El CLAIM Act busca proteger a aseguradoras y operadores legales, pero aún debe avanzar en el Congreso
La congresista Nydia Velázquez y el congresista Warren Davidson reintrodujeron en Estados Unidos el CLAIM Act el 16 de septiembre de 2026, según el comunicado oficial de Velázquez, con el objetivo de blindar a aseguradoras, corredores y agentes que trabajen con negocios de cannabis legales a escala estatal.
La medida importa porque el sector sigue atrapado entre permisos estatales y prohibición federal: una tienda, un cultivador o un fabricante pueden operar con licencia local y, aun así, encontrar dificultades para contratar coberturas básicas. La cautela es clave: el proyecto ha sido reintroducido, no aprobado, y su efecto real dependerá de si supera el trámite legislativo en el Congreso de Estados Unidos.
El texto plantea que las autoridades federales no puedan iniciar procesos penales ni imponer determinadas responsabilidades civiles a empresas de seguros por prestar servicios a negocios de cannabis que cumplen la legislación del estado en el que operan. En la práctica, intenta trasladar al mercado asegurador una lógica parecida a la que se reclama desde hace años para la banca cannábica: reducir el riesgo legal federal para que los operadores regulados accedan a servicios normales.
Ese punto conecta con una carencia ya documentada en el sector. La GAO confirmó barreras bancarias para el cannabis en un informe reciente, y el seguro se mueve en una zona de incertidumbre similar: sin pólizas suficientes, un incendio, una inundación, un robo o una reclamación laboral pueden comprometer negocios que ya pagan tasas, cumplen requisitos de licencia y se someten a controles estatales.
Qué cambia y qué no cambia
La propuesta no legaliza el cannabis a nivel federal ni modifica por sí sola la Ley de Sustancias Controladas. Su alcance es más acotado: crear una protección específica para entidades aseguradoras y profesionales del seguro cuando atienden a empresas de cannabis reconocidas por leyes estatales. Por eso es una pieza de infraestructura regulatoria, no una reforma integral de legalización.
El proyecto también ordenaría a la Government Accountability Office estudiar barreras de entrada para mujeres y empresarios de minorías en la industria del cannabis. Ese añadido sitúa la discusión más allá de una cuestión técnica de pólizas: si el acceso a capital, banca y seguros queda concentrado en operadores con más músculo financiero, los mercados legales pueden reproducir desigualdades incluso cuando nacen bajo programas de equidad.
La propia nota oficial subraya que el CLAIM Act cuenta con apoyo de asociaciones del sector asegurador. Una carta de respaldo fechada el 8 de septiembre sostiene que la diferencia entre ley estatal y federal expone a aseguradoras a incertidumbre legal y que un puerto seguro permitiría servir tanto a negocios de cannabis como a clientes con relación indirecta con esa actividad.
Un frente financiero más amplio
Para los negocios de cannabis en Estados Unidos, el seguro no es un detalle administrativo. Es una condición para alquilar locales, financiar instalaciones, cubrir inventario, proteger empleados y responder ante daños. La falta de coberturas también puede encarecer la operación y favorecer a empresas grandes frente a pequeños operadores, justo cuando varios estados intentan consolidar mercados regulados sin expulsar a licenciatarios locales.
La reintroducción llega además en un momento de presión federal sobre servicios esenciales para el cannabis. La disputa por licencias estatales, comercio interestatal y trato a operadores de fuera del estado ya ha llegado al Supremo de EE UU por las licencias de cannabis, mientras el Congreso mantiene abiertas iniciativas parciales sobre banca, cáñamo, fiscalidad y salud pública.
En el tramo productivo, la cobertura de riesgos también afecta a instalaciones de cultivo, transformación y almacenamiento; ahí resulta útil seguir el contexto técnico y agronómico que publica El Cultivador, aunque el CLAIM Act se centre en el marco jurídico y financiero estadounidense.
La novedad, por tanto, no es que el Congreso haya resuelto el problema, sino que vuelve a poner sobre la mesa una solución concreta para una de sus consecuencias más materiales. Si el proyecto avanza, podría reducir una parte del coste invisible de operar legalmente con cannabis en Estados Unidos. Si queda bloqueado, el sector seguirá dependiendo de soluciones parciales, aseguradoras especializadas y tolerancia regulatoria caso por caso.
Fuentes primarias consultadas: comunicado oficial de la representante Nydia Velázquez y texto del CLAIM Act.
Acerca del autor
Escritor especializado en cannabis y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.
- Justin Viverohttps://www.cannabismagazine.net/author/elcolgado/
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