El informe federal muestra que unas mil entidades notificaron actividad vinculada al cannabis en 2024, pero el acceso sigue limitado por costes, riesgo legal y pagos restringidos.
La U.S. Government Accountability Office publicó públicamente el 8 de septiembre de 2026 el informe GAO-26-107498, que confirma que la banca del cannabis en Estados Unidos sigue encontrando barreras relevantes para abrir y mantener servicios financieros. El documento examina la guía federal vigente, datos de FinCEN, entrevistas con agencias y grupos de trabajo con entidades financieras y empresas del sector.
La novedad importa porque el acceso a cuentas, crédito y pagos sigue siendo una pieza práctica de la regulación cannábica: sin servicios financieros estables, muchas empresas operan con más efectivo, más costes y más exposición operativa. La cautela central es que el informe no cambia la ley federal ni aprueba una solución legislativa; describe un mercado condicionado por la contradicción entre programas estatales y prohibición federal.
Según la GAO, el número de bancos y cooperativas de crédito que presentaron informes de actividad sospechosa relacionados con negocios cannábicos aumentó entre 2015 y 2019 y después se mantuvo relativamente estable hasta 2024. En ese año, cerca de mil entidades comunicaron operaciones de este tipo, una cifra mayor que al inicio del periodo pero pequeña frente al conjunto del sistema financiero estadounidense.
El matiz es importante: esos registros de FinCEN no prueban que todas esas entidades acepten a empresas cannábicas como clientes habituales. La propia GAO advierte de que algunos informes pueden corresponder a operaciones ocasionales, a negocios auxiliares o a casos en los que el banco no identifica desde el principio la conexión con cannabis.
El informe describe dificultades concretas para las empresas: cierres de cuentas, comisiones elevadas, préstamos más caros, acceso limitado a tarjetas de crédito y problemas para aceptar pagos electrónicos. También recoge que trabajadores y propietarios de negocios cannábicos pueden encontrar obstáculos en servicios personales, como hipotecas, préstamos para vehículos o seguros, por su relación laboral con una actividad legal en algunos estados pero todavía conflictiva a escala federal.
La raíz del problema sigue siendo regulatoria. Desde 2014, FinCEN mantiene una guía para que las entidades puedan operar con negocios relacionados con cannabis cumpliendo obligaciones de la Bank Secrecy Act, incluida la debida diligencia reforzada y la presentación de informes. Pero esa guía no elimina el riesgo percibido por bancos y cooperativas, ni el coste de cumplimiento asociado.
Marijuana Moment situó el informe en la conversación política del 8 de septiembre y recordó que varios legisladores han impulsado de nuevo propuestas de puerto seguro bancario. La lectura del documento primario, sin embargo, obliga a rebajar el titular fácil: la GAO no afirma que haya una sanción sistemática contra bancos por trabajar con cannabis, sino que la incertidumbre legal y la carga administrativa siguen pesando en las decisiones comerciales.
Para Cannabis Magazine, el dato conecta con una cuestión antigua del sector: ya en 2017 explicamos cómo la falta de banca ordinaria empujaba a muchos empresarios de la marihuana a gestionar demasiado efectivo. La diferencia ahora es que el debate cuenta con una auditoría federal reciente, entrevistas estructuradas y datos comparables hasta 2024.
También enlaza con la discusión regulatoria más reciente sobre el cáñamo con THC y los intentos del Congreso de ordenar productos que se mueven entre mercados estatales, banca, fiscalidad y control federal. La pieza sobre cómo la Cámara de EE UU retrasó la prohibición del cáñamo con THC muestra el mismo patrón: la industria avanza más rápido que la arquitectura federal que debería darle reglas previsibles.
Ese impacto alcanza también a negocios auxiliares, desde proveedores de equipos hasta servicios profesionales que no tocan la planta directamente. En esa periferia productiva, El Cultivador ofrece contexto útil sobre cultivo, equipamiento y necesidades técnicas que explican por qué la cadena económica del cannabis es más amplia que el punto de venta.
La consecuencia práctica es doble. Para las empresas, el problema no se limita a pagar más por una cuenta: afecta a inversiones, nóminas, seguros, crédito y seguridad. Para los reguladores, el informe refuerza que la normalización financiera del cannabis no depende solo de que más estados legalicen, sino de una decisión federal capaz de reducir la ambigüedad sin relajar controles contra blanqueo o desvío de productos.
Acerca del autor
Raúl del Pino es un destacado psiconauta, escritor y autoridad en sustancias psicoactivas, especialmente psicodélicos.
En 1996 impulsó, el primer portal en lengua hispana sobre drogas, se ha enfocado en los Estados Modificados de Conciencia y la Psicología Transpersonal. Autor de los libros "Guía contemporánea para el viaje psicodélico" y "MDMA, sexo y tantra", Raúl combina rigor científico con introspección personal, explorando la relación entre psicoactivos, sexualidad y prácticas espirituales. Su trabajo contribuye significativamente a la comprensión y uso responsable de sustancias psicoactivas.
- Raúl del Pinohttps://www.cannabismagazine.net/autor/raul-del-pino/
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