La moratoria urbanística en la capital de la Marina Alta no debe ser un cerrojo, sino la oportunidad para normalizar una realidad social que ya no cabe bajo la alfombra de la prohibición.
Dénia amanece hoy con una decisión administrativa que, bajo el frío lenguaje de la burocracia, esconde uno de los debates más profundos y postergados de nuestra sociedad. El Ayuntamiento ha decidido echar el freno de mano. Se suspenden, durante un año prorrogable, las licencias para las asociaciones de fumadores de cannabis en el centro urbano y zonas periféricas. La maquinaria municipal, encarnada en la figura de la concejala Maria Josep Ripoll, argumenta razones de ordenamiento, de seguridad, de «parámetros constructivos». Y uno, leyendo la letra pequeña del acuerdo plenario, no puede evitar preguntarse si estamos ante una medida cautelar técnica o ante el enésimo síntoma de un miedo político a mirar a los ojos a la realidad.
La noticia, en su superficie, nos habla de urbanismo. Se nos dice que falta una normativa específica, que hay que garantizar la seguridad de los usuarios y evitar molestias a los vecinos. Es un argumento impecable desde la gestión; nadie desea locales inseguros ni conflictos de convivencia. Sin embargo, si rascamos esa superficie de hormigón y ordenanzas, lo que encontramos es el vacío legal y la hipocresía con la que España sigue tratando el asunto del cannabis.
«No se puede regular lo que se niega, ni se puede ordenar lo que se prefiere mantener en la penumbra.»
El miedo a la normalización
Dénia, como tantas otras ciudades españolas, se enfrenta a la proliferación de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC). Estos espacios no son antros de perdición, como cierta moralina caduca quiere hacernos creer, sino la respuesta de la sociedad civil al fracaso estrepitoso de las políticas prohibicionistas. Son lugares donde usuarios adultos deciden consumir una sustancia de forma compartida, alejados del mercado negro, sin financiar a mafias y bajo ciertos controles de calidad.
Cuando la administración decide congelar las licencias para «estudiar el modelo», corre el riesgo de enviar un mensaje equívoco. Si la intención es, efectivamente, crear un marco seguro donde estos clubes puedan operar con las mismas garantías que una cafetería o un estanco, bienvenida sea la pausa. Pero la historia nos ha enseñado a desconfiar. A menudo, estas moratorias urbanísticas son la forma elegante de decir «no en mi patio trasero». Se busca alejar a los usuarios del centro, como si su presencia manchara la postal turística, empujándolos a polígonos o zonas apartadas, relegando el consumo a la marginalidad geográfica.
Es fundamental recordar que el usuario de cannabis no desaparece porque se le cierre la puerta de un club. Al contrario. Si Dénia dificulta el acceso a espacios regulados, no reducirá el consumo un solo gramo; simplemente desplazará a esos ciudadanos a los parques, a las esquinas oscuras, al menudeo incontrolado. La prohibición, o en este caso la traba administrativa, nunca ha eliminado la demanda; solo ha precarizado la oferta y ha eliminado la seguridad sanitaria.
La seguridad como excusa o como meta
La concejala Ripoll menciona la necesidad de garantizar la evacuación y la seguridad de los aforos. Es un punto indiscutible. Cualquier local de concurrencia pública debe ser seguro. Pero, ¿acaso no exigimos lo mismo a los cientos de bares que pueblan Marqués de Campo o Baix la Mar? ¿Por qué la lupa sobre los clubes cannábicos parece tener siempre un aumento mayor?
Existe una tendencia a tratar el cannabis bajo una óptica de excepcionalidad peligrosa. Se nos olvida que el alcohol, legal y omnipresente, genera infinitos más problemas de orden público y salud en nuestras calles cada fin de semana que el consumo sosegado de marihuana en el interior de una asociación privada.
La regulación que Dénia promete redactar en este año de paréntesis debe ser una oportunidad de oro. No para poner trabas imposibles, sino para ser pioneros en la integración. Una normativa valiente no se limitaría a decir «dónde no» pueden estar, sino que establecería «cómo sí» pueden convivir. Hablamos de insonorización, de filtros de aire potentes para evitar olores, de horarios sensatos. Hablamos de tratar a los clubes como lo que son: espacios de socialización de adultos responsables.
La ética de la libertad individual
Más allá de los metros cuadrados y las licencias de actividad, subyace un debate ético. La suspensión de licencias en Dénia es un microcosmos de la parálisis nacional. Mientras países como Alemania, Canadá o Estados Unidos avanzan hacia la legalización integral, en España seguimos instalados en la inseguridad jurídica. Los ayuntamientos se ven forzados a usar herramientas de urbanismo para gestionar un asunto que debería estar resuelto por leyes de salud pública y libertades civiles.
El prohibicionismo es una batalla perdida que ha costado demasiado dinero y sufrimiento. La vía de los Clubes Sociales de Cannabis es, hoy por hoy, la alternativa más sensata y «a la española» para transitar hacia la legalización. Permite el control, permite la prevención de riesgos y separa al usuario del entorno delictivo.
Por ello, esta moratoria en Dénia debe vigilarse con lupa. Si este año de suspensión sirve para redactar una ordenanza que reconozca la realidad, que proteja a los vecinos pero también los derechos de los usuarios, habrá valido la pena. Pero si se utiliza el urbanismo como arma para asfixiar a las asociaciones, estaremos retrocediendo.
Un llamamiento a la valentía política
Desde esta tribuna, invitamos al Consistorio de Dénia a que no tenga miedo. La sociedad va siempre dos pasos por delante de la legislación. Los vecinos de Les Roques o del Saladar no tienen por qué temer a un club cannábico bien regulado; deben temer al mercado negro que surge cuando no hay regulación.
«La verdadera seguridad ciudadana nace de la inclusión y la norma clara, no de la prohibición y el tabú.»
Esperemos que, cuando se levante esta suspensión dentro de un año, Dénia no se encuentre con menos libertad, sino con más orden. Que la nueva normativa no sea un muro, sino una puerta. Porque la libertad de un adulto para decidir qué consume en un ámbito privado, sin dañar a terceros, es un principio que una democracia madura no debería tardar tanto en digerir.
Hagamos de la pausa un momento de reflexión constructiva. Regulen, sí, pero para permitir, no para prohibir. Porque el futuro, nos guste o no, es verde, y tratar de detenerlo con burocracia es como intentar parar el viento con las manos.
Acerca del autor
Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.
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