Otra legislatura que nos deja un sabor de boca amargo; amargo porque ha pasado sin pena ni gloria en materia de avances en la regulación del uso del cannabis; amargo porque sosteniendo el poder una confluencia progresista no han mostrado el más mínimo interés en avanzar para lograr una situación más justa en términos de consumo (o, más bien, el PSOE). Lo más llamativo no es que todo siga igual, lo raro es que nada haya cambiado en relación al uso medicinal. En el año 2021, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llevó a cabo una encuesta que arrojaba datos difícilmente cuestionables: el 90 % de personas encuestadas estaba de acuerdo con la legalización del cannabis para uso medicinal; además, casi la mitad de la población estaría dispuesta a legalizar el uso lúdico del cannabis bajo determinadas condiciones. A lo largo de este periodo legislativo se presentaron cuatro proyectos de ley, pero ninguno prosperó. De hecho, la última de las propuestas ni tan siquiera llegó a debatirse. Un año después, la Comisión de Sanidad del Congreso, por medio de una serie de procedimientos, solicitó al Ministerio de Sanidad que tomase medidas para asegurar el derecho al uso terapéutico y medicinal del cannabis, pero esto jamás se llevó a cabo. Entonces, tenemos una situación muy extraña: en el año 2023, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha presentado la estimación de una producción de aproximadamente 23 toneladas de cannabis medicinal en el Estado español. Eso sí, esto sin tener todavía un marco regulador para su uso. Pero ya se sabe que España es diferente, jodidamente mojigata en cuestiones morales. El tema del cannabis tardará mucho tiempo en normalizarse. Tenemos los ejemplos de los dispensarios de CBD: tiendas que cumplen la legalidad (aunque algunas instituciones y cuerpos de seguridad no lo vean así, nos remitimos a la normativa europea y a lo expresado por el tribunal de justicia de la Unión), pero que arrojan a una situación de inseguridad al consumidor que adquiere sus productos. Cualquier descerebrado con uniforme podría requisar esos bienes con la excusa de someterlos a un análisis para ver si el porcentaje de THC es ilegal. Volviendo al tema del uso medicinal del cannabis, esta dejadez del Ejecutivo en términos de llevar a cabo no ya su trabajo sino sus compromisos implica que un conjunto nada despreciable de personas se vea abocada a seguir sufriendo dolor o a no poder adquirir cannabis de una forma segura para su tratamiento o, en el mejor de los casos, que tenga que ser una persona progresista profesional de la medicina (y esto con mucha suerte) la que le recomiendo acudir a tal o cual asociación cannábica de la ciudad (si con suerte existe). Esta última, aunque es una alternativa, no puede ser la solución porque no todos los clubs son iguales ni en todos, una persona que acuda estrictamente por cuestiones medicinales, se podrá sentir cómoda. Recuerdo el caso de una asociación viguesa a la que solía acudir. En 127 krissikunterbunt (depositphotos)
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