La industria del cannabis se abre paso en la Argentina

En el plan de recuperar la iniciativa política desde el Congreso de la Nación, el oficialismo desarticuló esta semana la estrategia con la que la oposición intentó forzar sesiones extraordinarias y llevó al recinto una agenda de temas productivos que finalmente se aprobaron en la tarde del jueves.

Entre los temas que finalmente avanzaron desde la Cámara Baja se destacan la nueva ley de VIH, y una serie de iniciativas para impulsar la producción y el trabajo una ley con beneficios para el sector de la construcción, la norma que prorroga la asignación de fondos para la cultura y la comunicación, y la ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.

Una industria incipiente

La producción derivada del cultivo del cannabis es una industria naciente en la Argentina y en todo el mundo, por lo que las expectativas de sus impulsores, si bien son positivas, no se atreven a arriesgar números. Más allá de eso, el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había advertido tiempo atrás que se podía proyectar un impacto directo de 10.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país. Durante el plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda también se habló de una proyección de 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportación anuales, hacia el año 2025.

“Es imposible tener una proyección clara sobre una industria naciente, tenemos que pensar en la seriedad de los proyectos y que a partir de allí se pueda ir generando un crecimiento gradual del sector”, apunta, más cauto, el economista Germán Herrera, uno de los expertos que participó en el equipo que elaboró la ley, consultado por La Nueva Mañana.

“La expectativa es que a partir de la aprobación de la norma se abra el juego a una serie de iniciativas, inversiones y desarrollos relacionadas con el uso del cannabis medicinal que hoy, o bien no existen porque hay una serie de potenciales inversores que están esperando la novedad en materia regulatoria, o bien existen de forma embrionaria”, señala Herrera.

En nuestro país hay una legislación vigente, la Ley 27.350, que habilita el desarrollo científico tecnológico con cannabis medicinal y permite iniciativa que están exclusivamente dirigidas a hacer investigación científica sobre el cannabis para proveer a un programa nacional de derivados del cannabis medicinal para los pacientes inscriptos allí. Esa norma se aprobó en el 2017 y es la base sobre la cual se asienta buena parte de las necesidades que el proyecto actual busca resolver.

“La ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se puedan producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo durante la discusión del martes la entrerriana Carolina Gaillard. “ Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se pueden producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, dijo la representante del Frente de Todos.

Las experiencias locales

Si bien en las discusiones parlamentarias se analizaron algunas experiencias de otros países del mundo, a partir de la norma sancionada en 2017, en el país fueron naciendo algunas iniciativas que crecieron a una escala significativa a la espera un marco regulatorio más general. Hay algunos emprendimientos provinciales en La Rioja, San Juan, o Jujuy; e incluso se enumeran algunas iniciativas municipales, como lo que sucede en Córdoba, desde Villa Ciudad Parque.

La de la provincia gobernada por Gerardo Morales quizás sea la de mayor trascendencia a nivel nacional. Allí, señalan los expertos, se observa un compromiso por parte del Gobierno que se expresa a través de Cannava S.E., que se erige como “la primera empresa estatal dedicada a la producción de derivados medicinales de cannabis de Argentina”.

“En Jujuy hay trabajo acumulado en todo lo que significa el desarrollo en clave de cadena productiva –explica Herrera– porque se apostó por una suerte de integración vertical, generando desarrollos y saberes propios a lo largo de toda la cadena.

La experiencia cordobesa de Villa Ciudad Parque es única en el país. “Nosotros estamos avanzando por dos caminos: uno está relacionado con el tratamiento de pacientes con terapias cannábicas en el sistema de salud público, que funciona hace un año y tres meses.  El otro tiene que ver con la producción y la elaboración del aceite que es un proceso muy incipiente porque recibimos la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación hace apenas un mes y medio”, detalla a LNM Pablo Riveros, el intendente de la comuna situada en el departamento Calamuchita.

“La iniciativa surge a partir de una mirada de la gestión que dio cuenta de la existencia de vecinos que utilizaban el cannabis con fines médicos. Hubo un avance con la Ley 27.350, a partir de la cual nosotros discutimos una normativa local. Notamos que la gente que necesitaba el aceite no lo conseguía y, quienes lo hacían, pagaban un costo muy alto, razón por la cual se terminaba volviendo algo muy exclusivo”, cuenta Riveros que advierte que la experiencia del dispensario de Villa Ciudad Parque solo tiene un espejo en todo el país: el Programa de Abordaje Integral de Cannabis para Uso Medicinal del Hospital Rural Municipal Dr. Ramón Carrillo de San Vicente, en provincia de Buenos Aires.

Hoy, el dispensario de Villa Ciudad Parque atiende a unos 90 pacientes, el 80% de los cuales son de la localidad. “Tenemos un problema con la atención y por eso es necesario que el Ministerio de Salud de la Provincia se involucre. El dispensario, sin contar los tratamientos con cannabis, ya queda chico para Villa Ciudad Parque. A partir de nuestra iniciativa, viene gente de toda la provincia y la región porque necesita de los tratamientos cannábicos y nosotros, lamentablemente, no damos abasto”, advierte Riveros al respecto.

Los beneficios

Según los autores del proyecto, el principal beneficio será para aquellos ciudadanos o ciudadanas que, por prescripción médica o porque así lo desean, puedan hacer uso terapéutico de productos que sean “absolutamente fiables”, estandarizados, regulados y controlados por el Estado y por el desarrollo de una cadena apoyada en lógicas de trazabilidad de procesos.

Más allá de lo estrictamente médico, el progreso de la industria genera una serie de alternativas productivas que se relacionan con la promoción del uso de “cadenas verdes”, en desmedro de las tradicionales y sus consecuencias contaminantes ya conocidas. Allí aparece el uso del cáñamo para sustituir plásticos tradicionales, producir nuevos materiales textiles,  insumos para la producción, u originar nuevos alimentos y bebidas.

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