Morir para evitar el consumo de cannabis: un precio demasiado alto

La muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero en Barbate ha suscitado un debate que a mí me desconcierta. Resulta comprensible que, en un primer momento, semejante tragedia solo azuzara una discusión en términos securitarios y de responsabilidades ministeriales. Sin embargo, a casi un mes de los hechos, se debería haber puesto sobre la mesa si merece la pena que dos funcionarios públicos pierdan la vida para evitar que en la Península alguien se pueda liar un porro. Yo tengo claro que no. Entregar recursos ingentes y vidas humanas a esa lucha es un despropósito insostenible, cuando, además, casi la totalidad de los españoles está favor de la legalización de la marihuana, al menos para uso terapéutico (y solo un 41% está en contra de extender esa legalización al uso lúdico).

Hemos visto montones de películas procedentes de Hollywood sobre lo que supuso la prohibición del consumo de una droga tan socialmente aceptada en Estados Unidos como el alcohol. La Ley Seca comportó el auge de mafias, corrupciones y crímenes tan parecidos a los de ahora, como revela el asesinato de estos dos guardias civiles y, si me permiten, como pueden comprobar en las excelentes crónicas de Juan José Téllez en este mismo diario.

 

Alemania, que ya regulaba el uso en ciertos casos, ha sido la última en sumarse a la lista de países con legalización integral, gracias a una ley que entra en vigor el mes que viene y que permite el autoconsumo recreativo

Cada vez es más larga la lista de países que así lo entienden. No en vano, son dos los parámetros para medir el impacto negativo de una droga: el social y el sanitario. Mientras que el tabaco causa 60.000 muertes al año en España, el alcohol, además, conlleva evidentes problemas sociales. La disminución de las capacidades de atención, juicio y control que provoca está detrás de muchos problemas de convivencia ciudadana y comportamientos temerarios, desde el 50% de las muertes en carreteras hasta violencias de todo tipo o imprudencias pavorosas.

Alemania, que ya regulaba el uso en ciertos casos, ha sido la última en sumarse a la lista de países con legalización integral, gracias a una ley que entra en vigor el mes que viene y que permite el autoconsumo recreativo. Resultan muy reveladoras a ese respecto las palabras del ministro de Sanidad alemán: “Yo mismo durante muchos años estuve en contra de la legalización, pero es la ciencia la que dice ahora que hay que seguir este camino [y abogo por evitar] el punitivismo y la tabuización [y por no] criminalizar a los jóvenes a los que hemos destruido la vida porque no los hemos protegido del mercado negro”.

Confío en que en esta legislatura se retome ese debate, solo abordado de manera tímida en la pasada, y por fin se tomen medidas

Yo sé que a Pedro Sánchez le da la risa cuando la preguntan por una posible legalización en España. Si las muertes de esas personas no sirven para poner el debate sobre la mesa del PSOE, quizás lo haga él mismo cuando se entere de que solo la legalización para uso medicinal supondría 3.300 millones de euros anuales en tributaciones.

La lección que hace un siglo, ¡un siglo!, dejó la Ley Seca es evidente: la prohibición no sirve para atajar el consumo, sino que acarrea más problemas de los que evita. Es una ecuación así de simple, de forma que hay que enfrentarla del mismo modo que el consumo de las drogas legales. Esto es: limitando su acceso (mayoría de edad, entornos alejados de centros infantiles, espacios libres de humo, tasas impositivas, etc.), controles de calidad y campañas de sensibilización sobre los efectos del abuso.

Confío en que en esta legislatura se retome ese debate, solo abordado de manera tímida en la pasada, y por fin se tomen medidas. De lo contrario, seguiremos hablando de recursos policiales, crímenes y muertes. Es decir, de consecuencias, y no de causas, por mucha risa que le dé a Sánchez.

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