La carta distingue el acceso financiero de la legalización y mantiene los controles contra el blanqueo de capitales
Dieciséis gobernadores de Estados Unidos han pedido al Congreso que impulse la SAFE Banking Act para facilitar servicios bancarios a empresas de cannabis autorizadas por los estados. La carta, fechada el 9 de noviembre y difundida el 10, tiene como primer firmante a Wes Moore, gobernador de Maryland.
La petición vincula el uso de efectivo con dificultades para pagar nóminas, obtener financiación y supervisar operaciones. Es un problema que también documentó la GAO en su informe sobre servicios bancarios. La carta no supone la aprobación de la reforma: los firmantes solicitan que avance y subrayan que no obligaría a los estados a legalizar el cannabis.
Una petición sobre bancos y supervisión
El llamamiento identifica los proyectos H.R. 9471 y S. 4942 y dirige la petición a dirigentes del Congreso y comisiones competentes. Incluye tanto a operadores de cannabis con autorización estatal como a negocios que les prestan servicios. También cita las dificultades de las administraciones para ingresar impuestos y tramitar tasas de licencias.
La carta no plantea eliminar las obligaciones de vigilancia financiera. Defiende integrar las operaciones en entidades reguladas que identifiquen a sus clientes, examinen transacciones y comuniquen actividades sospechosas a FinCEN. El acceso bancario se presenta así como un instrumento de trazabilidad, además de una reclamación empresarial.
Qué aporta el contraste con la GAO
El informe sobre servicios bancarios de la GAO, difundido el 8 de septiembre, ayuda a matizar el diagnóstico. La agencia no encontró indicios de sanciones impuestas a entidades financieras exclusivamente por atender a empresas de cannabis. Aun así, documentó cierres de cuentas, comisiones elevadas y problemas para obtener préstamos o aceptar pagos.
Son experiencias recogidas en grupos de discusión y entrevistas, no una medición representativa de todos los negocios. La diferencia importa: existe acceso financiero para parte del sector, pero disponer de una cuenta no garantiza crédito, cobro con tarjeta o continuidad del servicio. La carta reclama modificar ese marco; no demuestra que sus efectos estén ya resueltos.
La petición también debe distinguirse de los registros federales de dispensarios medicinales. Amplía un problema descrito en la cobertura anterior del informe de la GAO, ahora con una petición política nueva. Registro, autorización estatal y servicios bancarios afectan a ámbitos diferentes. La información sectorial de El Cultivador permite seguir cómo las condiciones de la actividad legal repercuten en productores y negocios.
Imagen: Fotografía de archivo del recuento de dólares; no identifica una empresa de cannabis ni documenta la carta de los gobernadores. olia danilevich / Pexels, licencia Pexels. Sin recorte. Fuente de la fotografía. Licencia de uso.
Acerca del autor
Escritor especializado en cannabis y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.
- Justin Vivero
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