Los consumidores de cannabis tienen menos problemas de colesterol, presión arterial y depresión que la población general, y han reducido más de un 30% el uso de medicamentos, aunque, por el contrario, tienen más trastornos con el sueño. Así lo refleja el primer estudio que se ha hecho en España sobre indicadores de salud pública con usuarios de la marihuana, que sus autores consideran que debería ser tenido en cuenta como otra evidencia a la hora de evaluar una posible legalización. 

El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en España, según la última Encuesta Alcohol y Drogas, EDADES 2022: el 40,9% de la población de 15 a 64 años dice haberla consumido alguna vez en la vida, un porcentaje que alcanza el máximo en la serie histórica de estos sondeos que el Plan Nacional sobre Drogas realiza cada dos años desde 1995. El porcentaje de usuarios del cannabis se reduce, sin embargo, al 10,6% en el caso de los que lo han consumido en el último año y al 8,6% en el último mes –un uso más frecuente-. La edad media de inicio en este consumo se sitúa en los 18 años.

El estudio sobre indicadores de salud pública ha sido realizado por investigadores del departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid y de la organización Iceers, cuyo director científico, José Carlos Bouso, fue uno de los expertos que compareció en la Subcomisión del Congreso de los Diputados que el año pasado analizó la regulación del uso medicinal del cannabis en España, tema aún pendiente de resolución por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) casi un mes después de que haya acabado el plazo que le dio la Cámara en su dictamen. El objetivo fundamental del estudio era determinar si el consumo de cannabis constituye un problema de salud pública -motivo principal por el que la utilización de esta planta está prohibida-, utilizando un sistema similar al de la Encuesta Nacional de Salud que se elabora cada cinco años y que incluye los efectos de tabaco y alcohol en la población.

El trabajo, publicado en la revista académica Cannabis and Cannabinoid Research, se llevó a cabo con una encuesta a 419 consumidores habituales en la comunidad autónoma de Catalunya, de entre 15 y 64 años, hombres y mujeres. La edad media de los participantes era de 33 años, la mayoría usuarios de clubes sociales de cannabis y trabajadores en el sector de los servicios, comercio y administrativo. El cuestionario se basó en la serie de ítem que contiene una encuesta nacional de salud, en este caso la ESCA de Catalunya, con cuyos indicadores se cotejaron los resultados del sondeo en diferentes parámetros: estilos de vida, percepción de la salud personal, bienestar psicológico y uso de medicamentos, entre otros.

La comparación de los resultados de una encuesta y otra revela, según los autores de este estudio, que los consumidores de cannabis registran mejores indicadores en cuanto a la percepción positiva de su salud (88,2% frente a un 81,5% en la población general), índice de masa corporal (67% frente a un 42%), problemas de colesterol/presión arterial (7,4 frente a 18,3), presencia de enfermedades crónicas (21,2 frente a 55,1) y limitaciones físicas en su actividad diaria (14,4 frente a un 21,3).

«Si bien estas diferencias no pueden atribuirse únicamente al consumo de cannabis, sugiere que los usuarios habituales de esta droga no experimentan efectos nocivos relevantes en términos de indicadores fundamentales de la salud en general», precisan los investigadores de este novedoso estudio en España.

Menos episodios de depresión

En lo que respecta a la salud mental, la comparación de ambas encuestas arroja también un resultado más positivo para las personas que consumen cannabis en el caso de quienes declaran no sufrir episodios de depresión –un 92,9% frente a un 79,5 en la población general catalana-, aunque reconocen un bienestar psicológico menor -25,8 frente a 29,7- y también menos apoyo social y mayores problemas de sueño -37% frente al 18,9 que declara la población general-.

Otro resultado relevante de este estudio es el que hace referencia al consumo de fármacos. El 28,1% de los usuarios de cannabis encuestados tenía prescrito uno o más medicamentos, los más frecuentes antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, benzodiacepinas (ansiolíticos y somníferos), omeprazol y antidepresivos. Y el 31,7% asegura que redujo el uso de esos medicamentos a causa del consumo de cannabis. Además, la cuarta parte dice que, por la misma razón, limitó su número de visitas a los servicios de salud.

Asociaciones de pacientes usuarios de cannabis medicinal, como Dosemociones, aseguran que el uso de esta planta les ha permitido reducir hasta el 70% de la medicación que antes tomaban, entre ellas potentes analgésicos opioides como el fentanilo, para hacer frente a dolores crónicos de alta intensidad.

“El cannabis no supone un problema de salud pública”

José Carlos Bouso, psicólogo clínico y doctor en farmacología, sostiene que los resultados de este estudio son perfectamente extrapolables al resto de España y demuestran que el «el cannabis no supone un problema de salud pública», ya que la mayoría de los indicadores de su muestra son similares a los de la población en general, con leves oscilaciones, algo mejores en unos parámetros y algo peores en otros. A su entender, esto refleja que puede haber riesgos con consumos determinados y en determinados colectivos, más vulnerables, pero no problemas aplicables de forma generalizada a todas las personas usuarias de esta planta.

«Si el debate se centra en si el cannabis es un problema de salud pública, aquí estamos aportando evidencia para demostrar que no lo es. Cuando se evalúan las políticas públicas, hay que basarse en evidencias, con sus matices, sus espectros. Y este estudio permite que haya un debate más profundo y serio sobre este tema», explica Bouso a Público.

El director científico de Iceers, organización que tiene un estatus consultivo de ONG para la ONU, considera que este tipo de trabajos demuestran la necesidad de llevar a cabo estudios sobre indicadores de salud pública con el uso del cannabis, igual que lo que se hace en la Encuesta Nacional de Salud con el tabaco y el alcohol.

El estudio de los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y de Iceers pretende también contrarrestar los mensajes que se difunden desde determinadas instituciones públicas y organizaciones políticas y sociales acerca de los graves perjuicios que causa el consumo de cannabis y que agravaría, por tanto, su legalización. En su web, el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad advierte, por ejemplo, de que «existen datos que indican que podría haber un aumento de la incidencia de depresiones y psicosis por el consumo crónico de esta sustancia» y que su uso «altera el sistema cardiocirculatorio, provocando taquicardia, por lo que las personas con hipertensión o insuficiencia cardiaca pueden sufrir un empeoramiento de su sintomatología».

Según el informe Cannabis, Consumo y Consecuencias 2022, publicado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, de las 50.035 admisiones a tratamiento registradas en 2019 por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas –sin incluir alcohol y tabaco-, 14.202 fueron motivadas por el abuso o dependencia del cannabis. Fue la segunda, por detrás de la cocaína -droga que origina casi el doble de ingresos- y con casi los mismos casos que los opioides. Y en urgencias hospitalarias, cocaína y cannabis fueron la causa de la mayoría de las entradas ese año.

El estudio sobre indicadores de salud pública realizado por Iceers y Universidad Autónoma refleja que el 37,3% de los encuestados mostró un deseo de interrumpir el consumo de cannabis, «por lo que es plausible –señalan los investigadores- que esas personas sintieran que no pueden dejarlo aunque lo deseen». No obstante, precisan que entre los consumidores recreativos de marihuana la probabilidad de volverse dependiente tras su uso a lo largo de la vida es del 8,9%, frente al 20,9% en el caso de la cocaína y del 67,5 en el del tabaco.

Bouso apunta al respecto que las políticas prohibicionistas y punitivas imperantes en países como España son las que, precisamente, dificultan el acceso a la información acerca de los riesgos del consumo y la que puede propiciar un uso más responsable del cannabis.

Decepción y frustración por la falta de regulación

La regulación del uso medicinal del cannabis en España sigue todavía pendiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A ese órgano del Gobierno le dio la Comisión de Sanidad del Congreso un plazo de seis meses para articular una normativa que permita que el cannabis lo puedan prescribir médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para este uso y ser dispensado en farmacias hospitalarias, con la posibilidad de que lo hagan también otros profesionales sanitarios y oficinas de farmacia comunitarias.

El plazo se cumplió el 27 de diciembre pasado, hace casi ya un mes, y aún no se ha aprobado nada al respecto, aunque la AEMPS ha asegurado que está trabajando en la «hoja de ruta» de la regulación demandada por el Congreso y en determinar las necesidades del proceso, pero sin aclarar cuándo va a aprobarlo ni con qué contenido.

José Carlos Bouso, uno de los expertos que compareció en la subcomisión que dio pie al dictamen del Congreso para exigir al Gobierno una regulación, siente ahora «decepción y frustración» por la falta de avances y el incumplimiento del plazo acordado por la Cámara. «Generó mucha esperanza en colectivos de pacientes que ahora se está desinflando», se lamenta este investigador.

El Congreso instó a la AEMPS a llevar a cabo «los trabajos necesarios» para que sus recomendaciones «tengan encaje en la normativa y sean viables» con el fin de que haya disponibilidad de extractos o preparados estandarizados de cannabis en el mercado farmacéutico español. En su dictamen, no se especificó, sin embargo, qué tipo de normativa debía aprobar el Gobierno: si ha de ser una ley, un decreto u otro tipo de disposición legal; únicamente se le instó a que haga posible el cumplimiento de sus conclusiones y recomendaciones de la manera que encuentre más factible. Y la Agencia de Medicamentos, siete meses después, no ha desvelado todavía qué «encaje normativo» le va a dar el uso medicinal del cannabis en España.