La ciudad espera ingresar 10 millones de dólares anuales por la recaudación, que se destinará a reducir el déficit público.
La ciudad de Los Ángeles espera ingresar 10 millones de dólares anuales por la recaudación de este nuevo impuesto que deberán abonar los dispensarios y farmacias que vendan bajo receta médica dosis controladas de marihuana, según ha informado el diario Los Angeles Times.
«Nuestra ciudad debe afrontar un déficit presupuestario de 350 millones de dólares y este impuesto ayudará a reducirlo», ha asegurado el portavoz del consejo municipal y uno de los defensores de este impuesto Paul Koretz.
La marihuana podrá ser distribuida en la ciudad californiana por 141 dispensarios. Los votantes han aprobado que este impuesto grave el 5% de la hierba adquirida.
Pero ya han surgido las primeras voces contrarias a que se aplique un impuesto para el uso medicinal de la marihuana. «Nos oponemos a la medida M (así se denomina el nuevo gravamen de la droga), más por razones prácticas», señala Kris Hermes, portavoz del grupo Americanos por un Acceso Seguro (ASA).
«La ciudad está intentando poner sus problemas de presupuesto en las espaldas de los pacientes», dijo.
La medida M, aprobada por los votantes el pasado martes, establecerá un gravamen del 5% a la venta de la marihuana con fines médicos, equivalente a un pago de 50 dólares por cada 1,000 dólares reportados por los dispensarios.
Distintas ciudades de California no han desaprovechado la oportunidad de equilibrar sus finanzas con las ganancias provientes de una droga que para el gobierno federal no ha dejado de ser ilegal.
Los opositores de la iniciativa, sin embargo, afirman que los colectivos operan como organizaciones sin fines de lucro y que sólo reciben un «reembolso» por la siembra y distribución de la hierba.
En teoría, los colectivos no deberían estar sujetos a pagar impuestos por ofrecer un servicio sin fines de lucro, pero Hermes explicó que para recibir este beneficio se deben registrar ante el gobierno federal, que es un trámite que éstos consideran de riesgo. «Sería como poner una bandera roja y decirles: ‘aquí estamos, ven por mí'», explicó.
Un día antes que los votantes decidieran fijar un impuesto a la hierba, la Fiscalía de la ciudad envió una carta a aquellos locales que no se inscribieron para participar en un sorteo, método adoptado para elegir a los cien colectivos que sí podrán operar. El documento les pedía cerrar sus puertas.
Hace diez meses, la Procuraduría repartió advertencias a casi 440 dispensarios, pero el esfuerzo se vio interrumpido por una demanda que alegaba un intento ilegal de dejar sin la «medicina» a miles de pacientes.
A finales de 2010, un juez limitó de manera temporal partes de la ordenanza, enfatizando que gran parte de los colectivos podrían volver a abrir sus puertas. En medio de un laberinto legal, el Concejo volvió a ver el surgimiento de colectivos por toda la ciudad.
Actualmente, la Oficina del Secretario de la ciudad revisa que 228 colectivos registrados cumplan con distintos requisitos, como operar desde el 14 de septiembre 2007.
Por otra parte, un informe del Sheriff de Los Ángeles afirma que el incremento de crímenes en ciertas áreas del condado está relacionado con la presencia de dispensarios.