Cómo es el proyecto argentino que alienta la producción industrial y medicinal del cannabis

El texto ahora debe ser tratado en tres comisiones del Senado: Presupuesto y Hacienda; Agricultura y Ganadería; y Seguridad Interior y Narcotráfico. Se descuenta que habrá media sanción: gobernadores de distinto signo político como el radical Gerardo Morales y el peronista Alberto Rodríguez Saá adelantaron el apoyo al proyecto. La Rioja, Entre Ríos, Neuquén (gobernada por el MPN) y Misiones también.

“¿Habrá ley antes de fin de año?”, le preguntó este medio a Mara Brawer, diputada del FDT. “Estoy convencida”, respondió la legisladora, que aportó al proyecto una iniciativa suya sobre la promoción del cáñamo industrial.

El artículo 1° dice que el objetivo es regular “la cadena de producción y comercialización (nacional o para exportar) de la planta de cannabis afectados al uso medicinal y al uso industrial”. Más de 50 países cuentan con legislación sobre la producción de cannabis medicinal e industrial.

En el artículo 2° define, entre otros términos, los alcances de “planta de cannabis” y el “cáñamo” como variedad industrial con bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva del cannabis.

Las regulaciones de la eventual ley apuntan “a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”. También establece un régimen sancionatorio, para garantizar la calidad del producto, pero, sobre todo, evitar el desvío a la cadena informal e ilegal.

La producción de cannabis medicinal ha tenido desde principios de siglo un crecimiento exponencial: en 2000 se producían 1,4 toneladas en el mundo y en 2019 la producción ya ascendía a 468 toneladas. Para 2024 se proyecta una producción global por 42.700 millones de dólares. Israel, Canadá y Estados Unidos lideran la tabla de productores a nivel mundial; Uruguay y Colombia son los más avanzados en la región.

“En este mercado global emergente hay una ventana de oportunidad para Argentina”, pronosticó el ministro Matías Kulfas, quien sostiene que el país puede ser “líder global” en la producción de cannabis medicinal e industrial, por su experiencia en la producción agropecuaria, su red de investigación científica (el Conicet creó el Racme, unidad que investiga el uso medicinal), la experiencia del Inta y el Inti, un entramado de laboratorios públicos y privados, e iniciativas en varias provincias.

El ministro Kulfas trazó un “escenario de inicio”: para 2025 proyectan 10 mil nuevos empleos, unos 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares por exportaciones. “Un escenario conservador”, aclaró.

La iniciativa crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. En su directorio estarán representados los ministerios de Salud, de Agricultura, de Ciencia y de Seguridad. Esta agencia regulará, fiscalizará y administrará la cadena productiva; otorgará los permisos para producción y comercialización; también aplicará multas o retirará las autorizaciones a los productores que infrijan la la ley.

Sobre la integración de la Agencia, en el Senado podría haber modificaciones al texto. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió una “integración federal”, con representantes de todas las provincias.

Hay 22 provincias y 80 municipios con distintos grados de desarrollo en sus proyectos. Jujuy, San Luis, La Rioja, La Pampa, Entre Ríos, están en el lote más avanzado. En las provincias del noroeste se proponen reconvertir el sector tabacalero en la producción de cannabis. Chaco también apunta a la reconversión de parte de su industria algodonera.

Aprobada hace más de tres años la Ley 27.350, que habilitó el uso medicinal del cannabis (no así su producción), Jujuy emprendió acciones. “Llevamos invertidos más de ocho millones de dólares”, dijo el gobernador Morales. Una plantación piloto ya dio una tonelada de flor del cannabis, que se usará para producir aceite con fines medicinales. “Cuando fuimos a inscribir la empresa para producir cannabis, la Afip no tenía nomenclatura; la importación de semillas tampoco fue sencilla en lo administrativo. Esta ley permitirá desburocratizar todo el proceso”, dijo Morales.

Entre Ríos trabaja en el armado de una red de laboratorios públicos para el testeo y control de calidad del cannabis medicinal y el Gobierno de La Rioja dice haber invertido “más de 100 millones de pesos para producir el cannabis en la provincia”.

“Hoy el cáñamo no sólo sirve a la industria textil, sino para fibras industriales, autopartes, bioplásticos y biocombustibles, materiales para la construcción, industria alimentaria, aceites e infusiones, y cumple con los requisitos para un desarrollo sustentable”, enumeró la diputada Brawer.

Los gobernadores Morales y Rodríguez Saá coinciden en que, aprobada le ley que habilita la producción de cannabis medicinal y el cáñamo industrial, se debe avanzar en la despenalización del consumo recreativo de cannabis. El puntano invitó a “romper el paradigma” y a hablar “ de la despenalización del consumo de marihuana”.

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