El nuevo año será también determinante para reformar la ley Mordaza y reducir o suprimir las sanciones que se imponen a consumidores de marihuana.
Todo apunta a que 2022 va a ser el año del cannabis medicinal, de su regulación o, al menos, de la decisión de hacerla. Según ha informado a Público el grupo socialista, mayoritario en el Congreso y sostén principal del Gobierno, la subcomisión que se ha creado para analizar la legalización del uso terapéutico de la marihuana en España tendrá listas sus conclusiones en el siguiente periodo de sesiones que termina en el mes de junio, un plazo que también maneja el otro grupo de la coalición progresista, Unidas Podemos.
La subcomisión, constituida el pasado 14 de octubre en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo tras una propuesta del Grupo Vasco, empezará a trabajar en febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria en el Congreso con el nuevo periodo de sesiones.
“Nuestra intención es que las comparecencias no se demoren”, ha dicho a este periódico Daniel Viondi, portavoz socialista para este tema y uno de los 15 vocales que componen la subcomisión, de los que tres son del PSOE, dos de Unidas Podemos, dos del PP y dos de Vox, mientras que PNV, Grupo Plural, Ciudadanos, ERC y Bildu tienen uno cada uno.
El socialista, como grupo mayoritario, es el que ha hecho al resto de formaciones parlamentarias la primera propuesta de organización del trabajo y funcionamiento de la subcomisión, una propuesta para la que esperan aún una respuesta, según Viondi. “Nuestra voluntad es tener los trabajos terminados durante el siguiente periodo de sesiones. Desde el grupo socialista deseamos que los trabajos permitan dar una respuesta consensuada con el máximo número de grupos parlamentarios”, ha añadido su portavoz.
El PSOE no revela cuál será el resultado final de esos trabajos, pero sus intenciones han quedado muy claras en la Ponencia Marco de su 40 Congreso Federal, celebrado el pasado mes de octubre. En ella, los socialistas afirman: “promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS (Servicio Nacional de Salud) y con prescripción médica”.
Para defender esa propuesta, argumentan que los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al suavizar su catalogación en las listas de fiscalización de los estupefacientes, que la evidencia científica ha dado pasos adelante con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas y que, además, diversos países de la UE, como Portugal, Francia o Alemania, ya han aprobado su regulación.
El acuerdo de la Cámara para la constitución de la subcomisión dispone que deberá escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, para, en el plazo máximo de seis meses, emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre “la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas”. Ese informe tendrá que ser luego remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.
Lucía Muñoz, vocal de Unidas Podemos en la subcomisión, también estima que ésta podrá tener un informe de conclusiones al final del próximo periodo de sesiones, entre mayo y junio. “Espero que con el informe de conclusiones de la subcomisión el Gobierno avance luego rápido”, ha señalado la diputada.
En cambio, lo que tendrá que esperar más tiempo es el proyecto de ley de regulación del cannabis para uso adulto que registró el grupo de UP el pasado mes de octubre, la tercera propuesta regulatoria presentada en esta legislatura en el Congreso tras las que habían registrado previamente Más País y ERC.
Según Lucía Muñoz, no se va a poder debatir en el primer semestre de este año, porque su grupo agotará el cupo con la propuesta de ley para la creación de la empresa pública de la energía, de modo que, como mínimo, tendría que esperar al siguiente periodo de sesiones, en la segunda mitad de 2022, aunque eso aún no está decidido.
Pese a todo, la formación morada confía en que durante el próximo año se avanzará en la conformación de la mayoría social y parlamentaria necesaria para aprobar una norma regulatoria del cannabis, porque considera que hay “un clima favorable”, teniendo también la vista puesta en Alemania, el país más rico de la UE, cuyo nuevo gobierno de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales ha anunciado que regulará el uso integral de la marihuana.
¿Quiénes comparecerán en la subcomisión?
Todavía no se ha acordado quiénes comparecerán en la comisión, sobre qué aspectos hablarán o su procedencia, una decisión que será fundamental para el resultado final de los trabajos y las conclusiones que se elevarán al Gobierno para abordar una posible regulación del uso medicinal del cannabis.
Según Ana Afuera, portavoz de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), se habla de que podrían ser una quincena de expertos procedentes de otros tantos países donde ya hay en marcha proyectos legalizados de utilización terapéutica de la marihuana quienes compareciesen en el Congreso para explicar sus experiencias, aunque aún no hay nada decidido.
Esta organización teme, sin embargo, que los resultados de la subcomisión van a estar más enfocados hacia la vertiente de la industria farmacéutica que a la del autocultivo de los usuarios. “Y nosotros creemos que una regulación así no va a solventar los problemas de todas las personas que usan el cannabis terapéutico y que va a haber injerencias por parte de otro tipo de mercados. No será suficiente que se haga sólo una regulación medicinal”, advierte Ana Afuera.
El Observatorio Español del Cannabis Medicinal espera, pese a todo, que la subcomisión del Congreso pueda arrancar el próximo febrero, estableciendo el número de ponentes y el método que se va a seguir con sus comparecencias. “Nos encantaría –dice su presidenta, Carola Pérez– que el periodo de seis meses pactado para la duración de la subcomisión se cumpla y que el informe de la Cámara sea positivo para poder avanzar al menos en la regulación del uso medicinal y terapéutico del cannabis”.
Pero en la principal entidad estatal de investigadores y pacientes de cannabis medicinal no tienen más información sobre lo que podrá suceder. Su presidenta tan sólo desea que los trabajos comiencen, que los grupos del Congreso puedan escuchar a los expertos y se avance para que no se pase el tiempo de una legislatura que ya ha alcanzado su ecuador.
“Nos hubiera encantado que hubiese empezado en diciembre, pero no ha podido ser y en enero no hay actividad en el Congreso, con lo cual ya tenemos que esperar a febrero. A ver si entonces la cosa va rápida y podemos llegar a la
ansiada regulación terapéutica, por lo menos”, señala Carola Pérez.
Temor a que se apruebe sólo un reglamento
En el otro Observatorio, el Europeo para el Cultivo y Consumo de Cannabis, entienden que la subcomisión es un mal menor después de que el PSOE se haya mostrado totalmente en contra de cualquier propuesta de regulación integral, tal como demostró primero en el Senado y luego en el Congreso votando en contra de los proyectos presentados por Izquierda Confederal y Más País, igual que lo hacían PP y Vox. Pero su temor es que el resultado de esa subcomisión no sea una nueva ley, sino un reglamento que desarrolle la ley de 1967 que aprobó Francisco Franco y que es por la que se sigue rigiendo la concesión de licencias para cultivar cannabis en España con fines de investigación y medicinales.
“Eso es algo que ya propuso Ciudadanos en la legislatura pasada y nos ha llegado que podrían estar planteándose hacer ahora. Y eso no es ningún avance. De una ley reaccionaria y franquista sólo puede salir un reglamento reaccionario. Es así de claro. De esa manera sería muy difícil además incluir el autocultivo medicinal individual y colectivo, que es la punta de lanza de la sociedad civil para esa subcomisión del Congreso”, advierte Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo, formado por un grupo de expertos en diversos ámbitos del cannabis.
A juicio de Madera, la idea de hacer un reglamento en vez de una ley sólo beneficiaría a las grandes empresas de la industria farmacéutica para ofrecer un cannabis medicinal con una bajísima accesibilidad y un alto precio. “Sería un tremendo error –añade- y para eso no necesitaríamos un gobierno de izquierdas, porque ya lo propuso Ciudadanos. Lo que hay que hacer es una nueva ley y luego aprobar un reglamento que la desarrolle. Si sólo sacan un reglamento, habrá jaleo, eso lo aseguramos. Habrá mucha contestación social”.
Tanto esta organización como Confac no confían mucho en que pueda salir adelante, de momento, una regulación integral de la marihuana en España, debido, fundamentalmente, al rechazo frontal del grupo socialista y a la falta de tiempo en una legislatura que ha cumplido ya su segundo año sin ningún avance todavía.
“Ya hemos perdido la esperanza de que se vaya a regular el cannabis en esta legislatura, pero todo lo que hagamos ahora servirá para la siguiente, para que en cuanto empiece dispongan de toda la información y del trabajo previo hecho. El cambio está cerca, pero no será en esta legislatura”, pronostica Ana Afuera.
Hugo Madera recuerda que aún quedan por abordar en el Congreso las propuestas de ley regulatorias de Unidas Podemos y Esquerra, pero visto lo que ha ocurrido con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada ‘Ley Mordaza’, que aún no ha sido aprobada, su pronóstico tampoco es muy optimista. “Los tiempos, desde luego, no juegan a favor de que algo de esto salga adelante”, señala.
La Ley Mordaza y los usuarios de cannabis
La ‘Ley Mordaza’ es otro asunto que afecta de lleno a los consumidores de cannabis y que en 2022 debería ser objeto de una profunda reforma tras las enmiendas que presentaron el último trimestre del año pasado PSOE y Unidas Podemos. Concretamente, la enmienda del grupo socialista rebaja de infracción grave a leve la tenencia de drogas en lugares públicos, lo que supone reducir considerablemente las multas, de una cuantía de entre 600 a 10.000 euros a una de 100 a 600.
Por su parte, el grupo de UP ha propuesto que esa infracción se aplique solamente a las drogas que causen un grave daño a la salud, con lo que quedarían fuera sustancias como el cannabis, que se supriman también las sanciones por tener plantas en un domicilio que sean visibles desde el exterior, ya que resulta difícil determinar con su simple observación que poseen una propiedad psicoactiva y no son de uso industrial o medicinal, y que se suspendan las multas a quienes acrediten un tratamiento de rehabilitación, especialmente a menores de edad.
El consumo o tenencia de drogas en la vía pública, considerado una infracción grave en el artículo 36.16 de esta ley, motivó un total de 704.604 sanciones en sus cinco primeros años de vigencia, el 70% de todas las que se impusieron con esta norma desde su implantación en 2015, según los anuarios estadísticos del Ministerio de Interior.
La Comisión de Interior del Congreso que iba a empezar a debatir las enmiendas de los grupos para la reforma de la ley se iba a reunir el pasado 14 de diciembre, pero tuvo que suspenderse la sesión, de modo que será en el nuevo periodo de sesiones que comenzará en febrero cuando se acometa la prometida derogación de la ‘Ley Mordaza’ aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hugo Madera considera que esta reforma es “urgente”, aunque su organización, que apoya la campaña del colectivo No Somos Delito, vea aún insuficiente las propuestas de modificación de la norma que afectan al colectivo de usuarios de cannabis. “Animamos al PSOE a que sea valiente y asuma los puntos de vista que ha propuesto Unidas Podemos, porque son más acordes a la realidad social”, dice el portavoz del Observatorio Europeo.
Por su parte, Ana Afuera muestra su satisfacción por la propuesta de reducir las multas por tenencia, pero sostiene que los cambios deberían ir más allá. “Estamos buscando nuevos cambios a través de las enmiendas transaccionales, para que, por ejemplo, todas las personas que estén en tratamiento les puedan sustituir la multa por ese tratamiento o a través de una actividad de prevención. Creemos que sería un gran avance. También estamos intentando quitar otras sanciones, pero en el Gobierno no lo acaban de ver“, añade la portavoz de Confac, que también participa en la campaña del colectivo No Somos Delito.
Estas organizaciones rechazan, igualmente, el uso de los cacheos que hacen las Fuerzas de Seguridad, ya que, a su juicio, se llevan a cabo de forma tendenciosa, criminalizando a determinados grupos sociales por el aspecto, y como excusa para intervenir a las asociaciones cannábicas.
Miles de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, convocados por el sindicato Jusapol, se manifestaron en el mes de noviembre contra la derogación de la ‘Ley Mordaza’, al considerar que eso reduciría su seguridad. Las protestas fueron apoyadas por PP, Vox y Ciudadanos con la presencia de sus líderes en las manifestaciones.
Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.
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