En Colombia, en estos días, hemos tenido varias señales que permiten hablar del fin de las fumigaciones aéreas con químicos en contra de los cultivos de coca, amapola y marihuana.

El Consejo de Estado aprobó el 27 de marzo una sentencia que ordena la suspensión de esas fumigaciones en los Parques Nacionales Naturales. Por su parte, la Corte Constitucional, en el auto 073 de marzo del 2014, conminó al Ministerio de Ambiente a presentar en tres meses pruebas y estudios que demuestren la inocuidad de los químicos con los que se han rociado los territorios colectivos de las comunidades negras de la costa nariñense. Esto puede conducir a la prohibición, en julio, de la aspersión área en esos territorios (página 118, auto 073).

Con toda razón las organizaciones afro de todo el andén pacífico, lo mismo que las indígenas y campesinas, reclamarán que en sus territorios se apliquen los mismos criterios para prohibir la guerra con químicos.

La base de la decisión de los dos tribunales es el principio de precaución, que forma parte de los mandatos constitucionales. El Consejo de Estado afirma: «Según dicho principio, cuando exista peligro o riesgo de causar un daño grave o irreversible en materia de medioambiente, se deben tomar medidas tendientes a evitarlo, aun si no se tiene certeza científica de su ocurrencia» (ver texto en www.indepaz.org.co). De esta manera, las cortes retoman criterios esgrimidos desde hace dos décadas por entidades públicas y organizaciones no estatales que han aportado evidencias sobre los impactos negativos de las fumigaciones aéreas, no solo en las especies vegetales, suelos, organismos propios de cuerpos de agua y ríos, sino también en la salud humana. Sobre esto advirtió el Ministerio de Salud en 1991, al exigir estudios epidemiológicos, y en forma expresa la Defensoría del Pueblo en la resolución del 2001, que ahora cita en extenso el Consejo de Estado, en uno de cuyos apartes dice: «En el desarrollo de la estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos mediante químicos, el Estado colombiano ha desconocido dos de sus principales fines constitucionales, cuales son el aseguramiento de la salud y la conservación del medioambiente».

Las cortes, en sus pronunciamientos de marzo, han retomado esos documentos y también estudios a favor de la precaución, aportados por las universidades Nacional y de los Andes; otros, de entidades académicas internacionales, y conceptos del Ministerio de Ambiente y del IICA sobre riesgos para la salud y el ambiente. Además, en lo que concierne a territorios colectivos indígenas y afro, la Corte Constitucional reitera lo dicho desde el 2003 (sentencia 383) sobre la obligatoriedad de la consulta previa de los planes de erradicación para lograr el consentimiento (página 79, auto 073).

Puede decirse que los argumentos y criterios jurídicos son viejos, pero que reviven por el nuevo panorama marcado por la crisis de las políticas internacionales antidrogas y por el coletazo final de la «guerra mundial contra el narcoterrorismo» que ha promovido Estados Unidos. Las contradicciones de la política de Estados Unidos, que es el soporte central de todo el aparato mundial de estos enfoques prohibicionistas y militarizados, han pasado a ser un hecho notorio con la aprobación de políticas más flexibles y de descriminalización de la producción y consumo de marihuana en varios estados, como Colorado y Washington. El mismo Obama ha respaldado ese camino a sabiendas de que desestabiliza todo el andamiaje construido desde la segunda posguerra.

En ese sentido, analistas como Adam Isacson, de la Oficina en Washington para América Latina (Wola), comentó en reciente seminario, realizado en Bogotá, que seguirá la tendencia a la disminución de aportes del presupuesto de Estados Unidos para las fumigaciones aéreas en Colombia hasta ser insignificantes en el 2016. Según Isacson, esa estrategia tampoco le interesa ahora al Comando Sur, que ha constatado su efecto contraproducente al presionar a los cultivadores a la protección de los grupos armados ilegales. Ni siquiera está entre las prioridades de Monsanto, ahora que el glifosato pasó a libertad de patente y libre producción. Parece que a Monsanto le interesa más vender sus nuevas semillas de marihuana genéticamente modificadas que seguir en el negocio del prohibicionismo.

La mayor posibilidad de cerrar el capítulo de las fumigaciones aéreas con químicos como parte de la lucha contrainsurgente, no solo se presenta por el contexto internacional sino por las negociaciones que el Gobierno está realizando tanto en La Habana con las Farc como con los campesinos, que incluyeron en el pliego del paro nacional del 2013 el tema de planes alternativos frente a los cultivos llamados de uso ilícito. Es apenas lógico que si la guerra con químicos se justificó en buena parte con el argumento de debilitarles las finanzas a las Farc, ahora que se vislumbra un acuerdo de finalización del conflicto se les dé lugar a alternativas económicas y sociales para tiempos de paz. En ese panorama se puede leer la visita que hizo en marzo a los Estados Unidos el ministro de Justicia, Alfonso Goméz, para hablar de fumigaciones y de variaciones tácticas en la lucha contra las drogas.

En este tema, como en todos los sustentados en fanatismos, las tendencias son probabilidades mayores en un momento dado, de modo que desde el principio del fin al fin queda mucho trecho: en Colombia los tiempos del fin dependerán no solo de la ampliación de la presión social que hoy ejercen los campesinos, indígenas y afrodescendientes que reclaman un nuevo trato, sino de la opinión ciudadana que logre remover poderes muy interesados en que siga la guerra con químicos y no se les dé espacio a políticas distintas al prohibicionismo radical.

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