El proyecto H.R. 10504 impediría usar el consumo previo de marihuana como veto automático en empleos federales y autorizaciones de seguridad

Los representantes Jamie Raskin y Zachary Nunn presentaron el 18 de septiembre de 2026 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el H.R. 10504, conocido como CURE Act, una propuesta para que el consumo previo de marihuana no pueda usarse por sí solo para negar un empleo federal, una autorización de seguridad o una credencial de acceso.

La iniciativa importa porque conecta la reforma del cannabis con el mercado laboral federal y la seguridad nacional, pero su alcance es limitado: es un proyecto de ley recién introducido, no una norma vigente, y no elimina los controles de idoneidad ni protege necesariamente el consumo actual en todos los supuestos.

Según el texto descrito por sus promotores y localizado bajo el número oficial H.R. 10504, la medida obligaría a las agencias federales a revisar decisiones anteriores en las que una persona hubiera perdido una oportunidad por consumo pasado de cannabis. El umbral clave es que esa decisión se hubiera basado solo en ese antecedente, no en un conjunto más amplio de factores de seguridad, desempeño o conducta.

El proyecto llega en un momento en el que la política federal estadounidense mantiene tensiones internas: varios estados permiten el uso médico o adulto de cannabis, mientras que muchos procesos federales siguen evaluando la marihuana bajo criterios heredados de la prohibición. Cannabis Magazine ya ha seguido esas fricciones en ámbitos como las barreras bancarias federales para empresas de cannabis y las restricciones que afectan a trabajadores sometidos a reglas nacionales, como ocurre con pilotos y camioneros que usan cannabis medicinal.

Una reforma laboral, no una legalización federal

La diferencia es importante. El CURE Act no legaliza el cannabis a escala federal ni cambia por sí mismo las normas de consumo dentro de una agencia. Su foco está en evitar que un antecedente de uso pasado opere como exclusión automática cuando una persona solicita empleo público, una acreditación o una autorización de seguridad.

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Esa precisión también reduce el riesgo de leer la propuesta como una carta blanca. Las agencias seguirían pudiendo valorar otros elementos de idoneidad, y el Congreso tendría que tramitar el texto antes de que hubiera cambios reales. En la práctica, la noticia está en el intento de convertir en regla legal una tendencia que algunas oficinas federales ya han ido modulando caso por caso.

Para el sector cannábico, la señal política es relevante porque desplaza parte del debate desde la compraventa de productos hacia los derechos civiles, el acceso al empleo y la coherencia regulatoria. En paralelo, el contexto de cultivo, trazabilidad y normalización profesional del cannabis sigue siendo clave para entender por qué estas barreras laborales tienen impacto más allá de los consumidores; en ese plano, El Cultivador aporta una mirada técnica útil para lectores interesados en la cadena productiva.

La pieza también encaja en una conversación más amplia sobre el reencaje federal del cannabis tras la reordenación parcial de productos médicos y los debates sobre cáñamo, seguros y banca. El límite, por ahora, es procedimental: mientras el H.R. 10504 no avance en comité y no sea aprobado por ambas cámaras, sus efectos son políticos y de agenda, no jurídicos para los solicitantes.

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