la Constitución, incluso en ausencia de una sentencia judicial. Además, recomendó que las distinciones entre sustancias lícitas e ilícitas se redujeran, por considerar que "el uso de sustancias por placer u otros fines no médicos no es inherentemente irresponsable; el alcohol se utiliza ampliamente como una parte aceptable de las actividades sociales" (National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972). La comisión estimaba que veinticuatro millones de estadounidenses habían probado el cannabis, ocho millones lo consumían habitualmente y un millón lo consumía a diario. La Administración del presidente Nixon no aplicó las recomendaciones del estudio. De hecho, las rechazó todas. Su visión general era: “Ninguna acción es lo demasiado fantástica u horrible al consumidor de cannabis” (Williams, 1970:141). La pelea entre Nixon y Shafer La Comisión Shafer (1970) hacía una distinción en el consumo puntual del cannabis y en su uso crónico: "No existen evidencias de que el uso experimental u ocasional del cannabis provoque daños físicos o psíquicos. El riesgo reside en el uso prolongado de grandes cantidades de cannabis. El cannabis no conduce a una dependencia física, aunque existe alguna evidencia de que los consumidores crónicos pueden desarrollar una dependencia psicológica". Recomendaba que la tenencia para consumo propio o la distribución de pequeñas cantidades de cannabis para uso personal no fuese considerado como un acto delictivo y que la tenencia en lugares públicos de una onza (28 gramos) de cannabis se sancionaría con una multa de 100 dólares. El informe indicaba que el cannabis no era la puerta de entrada hacia otras sustancias y dejaba claro que, en ciertos aspectos, debía de seguir prohibido. Se tenía que desalentar el cultivo, la venta y el consumo en lugares públicos, aunque recomendaba su despenalización su consumo en ambientes privados. A inicios de la década de los años 70, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. El presidente, al leer el 93 “ “ James Eastland Nixon abandonando la Casa Blanca LA COMISIÓN CONSIDERÓ QUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DEL CANNABIS ERA SOSPECHOSA, Y QUE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO TENÍAN LA RESPONSABILIDAD DE OBEDECER A LA CONSTITUCIÓN, INCLUSO EN AUSENCIA DE UNA SENTENCIA JUDICIAL
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