El consumo de cannabis no es anecdótico en España, y se dispara entre los jóvenes: según el Plan Nacional sobre Drogas, en 2008 el 10’1% de los encuestados había consumido cannabis alguna vez en su vida, y el porcentaje ascendía al 32% entre los adolescentes.
Es la sustancia más habitual por detrás del tabaco y el alcohol, la primera entre las drogas ilegales.
Estos datos indican que el acceso al cannabis, a pesar de que su venta está penada por ley (no así su consumo, que solo es ilegal; esto es, que puede acarrear una sanción administrativa, pero no penal), es fácil, habitual y relativamente barato. Resumiendo: el que quiere fumarse un porro, lo hace, esté prohibido o no.
Ése es uno de los argumentos de los partidarios de la legalización, unido a otro de carácter menos pragmático y más psicológico. Y es que muchos piensan que una vez que sea legal, fumar cannabis perderá gran parte de su atractivo para todos aquellos que solo lo hacen por rebeldía.
El ejemplo siempre es Holanda, país que raramente no sale a relucir cuando se habla de legalización. En Holanda, el consumo de cannabis es legal, pero solo en determinados locales con licencia, que pagan un impuesto especial. La ventaja es triple: desaparecen las mafias criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal, la calidad queda garantizada por la ley de la oferta y la demanda (si el producto es malo, no volverás, como ocurriría con cualquier otro) y las autoridades encuentran una nueva forma de ingresos en los impuestos. Todos ganan.
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