el consenso político no ha sido posible y, una vez más, la protección de las personas que usan drogas no ha podido materializarse. Entidades como UNAD han señalado que se trata de una oportunidad perdida para poder avanzar en la defensa de los derechos de las personas que usan drogas y para incluir en la ley medidas que reduzcan su carácter punitivo en favor de medidas educativas y preventivas, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de sustituir las sanciones por ellas. Referencias 1. En realidad, en España se imponen muchas más sanciones. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, cada año se imponen más de 350.000 sanciones por drogas. Sin embargo, para el análisis realizado en este artículo solo se han tenido en cuenta las estadísticas ofrecidas en la sección “Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana”, que solo incluyen los expedientes tramitados por la Administración General del Estado, excluyéndose aquellos tramitados por comunidades autónomas con competencias en la materia (Cataluña, Navarra y País Vasco). Bibliografía ● UNAD (2023) “UNAD lamenta que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no salga adelante y se ignore a las personas con adicciones”, disponible en: bit.ly/3obLH0f. ● Ministerio del Interior (2022) Anuario estadístico, disponible en: bit.ly/43BCeiL. ● Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (2021) Estadísticas 2021. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España (Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas). “ “ LA REFORMA PLANTEADA, Y QUE NO SALIÓ ADELANTE, INCLUÍA UN CAMBIO SUSTANCIAL POR EL QUE LAS INFRACCIONES RELACIONADAS CON LAS DROGAS DEJARÍAN DE TENER LA CONSIDERACIÓN DE FALTAS GRAVES Y ENTRARÍAN EN EL CAPÍTULO DE LAS LEVES, LO QUE SUPONDRÍA UNA IMPORTANTE DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA DE LAS SANCIONES. SIN EMBARGO, EL CONSENSO POLÍTICO NO HA SIDO POSIBLE
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