Tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra y el aval del rey, el líder del Bhumjaithai asume el poder con el compromiso de convocar elecciones en cuatro meses. ¿Será capaz de convertir la despenalización del cannabis de 2022 en un modelo serio de salud pública y control del mercado?

El gesto solemne ante el retrato del monarca, la fórmula de rigor y una promesa clásica en tiempos convulsos: gobernar “con honestidad y rectitud”. Con esas palabras, Anutin Charnvirakul fue investido primer ministro de Tailandia tras recibir la aprobación real. El veterano político —empresario, conservador en lo institucional y artífice de la despenalización del cannabis— abre un paréntesis de cuatro meses en el que ha prometido devolver la voz a las urnas. No es un detalle menor: se trata del tercer jefe de Gobierno en apenas un año y llega de la mano de un pacto parlamentario tan pragmático como inestable.

El camino hasta aquí ha sido abrupto. Paetongtarn Shinawatra, heredera de una de las dinastías políticas más influyentes del país, fue apartada por el Tribunal Constitucional por vulneraciones éticas tras un episodio que salpicó la ya delicada relación con Camboya. La sentencia desató la consabida coreografía de bloques, vetos cruzados y apoyos condicionados que caracteriza la política tailandesa. En ese contexto, Anutin —exministro de Sanidad y de Interior— emergió como solución de compromiso: un dirigente con cintura para tejer alianzas y una marca propia asociada al cannabis.

La investidura se sostuvo, de hecho, en un acuerdo con la oposición del People’s Party (antiguo Move Forward). El apoyo no es un cheque en blanco: la condición es clara, disolver la Cámara y convocar elecciones en un plazo máximo de cuatro meses. El propio diseño de esta transición, con calendario de caducidad, revela la fatiga de un sistema atrapado en bucles de crisis, destituciones y recomposiciones de última hora.

Ahora bien, la novedad no es solo quién gobierna sino qué agenda simboliza. Tailandia fue el primer país de Asia en despenalizar el cannabis en 2022, abriendo un terreno inédito en una región donde el prohibicionismo ha sido piedra angular. Aquella decisión —impulsada por Anutin desde Sanidad— no fue un salto al vacío ideológico, sino una apuesta por integrar una realidad social y económica en un marco sanitario y regulatorio. Desde entonces, el país ha oscilado entre avances y rectificaciones: el boom inicial de dispensarios y flores a la vista convivió con el temor a un “todo vale” y con intentos serios de recentralizar y restringir el uso recreativo.

Quien observe esta trayectoria con desdén —“ya ven, liberalizaron y luego recularon”— se pierde la fotografía completa. Lo que hay es una disputa clásica: cómo pasar de la mera despenalización a una regulación madura. El Gobierno saliente amagó con relistar el cannabis como narcótico y endurecer la venta sin receta, gesto que pretendía ordenar pero que, en la práctica, amenazaba con devolver al mercado negro una parte de la actividad. El mandato de Anutin, breve pero decisivo, debe decidir si la vía tailandesa se consolida con reglas claras o se achica por miedo moral y ruido político.

Desde una posición favorable a la legalización responsable, el diagnóstico es nítido. Despenalizar sin regular produce zonas grises, alimenta percepciones de descontrol y deja desprotegidos a menores y consumidores vulnerables. Regular, en cambio, significa fijar estándares de calidad, trazabilidad y potencia; limitar la publicidad; establecer licencias escalonadas para cultivo, transformación y venta; proteger la salud pública con etiquetado, educación y prevención; y, por supuesto, fiscalizar con impuestos finalistas que financien investigación, atención de adicciones y vigilancia del tráfico. No es una carta blanca: es un contrato social.

La Tailandia que recibe Anutin está, además, atravesada por tensiones económicas y geopolíticas que no admiten frivolidades. La frontera con Camboya ha vivido episodios de choque que exigen temple diplomático y un gabinete capaz de bajar el volumen al conflicto. En economía, la segunda mayor potencia del Sudeste Asiático no logra aún el pulso de antes de la pandemia. En ese contexto, una industria del cannabis bien regulada puede ser un segmento de alto valor añadido —agroindustria, farmacéutica, turismo sanitario— si se rodea de garantías. De lo contrario, se convertirá en excusa para nuevos alarmismos.

Es verdad que Anutin ha moderado en los últimos años el tono triunfalista de la primera hora, aceptando mayores controles sobre el uso recreativo. No es una renuncia, sino una corrección imprescindible: la legalización inteligente no celebra el consumo, lo somete a reglas. Lo contrario —volver al catálogo de narcóticos— sería ignorar que la prohibición ha fracasado en todas partes donde se ha intentado: multiplica la criminalidad, deja desasistidos a los usuarios problemáticos y desperdicia recursos policiales en batallas imposibles.

La clave, por tanto, está en el “cómo”. Primero, trazabilidad desde la semilla hasta el punto de venta, con un sistema de seguimiento que impida fugas hacia el mercado ilícito y sanciones disuasorias a quien incumpla. Segundo, estándares de potencia (THC y otros cannabinoides) y etiquetado comprensibles, con advertencias sanitarias y pruebas de laboratorio obligatorias. Tercero, limitaciones horarias y de ubicación de dispensarios para proteger a menores y barrios sensibles, junto a una política estricta de verificación de edad. Cuarto, fiscalidad progresiva —no confiscatoria— que no reavive al narco por simple diferencia de precio. Quinto, una ventanilla de salud pública que acompañe: formación de profesionales, campañas de información y circuitos de atención temprana para consumos problemáticos.

El sexto elemento, menos citado pero crucial, es la gobernanza local. En Tailandia, como en cualquier país con diversidad turística y rural, no puede haber un único patrón. Es sensato permitir a municipios y provincias modular licencias y límites, siempre dentro de una ley marco nacional. Y, en paralelo, reforzar la investigación clínica y agrícola: variedades orientadas a uso médico, control de contaminantes, buenas prácticas agrícolas. Legalizar no es abrir la puerta del bar; es profesionalizar una cadena de valor.

Desde un punto de vista político, el liderazgo de Anutin ofrece una ventana interesante: conserva credenciales de orden —respeto a la monarquía, sensibilidad conservadora— y, a la vez, ha demostrado que puede desafiar tabúes cuando la evidencia lo avala. Esa doble cuerda le permitiría estabilizar la regulación y desactivar el péndulo de idas y venidas. El mensaje no puede ser “barra libre” ni “cero tolerancia”, sino “reglas exigentes y resultados medibles”. A la oposición y a los sectores reticentes, dos garantías: protección de menores y tolerancia cero con la conducción bajo los efectos del cannabis, con controles y sanciones comparables a las del alcohol.

Concluiré con una idea sencilla: Tailandia se juega en estos meses algo más que un experimento con el cannabis. Se juega su credibilidad institucional para gestionar reformas complejas sin caer en el pánico moral ni en la improvisación. Si Anutin cumple su promesa de llevar el país a elecciones y, entretanto, deja un marco robusto para el cannabis, habrá demostrado que regular no es ceder, sino mandar bien: ordenar un mercado, reducir daños, cortar alas al delito y poner a la ciencia —no al miedo— al volante. Es, en suma, el camino adulto que muchos países, también España, deberían mirar sin prejuicios.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.