La firma de AB 1965 y AB 2250 endurece las pruebas, el acceso a certificados de análisis y algunos ajustes sobre cannabinoides
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 27 de septiembre la firma de dos proyectos vinculados al cannabis dentro de una actualización legislativa estatal: AB 1965, sobre control de calidad y pruebas de laboratorio, y AB 2250, sobre cannabinoides. La novedad afecta al mercado regulado de Estados Unidos, California, y llega antes del cierre ordinario de firmas y vetos de la legislatura.
El alcance real es concreto: no legaliza nuevos usos ni cambia por sí solo el acceso federal al cannabis, pero sí aumenta las obligaciones de trazabilidad, testing y transparencia para operadores autorizados. En un contexto de retiradas de producto y de discusión sobre potencia, contaminantes y derivados del cáñamo, California busca reforzar el control del producto que llega al consumidor sin presentar estas medidas como una garantía absoluta de seguridad.
La pieza central es AB 1965, impulsada por la asambleísta LaShae Sharp-Collins. El texto especifica que todo cannabis o producto de cannabis puede quedar sujeto a prueba o reprueba, permite al Departamento de Control del Cannabis acceder a productos ya disponibles en retail para análisis de laboratorio y obliga a los minoristas u otros licenciatarios con venta al público a entregar al cliente, si lo solicita, el certificado de análisis asociado.
Ese certificado no es un trámite menor. En mercados maduros, el COA concentra datos sobre potencia, perfil químico y contaminantes, y ayuda a detectar discrepancias entre lo que declara una etiqueta y lo que realmente contiene el lote. La nueva ley también somete a los laboratorios a pruebas de desempeño para comprobar la consistencia entre resultados, una respuesta regulatoria a un problema conocido en la industria: la presión comercial para obtener análisis favorables o potencias más altas.
AB 1965 toca además la logística del sistema. El proyecto ajusta reglas sobre manifiestos electrónicos, transporte, cadena de custodia, retesting y destrucción o remediación de lotes que no cumplan estándares sanitarios. Esa arquitectura se parece a otros debates recientes sobre seguridad de vaporizadores y alertas de producto, donde la trazabilidad decide si una retirada se queda en un aviso genérico o permite identificar tiendas, lotes y consumidores potencialmente afectados.
El segundo proyecto, AB 2250, es más técnico, pero relevante para el encaje entre cannabis, cáñamo industrial y cannabinoides aislados. El texto introduce ajustes vinculados a la definición de concentrado de cannabis y, desde 2028, incorpora el CBN aislado junto al CBD aislado en determinadas exclusiones previstas por la reforma previa AB 8. La cautela aquí es importante: son cambios de precisión normativa, no una autorización general para productos intoxicantes fuera del canal regulado.
California llega a esta firma tras varias tensiones. El estado ha endurecido en 2026 el control de envases, etiquetas y publicidad de cannabis dirigidos a menores, y ha informado de actuaciones contra productos ilegales de cáñamo, kratom y 7-OH. La línea política combina protección del consumidor, apoyo al mercado con licencia y presión contra canales no autorizados, aunque la efectividad dependerá de la capacidad inspectora y de cómo el Departamento de Control del Cannabis concrete la aplicación.
Para los operadores, el mensaje es doble. Por un lado, la exigencia de certificados y pruebas adicionales puede elevar costes y tiempos de cumplimiento. Por otro, puede reducir la competencia desleal si los controles se aplican de forma coherente. En El Cultivador, donde el foco suele estar en cultivo y cadena productiva, este tipo de medidas ayuda a explicar por qué la regulación moderna ya no se limita a permitir o prohibir, sino que entra en calidad, documentación y seguimiento de lote.
La noticia también encaja con el pulso judicial y comercial que vive el cannabis estadounidense. Mientras otros estados discuten licencias, residencia de operadores o nuevas tasas, como ya ocurrió en el caso del debate ante el Supremo de EE UU sobre licencias de cannabis, California se mueve ahora en una fase más administrativa: mejorar el funcionamiento interno de un mercado legal que ya existe, pero que sigue compitiendo con productos no regulados y con la incertidumbre federal.
Acerca del autor
Escritor especializado en cannabis y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.
- Justin Vivero
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