Abogados del cannabis: “Hay que regular para que las asociaciones no caigan en manos de mafiosos”

En 2021, un juez falló en Lugo que no era delito tener 222 plantas de marihuana en una casa. Entendía que, en ese caso, no había “otra finalidad distinta de la de procurarse el autoconsumo”. Detrás de la absolución del acusado, que se enfrentaba a una petición de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 170.000 euros por un delito contra la salud pública, estaba el abogado Francisco Azorín, experto en la defensa de cultivadores de cannabis, cáñamo industrial y otras plantas psicoactivas. La defensa del letrado giraba en torno a que las hojas no se deben considerar prohibidas y que los 8,6 kilogramos de cannabis descubiertos en aquella actuación iban a ser destinados al consumo propio. El juzgado acogió la tesis planteada por la defensa y acordó la absolución del procesado. Fue una absolución “histórica”, en palabras del especialista en delitos relacionados con drogas y consultor en la industria del cannabis, CBD y psicodélicos.

Las asociaciones cannábicas comenzaron a operar hace ya 20 años, pero no fue hasta 2015 cuando hubo un “punto de inflexión” con una sentencia del Tribunal Supremo que recogía que algunos clubes no se acogían a la doctrina del consumo compartido. “Dijo que no todos son delictivos. En España hay un limbo jurídico máximo porque no se le ha querido dar regulación”, argumenta Azorín. Aunque convencido de que “a algunos les interesa esa inseguridad jurídica”, reconoce que, pese a ello, “no se ha conseguido evitar que la gente siga asociándose”.

La respuesta de los defensores se vertebra en torno al respeto de los socios del club para con los alrededores, sin apostarse en la puerta para fumar, preservándose en todo momento la discreción de lo que acontece dentro, como lugar de encuentro, consumo y espacio para interactuar con los demás inscritos entre billares, futbolines, música o videojuegos en un ambiente sin alcohol.

El abogado aboga por dar “seguridad jurídica al modelo español”, siguiendo el ejemplo de Alemania, que en abril de 2024 liberalizó el consumo de cannabis recreativo, convirtiéndose así en el tercer país europeo que flexibilizaba su legislación.

Su mensaje es contundente: “Es indispensable regular”, porque, de seguir sin hacerlo, se corre el riesgo de que los clubes caigan en manos de “mafiosos extranjeros que vienen a valerse de este modelo”. “Van quedando menos asociaciones activistas con políticas de reducción de riesgos y daños, y florecen otras más lucrativas”, asevera el abogado. Pero ocurre, a su juicio, que los partidos políticos “no tienen claro el beneficio electoral” que les otorgaría “dar tolerancia a la política del uso de drogas”.

La idea que defienden otros abogados de procesados está vinculada a la “falta de pruebas” de que estos se dediquen al cultivo y distribución de marihuana, pues el mero hecho de ser socio del club no obliga a realizar labores de plantación, y en cualquier caso ha invocado el principio del error invencible, toda vez que los tres ocupantes del banquillo estaban convencidos de que su actividad era absolutamente legal.

La última calada de la ‘abuela marihuana’

En Málaga, se recuerda el caso de Fernanda de la Figuera, conocida como la abuela Marihuana por su activismo en la legalización del consumo de cannabis. La mujer, que murió en 2022, estuvo al frente de diversas asociaciones a favor de la legalización de la marihuana. A sus 78 años, había sido condenada a nueve meses de prisión por cultivar esta sustancia para la asociación que había fundado y también distribuir marihuana, según su versión, con fines terapéuticos.

También se le imponía la pena del pago de una multa de 10.000 euros por el valor de la droga que le fue incautada –unas 181 plantas–. Sin saberlo, esa había sido su última calada.

Fuente MalagaHoy