Obama parece oponerse a un cambio de rumbo en la política antidroga, a pesar de haber declarado que era necesario cambiar de estrategia.

Cuando el pasado mayo el presidente Barack Obama anunció su nueva estrategia antidrogas para romper con el “círculo vicioso de la dependencia y la delincuencia”, su discurso fue un reconocimiento implícito del fracaso de la guerra que durante 40 años ha librado Estados Unidos dentro y fuera de su territorio.

“No podemos seguir con la misma estrategia y esperar mejores resultados”, fue el mea culpa de un gobierno que quedó reflejado en el mensaje central de la nueva estrategia antinarcóticos que hoy apuesta por la prevención y la reinserción social.

Sin embargo, en su nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, la administración Obama dejó algo en muy en claro: “Esta administración se opone firmemente contra la legalización de la mariguana o cualquier otra droga ilícita porque hacerlo sólo aumentaría su disponibilidad, alentaría su uso y exacerbaría el problema de la dependencia y sus efectos negativos que conlleva”.

En medio de un intenso debate, los responsables en la lucha antinarcóticos en Estados Unidos se oponen frontalmente a la legalización de las drogas. Desde la Oficina de la Casa Blanca para la Fiscalización y la Lucha contra las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), el encargado principal, Gil Kerlikowske, no ha dudado en presentar la legalización de las drogas como una puerta falsa para solucionar el problema: “La legalización de las drogas ha sido presentada por algunos como una especie de cura para terminar con la violencia en México, para resolver los problemas presupuestarios y para solucionar problemas de salud.

“Pero legalizar las drogas o regularlas no es una panacea y el pueblo estadounidense debería ser escéptico frente a quienes proponen la legalización como la mejor forma para resolver todos estos problemas…”, aseguró Kerlikowske en octubre pasado, cuando la reformulación de la estrategia antinarcóticos se encontraba apenas en fase de estudio.

Hace más de un año, cuando un grupo de legisladores en México promovió la despenalización de la mariguana, los responsables de la agencia antinarcóticos, Michelle Leonhart, y su director de inteligencia, Anthony Plácido, advirtieron que esta posibilidad supondría un rotundo fracaso en medio de una de las más encarnizadas y costosas campañas contra los cárteles.

“La legalización de la mariguana en México sólo supondría más miseria y más personas adictas a las drogas”, consideró en ese entonces Plácido.

La idea de promover el debate sobre la despenalización de las drogas no es nueva. De hecho, cada vez que asoma la cabeza, la reacción de Estados Unidos opera en sentido contrario.

En 2006, cuando el gobierno del presidente Vicente Fox sugirió una iniciativa similar, el Departamento de Estado pidió a México evitar “cualquier percepción de que el uso de drogas sería tolerado en México”.

Frente a las resistencias del gobierno federal contra la legalización, está la realidad de 14 estados de la Unión Americana (Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington), donde el debate a favor del consumo de la mariguana se ha saldado a favor de su despenalización para su uso medicinal.

En noviembre próximo el estado de California podría convertirse en el primer estado en legalizar la venta y posesión de la mariguana. Hoy, 14 estados la han legalizado, pero sólo California tiene dispensadores y promueve la venta. En caso de aprobarse la denominada Proposición 19 en noviembre próximo (titulada “Regulate, Control and Tax Cannabis Act of 2010”), el mercado de la mariguana pasaría a ser legal en ese estado, y los gobiernos o ayuntamientos podrían cobrar impuestos por su venta.

Para los defensores de la Proposición 19, más que una licencia para facilitar el consumo de la mariguana, la norma se encargaría de regular y controlar lo que de hecho ya existe en ese estado. Según cálculos de instituciones como Rand Drug Policy Research Center, en caso de prosperar normativas como la de California, el precio caería hasta 80%.

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