La Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, fue elaborada por el Gobierno del Partido Popular durante la presidencia de Mariano Rajoy y supuso todo un retroceso en materia de derechos de ciudadanía. Esto ha sido así hasta el punto de que la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, ha pedido a las autoridades españolas su modificación, incidiendo especialmente en el “potencial represivo de la norma”. Por suerte, esta situación anómala está a punto de ser reparada, con varios puntos que llegarán en forma de enmiendas pactadas por el Ejecutivo de coalición. Para ello, el PSOE y Unidas Podemos han ultimado una serie de cambios que tienen como objetivo ahondar en la protección de los manifestantes, negociando en la modificación con el PNV, partido que ha venido reclamando el fin de esta polémica ley, y otras fuerzas políticas. Solo se han manifestado expresamente en contra de las citadas modificaciones los partidos conservadores y de extrema derecha, a saber, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, llegando a unirse a las manifestaciones convocadas por los sindicatos policiales bajo el engañoso lema de “No a la España insegura”. Teniendo en cuenta que los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior destacan que nuestro país se encuentra entre los Estados con menor tasa de criminalidad de todo el planeta, resulta difícil de justificar dicha postura. El futuro texto estaría encaminado a suavizar la actual ley, armonizándola con las de países de nuestro entorno. Se incluyen medidas de calado como la reducción de seis horas a dos horas como plazo máximo de detención para ser identificado, obligando también a que estos detenidos sean devueltos al lugar del arresto tras su puesta en libertad, en lugar de ser liberados directamente a puertas de la comisaría. Otro de los puntos importantes a modificar es el de la presunción de veracidad total del atestado policial, lo que en la práctica suponía la total indefensión de los ciudadanos sancionados por la norma, requiriéndose a partir de ahora una mínima actividad probatoria por parte de la fuerza pública actuante. Por otro lado, en relación a los cacheos, este cambio normativo pretende, en el caso que sea necesario los ssuaphoto (depositphotos) “ “ FUE ELABORADA POR EL GOBIERNO DEL PARTIDOPOPULAR DURANTE LA PRESIDENCIA DE MARIANORAJOY Y SUPUSO TODO UN RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA 75
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