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Cerca del 60% de las licencias para cultivar cannabis medicinal en España está en manos de capital extranjero

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Empresas de EEUU, Canadá y Gran Bretaña poseen la mayoría de las entidades que disponen de autorización de la Agencia Española de Medicamentos, cuyos criterios de adjudicación critican organizaciones cannábicas nacionales por falta de transparencia.

El mercado siempre va a una velocidad mucho mayor que cualquier administración, cualquier parlamento. Y en eso la industria del cannabis no es una excepción. Casi el 60% de las licencias que tiene concedidas actualmente el Gobierno para producir cannabis con fines médicos y científicos se encuentra en manos de capital extranjero, que ha visto en España una oportunidad de mercado pese a tratarse de un país donde aún no ha sido legalizado su uso, aunque sí se permite su exportación.

Las autorizaciones para cultivar cannabis con fines medicinales las concede con carácter temporal la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/1967 de 8 de abril, firmada en el Palacio del Pardo por el general Francisco Franco. Y cuatro de las siete licencias que actualmente se encuentran en vigor, según la última actualización de la AEMPS realizada el pasado 31 de enero, son de empresas financiadas con capital procedente de otros países, fundamentalmente EEUU, Canadá y Gran Bretaña, las tres potencias mundiales de la industria cannábica regulada. Otras doce entidades tienen autorización para cultivar, pero únicamente con fines de investigación.

La última empresa con capital extranjero que ha obtenido una licencia para cultivar marihuana medicinal en España es Ondara Directorship, perteneciente al fondo de inversiones Full Moon Investments de EEUU, especializado en la financiación de proyectos en el sector del CBD y el cannabis medicinal. En 2020, Ondara adquirió en Garray, Soria, las instalaciones del que había sido el mayor invernadero de rosas de Europa con el objetivo de compaginar ese cultivo con el de cannabis.

Full Moon se había limitado hasta entonces a invertir en proyectos de producción de CBD y cannabis medicinal en EEUU y Colombia, pero con la entrada en Ondara ha ampliado su nicho de mercado a Europa. No obstante, a diferencia de otras empresas que disfrutan ahora de una autorización de la AEMPS para cultivar cannabis en España, Ondara obtuvo la licencia a posteriori, es decir, después de haber adquirido el invernadero de Garray, aunque, finalmente, ha optado por abandonar la producción de rosas para centrarse únicamente en la de marihuana medicinal.

El año pasado, otro importante movimiento de capital en Estados Unidos afectó de lleno a otra de las empresas con autorización para cultivar marihuana en España: Medalchemy, ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante. La empresa Curaleaf Holdigns, el operador multiestatal con mayor volumen de negocio en el sector del cannabis medicinal de EEUU, compró la compañía británica Emmac Life Sciences Limited, que era hasta entonces la propietaria de Medalchemy y, por tanto, de la licencia de la AEMPS que la entidad española disponía desde junio de 2020, la primera que se concedió durante el mandato del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Curaleaf, que pagó unos 237 millones de euros para adquirir Emmac, enmarcó esta compra en el contexto de una estrategia de expansión en Europa, el mayor mercado potencial del mundo de cannabis medicinal. «Curaleaf se convertirá inmediatamente en el operador multiestatal de EEUU con la mayor presencia europea. Basándonos en los hábitos de consumo que hemos visto en EEUU, creemos que con el tiempo Europa podría superar los 120.000 millones de dólares en oportunidades de mercado», declaró el CEO de la compañía estadounidense, Joseph Bayern, al hacer pública la compra de Emmac. Y no se olvidó el responsable de Curaleaf de subrayar que la empresa británica que acababan de adquirir ofrecía «operaciones de cultivo, procesamiento, distribución e I+D en varios mercados clave de cannabis medicinal», entre ellos España.

Medalchemy es la que tiene la autorización de la AEMPS para cultivar cannabis en España con fines medicinales y la que puede solicitar su renovación, pero ahora los propietarios de esa empresa se encuentran en Wakelfield, Massachusetts, desde donde controlan un emporio que cotiza en la Bolsa de Canadá y abarca más de un centenar de dispensarios y de 50 emplazamientos de cultivo y procesamiento, con casi 4.000 empleados, para la producción de aceites, lociones tópicas, cápsulas, tinturas, pastillas y comestibles de cannabis.

La parcela de 150 metros que hizo subir la bolsa de Toronto

Antes de Curaleaf, ya había logrado entrar en España otro de los gigantes de la industria mundial del cannabis, la canadiense Canoppy Growth, gracias a la adquisición de una pequeña empresa, Cáñamos y Fibras Naturales SL, Cafina, que disponía de una superficie de cultivo de tan sólo 150 metros cuadrados, pero que contaba con algo mucho más valioso: una autorización de la Agencia Española de Medicamentos para producir marihuana con fines médicos. Y esa compra produjo réditos inmediatos: las acciones de Canopy subieron dos puntos en la Bolsa de Toronto nada más anunciar la compra de una diminuta empresa ubicada en un pueblo de la provincia de Alicante.

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Cafina estaba asentada en la Vega Baja del Segura, entre Catral y Callosa de la Segura, la localidad que se conoce como la Ciudad del Cáñamo, porque de allí salía antiguamente la mayor producción de España de hilos, cuerdas y redes hechas con ese material. Cuando la compañía canadiense la compró, sus responsables afirmaron en un comunicado: «Agregar Cafina nos permitirá desarrollar rápidamente nuestra presencia en España, utilizando su licencia de cultivo existente como plataforma de lanzamiento».

La cuarta empresa con autorización de cultivo en España que se halla en manos de capital extranjero es Linneo Health, heredera de Alcalíber, la compañía del magnate Juan Abelló líder mundial de la producción de morfina para la industria farmacéutica. Linneo Health está participada en un 60% por el fondo británico GHO y en un 40% por Torreal, vehículo inversor de Abelló. Y una licencia para cultivar cannabis con fines médicos como de la que disponía Alcalíber le fue concedida posteriormente a Linneo Health.

Tras la transformación del negocio, Linneo Health declara poseer una superficie de 40.000 metros cuadrados para el cultivo de flor de cannabis y capacidad industrial para el procesado de más de 12.000 toneladas al año de material vegetal para la producción de extractos y principios activos derivados de la planta de la marihuana. Toda esa potencial producción, de momento y hasta que no se regule su uso en España, tendrá que ir destinada por completo a la exportación a otros países en los que si esté legalizado.

Las otras tres empresas que cuentan actualmente con autorización de la AEMPS para cultivar cannabis con fines médicos son las españolas Medical Plants, ubicada en la provincia de Almería y nacida de una compañía productora de tomate de alta calidad, Cualin Quality; Phytoplant Research, empresa del Parque Científico Tecnológico Rabanales de Córdoba, y Cannabasa Agro Pharma, que tiene su sede en Madrid.

Críticas a la falta de transparencia de las licencias

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis se ha mostrado siempre muy crítico con el sistema que utiliza la AEMPS para aprobar o denegar las autorizaciones para cultivar marihuana

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis se ha mostrado siempre muy crítico con el sistema que utiliza la AEMPS para aprobar o denegar las autorizaciones para cultivar marihuana, a su entender, falto de transparencia. Este grupo español de expertos en aspectos jurídicos, legales y sociales sobre el uso de la planta hizo un informe específico sobre las licencias de la Agencia Española de Medicamentos y ha presentado hasta dos escritos ante ese organismo del Ministerio de Sanidad solicitando información sobre los criterios que sigue a la hora de aprobar o rechazar una autorización, escritos de los que asegura aún no ha obtenido respuesta alguna, por lo que pondrá el tema en conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En su informe, el Observatorio afirma que «la falta de transparencia» se une a «una burbuja financiera internacional» en torno a la industria del cannabis, principalmente en EEUU y Canadá, «con sobornos a funcionarios, conflictos de interés, caídas épicas en las cotizaciones, malas prácticas, demandas por fraude y desinformación al accionista, excesos de producción y bajadas de precios». Precisamente, hace poco más de una semana la publicación especializada estadounidense MJDaily advertía en una información de que los analistas «han recortado en cientos de millones de dólares sus previsiones de venta para 2022» de los tres grandes productores canadienses, Tilray, Canopy Growth y Aurora, debido a una pérdida de participación en el mercado «frente a rivales más pequeños y ágiles».

El portavoz del Observatorio Europeo, Hugo Madera, aun admitiendo que la transparencia de la AEMPS ha mejorado algo desde que está a su cargo María Jesús Lamas, considera que queda todavía mucho por avanzar para clarificar los criterios de la Agencia respecto a las autorizaciones para el cultivo de cannabis. «El problema de fondo –explica- es que las leyes sobre las que está reglado este tema no están preparadas para ello».

Hugo Madera se refiere, fundamentalmente, a la ley de 1967 aprobada durante el régimen de Francisco Franco con la que se regula en 2022 todo lo concerniente a la autorización de un cultivo de cannabis con fines médicos o de investigación en España. Por esa razón, debe aprobarse, a su juicio, una nueva ley que tenga en cuenta la realidad actual, muy distinta a la que había en nuestro país y en el resto del mundo hace más de 50 años.

El temor de este grupo de expertos es que la subcomisión que se ha creado en el Congreso para estudiar las experiencias regulatorias del cannabis medicinal en otros países, con vistas a su posible legalización en España, concluya con una propuesta que se limite a aprobar un reglamento para desarrollar la ley de 1967 con parámetros actuales. «Para solucionar el tema de las licencias tiene que aprobarse una ley, porque el reglamento de una ley anticuada sólo servirá para propiciar un oligopolio de unas pocas empresas que encarecerá los precios y dejará fuera a los pequeños cultivadores y a las asociaciones de usuarios», advierte el portavoz del Observatorio.

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La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC) también es crítica con la transparencia de la AEMPS, cuya opacidad, a su entender, favorece el arraigo de grandes empresas extranjeras en España y de las malas prácticas por el desconocimiento de los criterios que se siguen para las licencias. «Un organismo público debería ser transparente. Las grandes empresas van más rápido que las instituciones», advierte su portavoz, Ana Afuera.

La representante de CONFAC señala, además, que una buena parte de las empresas de EEUU y Canadá que han entrado en la industria del cannabis tienen vinculaciones con compañías tabaqueras y de bebidas alcohólicas, y luego acaban expandiéndose a otros países. «No es un plato de buen gusto, pero es algo que se preveía, que estas grandes empresas iban a entrar para quedarse con el negocio del cannabis», se lamenta Afuera.

Pero lo que más le preocupa ahora a la Confederación de Asociaciones Cannábicas, según su portavoz, es la salud de los pacientes que tratan sus dolencias con cannabis y los derechos de las personas que integran las asociaciones de usuarios y de quienes cultivan para su consumo, que haya, en suma, una regulación en España que contemple sus intereses y sus necesidades.

En una de las recomendaciones que hace en su informe sobre las autorizaciones de cultivo, el Observatorio Europeo solicita «privilegiar al sector del cannabis español frente a la intervención de multinacionales». Y también aconseja que se establezca un control para que no se produzca un traspaso de licencias como el que pudo producirse con la venta de Alcalíber a Linneo Health por 9,3 millones de euros. «El problema no está en la Agencia, sino en las decisiones políticas que se toman. No conocemos cuáles son los mecanismos de control y si son los mismos en todos los casos. ¿Es una licencia o un canuto que se están rulando?», se pregunta con sarcasmo Hugo Madera.

El Observatorio Europeo fue la organización que asesoró a un residente en un centro de discapacidad de Ferrol, Juan Manuel Rodríguez Gantes, quien el año pasado solicitó a la AEMPS una autorización para cultivar cannabis con fines medicinales, ya que asegura que la marihuana le alivia los fuertes dolores que sufre a consecuencia de la tetraplejia que padece desde hace más de 30 años. La solicitud, sin embargo, fue desestimada por el organismo del Ministerio de Sanidad, que considera que el cultivo de cannabis para autoconsumo privado no se encuentra entre los usos de los estupefacientes industriales, terapéuticos, científicos y docentes susceptibles de ser autorizados con arreglo a la Ley 17/1967, de 8 de abril.

En su respuesta a la solicitud de Rodríguez Gantes, la AEMPS señala que el cannabis obtenido debe producirse y fabricarse de conformidad con las directrices técnicas establecidas a nivel de la UE, y con los controles correspondientes, de forma que se asegure la calidad del mismo. Y a continuación alega que «el solicitante no aporta documentación que acredite que dispone de medios propios para la producción y fabricación de principios activos estupefacientes (cannabis) con las garantías de que cumplirá las normas de correcta fabricación, asegurando la producción, fabricación y uso con los controles que la normativa prevé y cuyo objetivo final es garantizar el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos».

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.