El nuevo proyecto de ley, impulsado por la bancada “Regulación por la Paz”, busca acabar con el estigma, proteger a los usuarios y debilitar el narcotráfico mediante la regulación del cultivo, porte y consumo personal adulto de cannabis.

En una jornada que podría marcar un antes y un después en la política de drogas en Chile, se reingresó este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados un ambicioso proyecto de ley que propone regular el cultivo y uso personal adulto del cannabis. La propuesta, impulsada por la bancada transversal “Regulación por la Paz”, busca dejar atrás el estigma que durante décadas ha criminalizado a los usuarios, y avanzar hacia una legislación moderna basada en la salud, la libertad individual y la justicia social.

Una respuesta a la incoherencia legal vigente

Pese a que el consumo personal y el cultivo doméstico están amparados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, la persecución judicial contra usuarios de cannabis persiste. El nuevo proyecto de ley busca corregir esta incoherencia y liberar recursos del Estado actualmente destinados a perseguir consumidores, para redirigirlos a combatir delitos verdaderamente graves, como el narcotráfico.

“Este proyecto busca ordenar la regulación, dar certezas y liberar recursos del Estado para ir tras los verdaderos responsables del narcotráfico”, explicó la diputada Ana María Gazmuri, reconocida activista y una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

De qué trata el proyecto: derechos, límites y controles

El proyecto establece un marco legal claro para el autocultivo, porte, transporte, tenencia y consumo personal adulto de cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo. Se incorporan principios como los derechos humanos, la autodeterminación, la igualdad ante la ley, la reducción de daños, la protección del interés superior del menor y el fomento de la investigación científica.

Entre las medidas más destacadas:

  • Autocultivo: Se permite a las personas mayores de 18 años cultivar hasta seis plantas en floración en exterior o hasta dos metros cuadrados en interior. Se autoriza almacenar hasta 800 gramos de flores secas por domicilio, siempre fuera del alcance de menores.
  • Delegación del cultivo: Si una persona no puede cultivar por motivos físicos o habitacionales, podrá delegar su derecho mediante una declaración jurada simple a otra persona de su confianza.
  • Cultivos colectivos: Podrán organizarse asociaciones sin fines de lucro con hasta 400 integrantes, con seis plantas por persona y un tope de 800 gramos anuales cada uno. Estarán prohibidos cerca de colegios e instalaciones deportivas y no podrán participar personas menores de edad.
  • Porte autorizado: Se podrá transportar hasta 40 gramos de cannabis psicoactivo. Queda prohibido portar en recintos militares, instituciones públicas y establecimientos educativos, salvo con prescripción médica.
  • Consumo regulado: El uso será lícito en espacios privados y en lugares no prohibidos expresamente por la ley. Se restringe en espacios públicos, centros educativos, de salud, transporte o donde esté vetado fumar, salvo justificación médica.
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Apoyo ciudadano y legitimidad social

El proyecto se apoya en datos contundentes. Según una encuesta realizada por la consultora Tú Influyes para la Fundación Eutopía, el 82% de los chilenos está “de acuerdo o muy de acuerdo” en que es necesaria una nueva regulación sobre cannabis. Además, el 63% considera que la actual legislación no diferencia adecuadamente entre consumidores y delincuentes.

Sobre el perfil de uso en la población, un 69% de los encuestados se declara no consumidor, mientras que un 17% admite un consumo recreativo y un 14% lo hace con fines medicinales. Según cifras expuestas por Claudio Venegas, director de Fundación Eutopía, más de cuatro millones de chilenos adultos reconocen algún tipo de uso del cannabis, siendo el consumo recreativo el predominante con unos 2,5 millones de personas.

Un enfoque de salud, no de castigo

Lejos de promover el uso indiscriminado, el texto legislativo propone una estrategia sanitaria integral: prevención, educación, rehabilitación y reducción de daños. Al reconocer el uso adulto como una realidad social, se abre la puerta a un tratamiento más informado y respetuoso de los derechos individuales.

“Millones de personas han sido perseguidas por usar cannabis, a pesar de que no han infringido la ley”, denunció el diputado Jorge Brito (Frente Amplio), quien destacó que esta legislación ofrece certezas jurídicas y devuelve el enfoque estatal a su lugar: la protección de la sociedad frente al crimen organizado, no frente a los usuarios.

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Regulación para debilitar al narcotráfico

Uno de los pilares discursivos del proyecto es precisamente su capacidad para debilitar a las redes de narcotráfico, que hoy mantienen el monopolio de la oferta para millones de consumidores. “Al regular, debilitamos la principal fuente de ingresos del narcotráfico”, subrayó Brito.

Esta lógica se alinea con experiencias internacionales, donde la regulación legal del cannabis ha permitido reducir la criminalidad asociada al mercado negro, al tiempo que ha generado nuevas oportunidades de empleo, investigación y tratamiento médico.

Un paso firme hacia el futuro

El proyecto de ley no es solo un instrumento legal, sino un gesto político y cultural: una invitación a dejar atrás décadas de criminalización y desinformación, y avanzar hacia un modelo basado en la evidencia, los derechos y el respeto a las decisiones personales.

Queda por ver si el Congreso chileno estará a la altura de este desafío histórico. Lo que es seguro es que el debate ya no se centra en si regular o no, sino en cómo hacerlo de forma justa, responsable y efectiva.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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