Una coalición de 35 fiscales generales pide al Congreso de EE UU que mantenga la nueva definición federal de cáñamo prevista para noviembre
Una coalición bipartidista de 35 fiscales generales estatales y territoriales pidió el 4 de agosto al Congreso de Estados Unidos que rechace cualquier intento de retrasar o debilitar la nueva definición federal de cáñamo, que estrecha el margen legal para productos con THC derivados de la planta.
La novedad llega mientras el Senado estudia una prórroga corta para parte de esas restricciones, un movimiento que ya había abierto una ventana política al sector del cáñamo con THC. El límite principal es que la carta no cambia por sí sola la ley: aumenta la presión política, pero cualquier aplazamiento o corrección debe pasar por el procedimiento presupuestario federal.
El comunicado publicado por el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, afirma que la carta está firmada también por responsables de Indiana, Connecticut, Nuevo México, California, Nueva York, Maryland, Virginia y otros estados. Su argumento central es que reabrir la definición aprobada en 2025 devolvería incertidumbre a estados, empresas y consumidores.
La definición que debe entrar en vigor en noviembre no se limita al delta-9 THC, como hacía el marco federal de 2018. Según la carta, el nuevo criterio contabiliza isómeros y cannabinoides psicoactivos similares, e introduce un techo de 0,4 miligramos de THC total por envase para muchos productos finales derivados del cáñamo.
Ese cambio ha provocado una batalla regulatoria de varias capas. Una parte de la industria defiende un modelo federal con edad mínima, analíticas, etiquetado y fiscalidad, especialmente para bebidas y comestibles de baja dosis. Los fiscales firmantes, en cambio, sostienen que retrasar la entrada en vigor reabriría el mercado a productos intoxicantes poco controlados.
El debate no es abstracto. En los últimos días, Cannabis Magazine ha documentado tanto la demanda federal contra las restricciones de Texas como la decisión del Senado de incluir una prórroga temporal en una propuesta presupuestaria. La nueva carta refuerza el bloque institucional que pide mantener el calendario original.
Para los operadores de cáñamo, el riesgo es doble: una aplicación estricta podría sacar del mercado productos con delta-8, delta-10, THCA o combinaciones de cannabinoides, pero una prórroga sin reglas estables también prolongaría la incertidumbre para fabricantes, comercios y consumidores. Ese es el terreno en el que se mueven las iniciativas de regulación y las demandas estatales.
La discusión afecta a una categoría distinta del cannabis regulado para uso adulto o medicinal, aunque ambos mercados compiten por normas de seguridad, fiscalidad y acceso. Para contexto sobre cultivo y cadena de suministro, el debate sobre cáñamo industrial también conecta con la información técnica que publica El Cultivador sobre la planta y sus usos agronómicos.
La carta de los fiscales generales encaja en un cluster de Google News ya activo sobre cáñamo, Congreso y productos con THC, pero no resuelve el fondo del conflicto: si Estados Unidos quiere prohibir de forma amplia los derivados intoxicantes del cáñamo o sustituir esa prohibición por un sistema nacional de control comparable al de otros productos regulados.
Acerca del autor
Raúl del Pino es un destacado psiconauta, escritor y autoridad en sustancias psicoactivas, especialmente psicodélicos.
En 1996 impulsó, el primer portal en lengua hispana sobre drogas, se ha enfocado en los Estados Modificados de Conciencia y la Psicología Transpersonal. Autor de los libros "Guía contemporánea para el viaje psicodélico" y "MDMA, sexo y tantra", Raúl combina rigor científico con introspección personal, explorando la relación entre psicoactivos, sexualidad y prácticas espirituales. Su trabajo contribuye significativamente a la comprensión y uso responsable de sustancias psicoactivas.
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