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Sueños californianos: despenalizar la marihuana

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El dos de noviembre se llevará un referendo que podría cambiar la historia de la producción y venta de cannabis. La Proposición 19 se presenta como una alternativa a la guerra contra las drogas.

Un cambio sustancial en cuanto a la política hacía las drogas en Estados Unidos puede consumarse el próximo mes de noviembre: el día dos será llevada a referendo en California la llamada Proposición 19 que, de aprobarse, legalizaría el consumo personal de cannabis y controlaría su venta y distribución de manera similar a la de las bebidas alcohólicas en esa región de Estados Unidos.

La legalización no sólo del consumo, sino de la producción y la distribución de la marihuana en California puede llevar al cese de la guerra contra el narcotráfico, modificando la estrategia mantenida a lo largo de décadas como una política por Estados Unidos y con las sabidas consecuencias en México en los últimos cuatro años: la posibilidad de que el negocio se legalice y cambie de manos debe preocupar a quienes se han beneficiado de la prohibición y de la guerra.

El principal promotor de la Propuesta 19 es Richard Lee, activista y reconocido proveedor de marihuana en Okland. Si se toma en cuenta el alto número de consumidores de marihuana en Estados Unidos se entenderá por qué la propuesta sumó más de 700 mil firmas para que pudiera ser votada en un referendo. Lo que está en juego es el negocio, el jugoso negocio de la producción y distribución de marihuana, que puede dotar de un nuevo y más intenso brillo a la quebrada, pero antes dorada, California: el negocio de gravar la producción y la distribución comercial de cannabis puede resultar una alternativa para enfrentar el déficit presupuestal del gobierno estatal de California, el más alto en Estados Unidos. Los impulsores de la Proposición 19 estiman que el impuesto tributario por cada onza de marihuana vendida en un mercado controlado sería de 50 dólares, lo que podría generar ingresos fiscales por más de mil 400 millones de dólares al año.

La economía generada por la marihuana en California es tan grande como el consumo de la droga hasta ahora clandestina. Se estima que la producción, distribución y comercialización de la hierba en ese estado genera 14 mil millones de dólares al año. Estados Unidos es hoy ya uno de los principales productores de marihuana en el mundo. De acuerdo a datos del “Drug World Report 2008”, de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la producción de cannabis en ese país alcanza 20 por ciento de la producción mundial.

Los impuestos generados por la producción, distribución y venta de marihuana en California -más de mil millones de dólares anuales- podrían emplearse, argumentan los impulsores de la Proposición 19, en programas de salud, educación, y otros programas sociales. California fue el primer estado de la Unión Americana donde se legalizó el cultivo y el consumo de marihuana con fines médicos, pero hoy en Nuevo México, Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon, Rodhe Island, Vermont y el Distrito de Columbia existen programas de salud pública donde la marihuana se emplea con fines medicinales.

En cuanto a la generación de empleos, resulta que legalizar la producción de cannabis aumentaría la planta laboral de quienes hoy se dedican a su producción y comercialización al margen de la ley. Se insiste en que más allá de la doble moral, en términos estrictamente económicos, el cultivo de la marihuana, por su valor monetario, es el más importante en California.

La más reciente encuesta publicada sobre el uso de drogas en Estados Unidos, realizada por la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de Sustancias, ilustra que el consumo de drogas en ese país ha aumentado en ocho por ciento, la subida más alta en la presente década. La droga ilegal más consumida en Estados Unidos es la marihuana, y la mencionada encuesta estima que el aumento en el consumo entre los jóvenes estadunidenses alcanzó en 2009 el 7. 3 por ciento. Este indicador va al alza, sobre todo si se toma en cuenta que menos de la mitad de los jóvenes encuestados consideran que el consumo de cannabis, una o dos veces a la semana, no provoca “un gran daño”. Entre los llamados baby boomers, quienes nacieron entre 1945 y 1964, se encuentra el 6.2 de consumidores de drogas ilegales en Estados Unidos, preponderantemente marihuana.

Sobre el monto del colosal negocio que a futuro puede representar la producción y la venta de marihuana a escala mundial, vale la pena citar el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. En este documento se señala que la marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo en el planeta, y se estima que entre 129 y 190 millones de personas en 2008 la utilizaron. Así, el mercado potencial de consumidores de marihuana en el mundo es de más de 120 millones de personas.

Afroamericanos y latinos, a favor

Las encuestas sobre lo que podrá ocurrir con el referendo del dos de noviembre arrojan una ligera ventaja sobre quienes están a favor de la Proposición 19. Hace un par de semanas El diario USA Today reportó los resultados de su más reciente encuesta, donde 47 por ciento de los posibles votantes están a favor, 43 por ciento en contra y 10 por ciento no han tomado una decisión. Sobre los indecisos, quienes pueden inclinar la balanza, trabajan las fuerzas políticas que se confrontan hoy en California con un tema que pone en tela de juicio la estrategia punitiva de la guerra contra las drogas seguida en Estados Unidos desde hace 40 años.

De acuerdo a la encuesta realizada por Field Research Corporation, el sector donde la Proposición 19 encuentra al mayor número de posibles votantes a favor es el de los hombres blancos, no hispanos, cuya edad oscila entre los 18 y los 29 años. En la intención del voto entre los hispanos, los negros y los asiáticos predomina el no a la legalización de la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana.

Sin embargo, entre las organizaciones que poyan a la Proposición 19 se encuentra la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), considerada la más importante de las organizaciones de afroamericanos con presencia en California. Alice Huffman, presidenta de la NAACP en California ha declarado que las leyes vigentes contra el consumo de marihuana representan “el último instrumento para imponer una justicia racista a los afroamericanos pobres”.

En la base de la argumentación de Huffman está la tasa de detenciones por hechos relacionados con la distribución y el consumo de cannabis: de acuerdo a NAACP el número de detenciones es cinco veces mayor en afroamericanos que en blancos, y cerca de la mitad de los encarcelados por eso delitos en California son afroamericanos.

El sector que ha confrontado con más dureza las posiciones de la NAACP y de su presidenta es el de los líderes religiosos. Desde su perspectiva, la legalización llevaría a un aumento en el consumo, lo que causaría efectos devastadores en los afroamericanos pobres. Ron Allen, de la International Faith Based Coalition, se ha mostrado como uno de los principales y más activos opositores a la Proposición 19. Originario de Sacramento, Allen reconoce que en algún momento fue adicto al crack y que su pesadilla de la adicción a las drogas se inicio con el consumo de la marihuana.

Otra visión es la de Antonio González, presidente de la Liga de Votantes Latinos, uno de los principales líderes latinos en Estados Unidos, declaró a la prensa: “La legalización de la cannabis en California reduciría la violencia del negocio de las drogas tanto aquí como en las guerras antinarcóticos en América Latina, particularmente en países como México y Colombia”.

Veteranos de la DEA, al rescate

Entre quienes combatieron el consumo de las drogas y vieron sus efectos en las calles han surgido posiciones confrontadas en relación a la Proposición 19. Un grupo de ex agentes de policía, jueces y fiscales retirados, donde figuran el ex procurador del Distrito de San Francisco, Terence Hallinan, y el ex jefe de policía de San José, Joseph McNamara, apenas la semana pasada se pronunciaron a favor de la despenalización del consumo de la marihuana. Los argumentos de este grupo parecen contundentes: “Si la marihuana sigue siendo ilegal genera más cárteles de drogas y sobrecarga en el sistema judicial del estado”. Stephen Downing, ex subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró en conferencia de prensa, celebrada hace unos días en el parque West Holliwood: “Las organizaciones de las drogas se parecen a las estrellas de mar. Uno corta una pata, pero esta se regenera. Estamos lidiando con una enorme cantidad de estrellas de mar. La única forma de matar a la estrella de mar es retirarle el alimento, y en este caso el alimento es el dinero”.

En el otro extremo se encuentra un grupo de personajes que han estado al mando de la más importante agencia de combate a las drogas, la DEA. Apenas el 10 de septiembre se dio a conocer públicamente la carta enviada por un grupo de ex directores de la DEA al Departamento de Justicia desde agosto. Los ex titulares de la DEA exigieron al procurador General de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, pronunciarse a favor de demandar a California ante la posible legalización de la marihuana. “Estaría en el interés público saber donde estaría el Departamento de Justicia sobre la ley si esta proposición fuera aprobada”, exigieron los firmantes de la misiva, entre quienes se encuentran Thomas Constantine, director de la DEA durante la administración de Bill Clinton, y Asa Htchinson, cabeza de la DEA con George Bush, además de John Bartels, Peter Bensiger y Francis Mullen, entre otros personajes encargados de la DEA en su momento.

Quienes en los hechos encabezaron la guerra contra las drogas exigen que el procurador Holden formule una demanda vía el Departamento de Justicia de Estados Unidos similar a la que se presentó en contra del gobierno de Arizona a propósito de la Ley SB1070. Los ex titulares de la DEA afirman que de ser aprobada la Proposición 19 violaría la Ley Federal de Substancias Controladas. “Esperaríamos que el Departamento de Justicia actúe igual de rápido y bajo el mismo razonamiento (contra California) para respaldar la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos y la provisión de primacía de la Ley de Sustancias Controladas para evitar que la Proposición 19 se convierte en ley”, dice la mencionada carta.

¿Quiénes se benefician de la guerra contra las drogas?

Más allá de estrategias y programas elaborados en las más altas esferas del poder político de Estados Unidos, la Proposición 19 se presenta como una alternativa a la guerra contra las drogas. Aquí valdría la pena preguntarse quiénes se han beneficiado con la prohibición del consumo de drogas, con la estrategia de guerra implementada desde hace cuatro décadas, y quiénes han visto florecer al crimen organizado, contado a sus muertos y sufrido graves descalabros al incipiente Estado de derecho y la democracia de sus países.

Los beneficiarios no son sólo las grandes organizaciones del narcotráfico ni los barones de la droga, sino también quienes los combaten. No hay que olvidar que desde la Segunda Guerra Mundial la industria del armamento es una bujía más de la economía de Estados Unidos, y tampoco hay que olvidar el significado y las repercusiones políticas que en ese país han tenido las distintas guerras que ha librado no sólo en la realidad -como en Vietnam o Irak-, sino en el imaginario de sus líderes, como la librada en contra del comunismo cuando la Guerra Fría o, actualmente, contra el terrorismo y las drogas. Porque después del dos de noviembre, cuando en California se celebre el referendo, el negocio de la producción y la distribución de marihuana puede cambiar de dueños.

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