La Federación de asociaciones de usuarios de cannabis ha reclamado hoy a los grupos parlamentarios vascos que impulsen la creación de un registro de estas organizaciones que regule el cultivo y consumo propio de marihuana, lo que permitiría combatir el mercado negro de distribución de esta droga.
El portavoz de esta Federación, Martin Barriuso, ha explicado a Efe que los “clubes sociales” de cannabis cultivan marihuana para sus socios “sin ánimo de lucro” y en un “circuito cerrado”, una actividad considerada “reiteradamente” por los tribunales como “totalmente legal”.
El consumo de drogas personal, ha recordado, no es delito desde el año 1974 y desde entonces, ha indicado, “nadie se ha tomado la molestia de regularlo” lo que genera una inseguridad jurídica “tremenda” en las asociaciones que se dedican a cultivar cannabis ya que continúan las “incautaciones” de plantas e “imputaciones” a sus miembros.
Por ello, ha reclamado una regulación de estas asociaciones y un protocolo para controlar los cultivos de marihuana a través de inspecciones del técnicos de la administración, así como que se autorice el transporte del cannabis hasta las sedes de las asociaciones.
Ha explicado que estas asociaciones “no tienen nada que ocultar”, ha recordado que algunos de sus trabajadores incluso están dados de alta en el Seguridad Social y ha señalado que los cultivos se reparten entre sus socios, que pagan una cuota para sufragar los gastos.
Estos locales, ha subrayado, son domicilios sociales privados, por lo que no les afectan las sanciones administrativas que se imponen por consumo de droga en lugares públicos, unas multas que también la Federación de asociaciones de cannabis pide que desaparezcan.
En su opinión, si se impide funcionar a este tipo de asociaciones “se está favoreciendo el mercado negro”.
Barriuso también ha reiterado que los médicos, en muchos casos, derivan a pacientes a estas asociaciones para que consuman cannabis por motivos terapéuticos “sin que exista ningún tipo de protocolo”.
Tras su exposición en la comisión correspondiente de la Cámara vasca, el portavoz de Aralar, Mikel Basabe, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de esta Federación, mientras que el resto de los partidos no han aclarado si están a favor o no de un registro de estas asociaciones para regular su actividad.
La parlamentaria socialista Teresa Laespada ha reconocido que estas asociaciones se encuentran en una situación “alegal” pero ha defendido continuar con un “debate social” sobre la legalización o no de esta sustancia estupefaciente.
Mikel Martínez (PNV) se ha limitado a decir que la petición de creación de un registro de estas asociaciones tiene “bases sólidas para tenerla en cuenta”, aunque ha pedido a Barriuso que priorice sus reivindicaciones y presente propuestas concretas.