La ofensiva del Ayuntamiento contra los comercios cannábicos legales en Barcelona indigna a trabajadores, activistas y defensores de una regulación justa.

Barcelona, ciudad de vanguardia y referencia internacional en derechos civiles, ha iniciado una preocupante regresión. La reciente campaña de inspecciones a grow shops —impulsada por el consistorio municipal y ejecutada por la Guardia Urbana— ha encendido todas las alarmas en el sector cannábico. Con acciones desproporcionadas como el precinto de productos legales, actas sancionadoras y confiscaciones arbitrarias, se está criminalizando a comerciantes que durante décadas han trabajado dentro de la ley.

El objetivo real de esta campaña parece no ser otro que el castigo ideológico: atacar, desde lo administrativo y lo penal, a un tejido comercial legítimo y profundamente arraigado en la ciudad. Los grow shops barceloneses no solo no vulneran la ley, sino que operan en el marco regulado del comercio europeo y español, ofreciendo productos como semillas, fertilizantes, parafernalia y cáñamo industrial, todos ellos no fiscalizados ni ilegales.

Resulta especialmente indignante que desde la administración se argumente que estos negocios “no contribuyen a la riqueza cultural ni al desarrollo económico de la ciudad”. Quien afirma eso o desconoce deliberadamente la historia del sector, o actúa con una voluntad punitiva difícil de justificar. La industria cannábica ha generado empleo, conocimiento, emprendimiento y vínculos internacionales en una ciudad que ha sido, durante años, ejemplo de tolerancia y modernidad. Además, ha educado a generaciones de cultivadores y usuarios responsables, promoviendo buenas prácticas, reducción de riesgos y autonomía ciudadana.

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No se trata solo de defender a los comerciantes: se trata de defender un modelo de sociedad que respete la pluralidad, la legalidad y la libertad de elección. Lo que está en juego es el derecho de cientos de trabajadores y trabajadoras a ejercer su actividad sin miedo, sin estigmas y sin que sus productos legales sean tratados como si fuesen contrabando.

Desde el Gremio de la Industria del Cannabis se exige un diálogo inmediato y honesto con las autoridades, la protección jurídica del sector y el reconocimiento de su papel social y económico en Barcelona. Esta ofensiva, además de injusta, es anacrónica: mientras países como Alemania avanzan hacia la legalización, y la ONU recomienda revisar la política de drogas, en Barcelona se persigue a quienes podrían ser aliados fundamentales en una regulación moderna, sostenible y eficaz del cannabis.

No se puede seguir gobernando a golpe de prejuicio. Es hora de que las instituciones asuman su responsabilidad y legislen con base en la evidencia, no en el estigma. El futuro pasa por la legalización y la normalización, no por la persecución.

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Acerca del autor

Manu Hunter
Escritor y periodista cannábico

Periodista cannábico con un estilo desenfadado pero siempre riguroso. Cuenta historias que prenden, informan y desmontan mitos, acercando la cultura cannábica al mundo con frescura y credibilidad. ¡Donde hay humo, hay una buena historia!

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