Por Jeffrey A. Miron. En noviembre de 2010, los votantes de California tomarán en consideración un proyecto de ley que pretende legalizar la marihuana en ese estado. Las encuestas sugieren que el proyecto saldrá adelante, si bien por el momento no ha habido un debate en profundidad.

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¿Debería California, o EEUU, legalizar la marihuana? Sí. Por multitud de razones.

La legalización sacaría del mercado negro a la industria de la marihuana, de la misma manera que la derogación de la prohibición del alcohol restauró la industria legal relacionada con la comercialización de este producto. Puede que una pequeña parte del mercado de la marihuana permanezca en los predios de la ilegalidad, pero si la regulación y la tributación son moderadas, gran parte de los productores y consumidores elegirán estar en el sector legal, como ocurrió con los productores y consumidores de alcohol.

La legalización, por lo tanto, eliminaría gran parte de la violencia y la corrupción presentes en el negocio de la marihuana. La violencia y la corrupción se dan porque quienes toman parte en los mercados negros no pueden resolver sus disputas recurriendo a medios no violentos tales como la interposición de demandas en los tribunales, la publicidad o el cabildeo. La violencia y la corrupción, supuestamente inherentes a los sectores relacionados con el vicio, prácticamente desaparecen cuando los vicios son legales, como puede comprobarse en los países en que el alcohol, la prostitución y el juego, por poner tres ejemplos, son legales.

Hay más. Beneficios, se entiende. Los enfermos de cáncer ya no se verían en un limbo legal, o estigmatizados socialmente, por emplear marihuana para lidiar con las náuseas que les produce la quimioterapia. Los atropellos a las libertades civiles y el uso de estereotipos raciales negativos disminuirían. La calidad del producto experimentaría una mejora sustancial, y los consumidores por fin tendrían capacidad de elección.La legalización posibilitaría, además, un notable saneamiento de las cuentas públicas, pues éstas se verían beneficiadas por un aumento de la recaudación y una disminución del gasto dedicado a seguridad y justicia. Recientemente calculé que podríamos reducir el déficit en unos 20.000 millones de dólares al año.

El único impacto negativo sería, quizá, un aumento del consumo, pero probablemente sería de poca entidad. La derogación de la prohibición del alcohol produjo un aumento en el consumo de cerca del 20%, pero la legalización de facto de la maría en Portugal (2001) no provocó subida detectable alguna; de hecho, al cabo de un tiempo el consumo incluso bajó. Según los datos de que se dispone, no parece haber demasiada relación entre consumo y condición legal: así, el porcentaje de consumidores es similar en EEUU y en los Países Bajos, donde la marihuana está virtualmente legalizada.

Le legalización, por supuesto, no acabará con todos los problemas relacionados con el uso de la marihuana. Ahora bien -y de nuevo volvamos la vista al caso del alcohol-, los efectos negativos de la prohibición son más perniciosos que los efectos negativos derivados de la legalidad de su consumo.

Lo mejor sería que el gobierno federal levantara la prohibición y permitiera a cada estado regular el uso como le parezca apropiado, y que le imponga los tributos que estime oportunos. Así nos ahorraríamos los conflictos que se pueden generar si, finalmente, California decide dejar de proscribir la maría, pues entonces entrará en conflicto con la legislación federal.

Sea como fuere, el paso dado por el Golden State es muy valioso: puede que otros sigan su ejemplo y que, finalmente, el gobierno federal haga lo propio.

La prohibición de la marihuana ha estado tan mal concebida como lo estuvo la prohibición del alcohol. Aprendimos la lección una vez; ya ha llegado la hora de que nos refresquemos la memoria.

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