El gobierno del ultraderechista y delirante de Millei implementa auditoría exhaustiva en el registro de usuarios tras encontrar irregularidades en solicitudes previas
En una medida que está causando preocupación entre los pacientes y activistas, el gobierno argentino ha decidido intensificar los controles en el proceso de inscripción al Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado de Cannabis Medicinal y/o Terapéutico (Reprocann). Esta decisión sigue a la detección de más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica durante la gestión anterior, lo que ha llevado a una revisión completa y a una inevitable ralentización del proceso de autorización.
Desde la asunción de la nueva administración, ya bajo el último tramo del mandato de Alberto Fernández, se ha observado una notable desaceleración en la inscripción de nuevos usuarios. Las cifras son alarmantes: cientos de miles de pacientes aguardan con impaciencia su turno para acceder legalmente a tratamientos basados en cannabis, esencial para el manejo de diversas condiciones médicas.
La situación se complicó aún más tras un escándalo vinculado con un vivero ilegal en Arroyo Leyes, que llevó al gobierno a suspender la habilitación de nuevos espacios destinados a la producción de cannabis medicinal. Como si fuera un reflejo de la política general del gobierno, cualquier programa o entidad que muestra disfunción o irregularidades es puesto en pausa o cancelado, en lugar de buscar reformas que permitan una operación más eficiente y efectiva.
La auditoría anunciada promete incrementar aún más las demoras en la aprobación de licencias, ya que cada caso será revisado individualmente. En una reunión reciente con representantes de organizaciones cannábicas, se destacó la sobrecarga del sistema y la necesidad urgente de implementar mejoras para agilizar el proceso.
Las críticas no se han hecho esperar. Voces como la de David Rojkin, abogado y activista, sugieren que detrás de las medidas de seguridad adicionales se esconde una estrategia para retrasar la implementación y asignación de recursos. Otros, como Sabrina Quinteros de la Asociación Civil Miradas, advierten sobre la necesidad de permanecer vigilantes para proteger los derechos duramente ganados por los usuarios de cannabis medicinal en el país.
El camino hacia una política de drogas más justa y menos estigmatizante parece estar lleno de obstáculos, y la comunidad afectada por estas políticas debe estar preparada para defender sus derechos en un ambiente cada vez más restrictivo.
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Agustin Lacallehttps://www.cannabismagazine.net/author/tincho/
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