Salud verde 86 (artículo 30.2), de lo que cabe deducir que el 15 de mayo (Festividad de San Isidro Labrador) y el 8 de noviembre (Día de Nuestra Señora de la Almudena) los santos patronos de la ciudad protegen al pobre ciudadano. En Extremadura también está prohibido beber una lata de cerveza de camino a las ruinas romanas de Mérida, pero el asunto puede solucionarse con un tirón de orejas (“apercibimiento”) del agente o multa mínima de 60 euros5; y en Asturias ni siquiera está prohibido beber por la calle, sino que la ley delimita los espacios y momentos en los que esta actividad está permitida, centrándose en la protección de los menores6. Esta disparidad en el tratamiento del consumo de alcohol y drogas en la vía pública revela no solo una inconsistencia en la legislación, sino también una cierta lotería a la hora de aplicarla. ¿Es realmente más disruptivo para la sociedad llevar una pequeña cantidad de drogas que perturbar la paz con una lata de cerveza? ¿Tiene sentido que una misma actividad sea o no objeto de sanción según se realice en Madrid o en Gijón? La perversidad de la ley está clara en el caso madrileño, que explica en su artículo 28 que “los ingresos que se produzcan por la imposición de sanciones tipificadas en esta ley generarán un crédito por la misma cuantía en la dotación presupuestaria, destinados a la prevención, asistencia e integración de los drogodependientes y a aquellos programas de salud pública relacionados con el colectivo de pacientes drogodependientes”. Es decir, el dinero generado por las multas se utiliza para financiar los programas para quitar las multas por botellón. ¡Un chollo, oiga! En Madrid, la justicia puso freno a este disparate y las 40.000 multas anuales impuestas entre 2012 y 2014 quedaron anuladas al considerarse insuficiente el testimonio del agente. El Tribunal Superior de Justicia dictaminó que era necesario probar que el contenido del líquido incautado al infractor fuera calimocho, carajillo o tinto de verano y no gaseosa, zumo de pera o ácido sulfúrico (que puede comprarse en cualquier droguería como desatascador). Las arcas públicas madrileñas dejaron de ingresar unos cuantos millones de euros que habrían sido destinados a rehabilitar a las víctimas del botellón o financiar una innecesaria campaña de prevención del alcoholismo juvenil, gestionada por una Fundación casualmente dirigida por el hermano o el primo de un director general o viceconsejero. Y es aquí donde radica la clave para terminar con las multas por drogas. Está en manos de los consumidores de cannabis. Las minorías sociales raramente han obtenido sus derechos sociales. Han sido necesarios muchos años de lucha para que las mujeres pudieran votar o “ “ La participación ciudadana es imprescindible para el cambio LOS CONSUMIDORES DE CANNABIS PODRÍAN DESAFIAR EL SISTEMA DE FORMA LEGAL Y SENCILLA
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