyó en la de posibles organizaciones fraudulentas. Sin embargo, las inversiones ‘funcionaron’ durante varios años y hasta mediados del pasado mes de julio, cuando los usuarios recibieron un correo electrónico en el que alertaron de que los trabajadores se declaraban en huelga por discrepancias con la directiva.

Ello provocó el bloqueo de las cuentas de los inversores que, en principio, sólo iba a durar 48 horas. Pero todo se agravó al constatarse que las redes sociales de la plataforma habían desaparecido, así como los grupos de mensajería, a través de los cuales se facilitaba información. La cara visible de la compañía, la periodista Zvezda Lauric, afirmó en su cuenta de Instagram que les habían ‘quitado’ a ella y a sus compañeros de ser administradores de los canales de Telegram. Tras todo ello, los inversores tampoco podían acceder a su cuenta personal en la web. Y, por último, el CEO de la empresa, Willem van der Merwe, anunciaba su renuncia tras llevar menos de dos meses en el cargo.

En paradero desconocido

La debacle tuvo lugar después de que se diera a conocer que muchos de los acuerdos comerciales que había anunciado Juicy Fields con grandes empresas del sector eran realmente falsos. Asimismo, algunas de las multinacionales que fueron vinculadas con la plataforma, como Canopy Gwoth y Aurora Cannabis, negaron tener algún trato con la compañía ahora en cuestión. “Saltaba la alarma y posteriormente se producía la huida de los responsables de la misma con los fondos de los inversores, que han visto cómo no podían acceder a sus cuentas”, concluye la asociación de afectados representados por el despacho de Carlos Aránguez.

Según un comunicado emitido por los Afectados por Inversiones en Cultivos CBD, que representa Emilia Zaballos, la presunta estafa piramidal (o de tipo ponzi) llevada a cabo por la plataforma Juicy Fields “ha supuesto que más de 120.000 afectados en todo el mundo y, de ellos, más de 40.000 en España, hayan visto cómo sus inversiones se vieron bloqueadas el pasado miércoles día 13 de julio, después de que la compañía haya dejado de operar y haya bloqueado las plataformas de acceso”. Asimismo, advierte de la posibilidad de que exista “serias divisiones” entre los propietarios de la plataforma de inversión y se esté intentando trasladar a la opinión pública de que los directivos se encuentran “desiertos”.

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