Los clubes de cannabis de Barcelona preparan una demanda millonaria contra el Ayuntamiento por su cierre

A juicio de este abogado, es incomprensible la postura del PSC, partido que votó en el Parlament catalán a favor de la ley de las asociaciones de cannabis y que ahora desde el gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona accede a promover el cierre de los clubes de usuarios. “No entiendo este viraje de 180 grados. Es una posición muy conservadora y retrógrada. ¿Cuántos muertos ha habido en clubes de cannabis en Barcelona en diez años, cuántos problemas, peleas, aumento de la delincuencia? Los problemas vienen de la ilegalidad, de cultivos clandestinos“, subraya Casal.

Las asociaciones cannábicas sitúan como el ariete de la política municipal contra su actividad al teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, quien fue responsable de los Mossos d’Esquadra entre 2014 y 2017 y ha hecho declaraciones en las que aboga por prohibir los clubes sociales y por una regulación estatal más estricta con el uso de la marihuana.

El ayuntamiento, por su parte, alega que tiene que cumplir las sentencias judiciales que han tumbado la normativa municipal que regulaba estas asociaciones, las cuales, a su entender, ya no pueden promover ni permitir el uso del cannabis, únicamente funcionar como clubes privados, como cualquier otra entidad de ese tipo y conforme a la legislación de la Generalitat de Catalunya vigente sobre esta materia.

Fuentes municipales han asegurado a este periódico que ninguna asociación puede permitir ya el consumo en sus locales ni que sus socios se abastezcan con el autocultivo de plantas, porque es ilegal y la inspección actúa en consecuencia, aunque no han podido ofrecer datos de cuántos clubes han sido cerrados por este motivo.

¿Qué pasó con el grupo para propiciar cambios legales?

El gobierno municipal se remite en todo caso a la nota de prensa que emitió en julio de 2021, en la cual advertía de que las asociaciones cannábicas tenían que adaptarse a la nueva situación legal y únicamente podían funcionar como clubes privados. En esa misma nota se informaba de la creación de un grupo de trabajo interno entre las áreas de servicios jurídicos, salud, seguridad y urbanismo para realizar propuestas de cambios legislativos a nivel estatal y autonómico.

El objetivo de ese grupo de trabajo era dar una “respuesta conjunta a la situación” y poner sobre la mesa la necesidad de espacios en los que “se pueda producir el consumo -y no la venta-, de forma controlada, que está permitido por el Código Penal”. “El gobierno municipal sigue defendiendo la necesidad de una regulación de esta actividad desde el punto de vista de la salud pública, que es donde se entiende que debe tratarse el fenómeno”.

Sin embargo, a preguntas de este periódico, el ayuntamiento no ha contestado si se ha puesto en marcha ese grupo de trabajo ni si ha habido algún avance en la línea de lo que se proponía en esa nota del anterior equipo de gobierno municipal, a la que se sigue remitiendo el actual para explicar la situación de los clubes de cannabis en Barcelona.

La resolución del Parlament a favor de los clubes

El hecho es que a nivel autonómico sí ha habido cambios mientras tanto. Hace casi un año, en febrero de 2023, el Parlament aprobó una resolución en la que instó a la Generalitat a incluir a las asociaciones de cannabis en sus planes estratégicos de adicciones, crear un registro de estas entidades e impulsar cambios legislativos para permitir un consumo seguro y controlado.

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (Catfac) considera un contrasentido que el Ayuntamiento de Barcelona mantenga una línea totalmente contraria a la dirección que marca la resolución del Parlament, que se aprobó, además, con el apoyo del PSC, que tiene a Jaume Collboni como alcalde en la capital catalana.

“Creemos que esto es una lucha del señor Batlle, que ya anunció en la precampaña electoral que iba a ir contra los manteros, los grafiteros y los clubes sociales de cannabis, que no son los problemas reales de seguridad de Barcelona. Es una persona que tendría que revisar sus discursos, que están muy cerca del prohibicionismo”, subraya Eric Asensio, portavoz de Catfac.

Esta organización entiende que el ayuntamiento no tiene competencias para prohibir el consumo del cannabis dentro de un local privado y, por tanto, para decretar su cierre por tal circunstancia, ya que no se trata, en ningún caso, de una medida administrativa y del ámbito municipal. Las asociaciones, según Asensio, ya tuvieron que pagar multas de entre 6.000 y 9.000 euros cada una tras la primera oleada de inspecciones que se llevaron a cabo en 2023, por permitir el consumo, por tener dispensario de marihuana o por otras circunstancias.

No obstante, Catfac se opone también rotundamente a la actividad de ciertos clubes de cannabis que promueven “prácticas alejadas del modelo asociativo”. Por ello, denuncia el “intrusismo” de esas actividades, que, amparadas por la doctrina del consumo compartido, funcionan bajo objetivos muy distintos a los principios y valores que defienden las asociaciones cannábicas, recalca.

Estas prácticas, según la federación cannábica catalana, se concentran en distritos de Barcelona afectados por otras circunstancias colaterales, como la gentrificación o la masificación turística, que ha transformado la ciudad en un parque temático, bajo la complicidad del gobierno municipal, añade.

Unas 1.500 asociaciones en España

En toda España, según un informe realizado en 2022 por la confederación estatal de estas organizaciones, Confac, hay unas 1.500 asociaciones de usuarios de cannabis, con una media de entre 300 y 400 socios cada una y en las que trabajan en total unas 7.500 personas. De acuerdo con ese estudio, si la actividad de esas entidades estuviera regulada, podría generar al menos casi 219 millones de euros por pago anual de impuestos directos e indirectos y tasas a diferentes administraciones públicas.

En la misma sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que tumbó en noviembre de 2020, el plan municipal de Barcelona que regulaba el funcionamiento de las asociaciones de cannabis, se destaca que los clubes están “huérfanos de una completa y detallada regulación legal”. El Alto Tribunal señala al respecto que la actividad de esas entidades puede verse afectada por lo dispuesto en el artículo 368 del Código Penal, “como, con indudable acierto, se declara en la sentencia de instancias (del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) lograr una normativa reglamentaria de la naturaleza expuesta, para lograr alcanzar un feliz fin de cobertura legal para ese consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis y las demás sustancias”.

El Supremo concluyó que “la indeterminación de saber si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente impide considerar competente a un ayuntamiento para regular, aunque sea desde la óptica urbanística y medioambiental, este tipo de asociaciones”.

Curiosamente, las resoluciones del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia catalán fueron la respuesta a los recursos judiciales que presentaron algunas asociaciones cannábicas contra la normativa que les obligaba a afrontar una serie de obras, algunas muy costosas. Ahora, esas mismas obras podrían volver a ser objeto de reclamación contra el ayuntamiento, pero por una circunstancia distinta.

Fuente Publico.es