En el último año, decenas de agricultores de cannabis industrial que funcionan bajo total legalidad están sufriendo redadas, encarcelamientos y acusaciones de narcotráfico

El 2 de diciembre se cumplió un año desde que Naciones Unidas retirara el cannabis de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961 y, de ese modo, también reconociera oficialmente su utilidad medicinal. Tan solo unos días antes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallaba a favor de una empresa francesa que importaba cannabis con CBD (cannabidiol, principio no psicoactivo de la marihuana) de la República Checa para elaborar productos de vaporización. La sentencia creaba una jurisprudencia europea que prohibía a los Estados miembro perseguir la comercialización de CBD producido de manera legal en otro país de la Unión si se extrae de la planta entera.

Todo ello sumado a que el Congreso de los Diputados ha creado una subcomisión para analizar la posible regulación del cannabis con fines medicinales, que hasta tres partidos han presentado sus propuestas de ley para una regulación integral y que los estancos de CBD se extienden por toda la geografía del país, daba a entender que este era un buen año para aquellos agricultores y empresarios que decidieron adentrarse en esta industria que todavía está por florecer.

Muchos agricultores de cáñamo industrial están sufriendo una pesadilla judicial y cientos de trabas por parte de la policía, la fiscalía y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios

Pero no es así ni de lejos. Muchos agricultores de cáñamo industrial están sufriendo una pesadilla judicial y cientos de trabas por parte de la policía, la fiscalía y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Problemas que se han llevado por delante negocios en funcionamiento durante años, puestos de trabajo, ha ahuyentado a nuevos empresarios y ha metido entre rejas a varios de esos agricultores y empresarios bajo acusaciones de narcotráfico o asociación ilícita.

Según la legislación vigente, el cultivo y producción de flores de cannabis para la obtención de CBD es totalmente legal, siempre y cuando no se supere un máximo legal del 0,2% de THC (tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana), que es realmente el activo psicoactivo prohibido. Y ese es uno de los puntos donde se han incrementado los problemas para los agricultores que han decidido subirse al carro de esta industria.

Todo el sector se encuentra en shock por la oleada de redadas, detenciones y encarcelamientos bajo tratamiento de grandes narcos que están recibiendo muchas de las empresas que se dedican al cultivo de cáñamo industrial. La flor o cogollo están en el punto de mira, tenga o no tenga THC.

Joan Pol, es técnico especialista en el cultivo de cannabis de la consultora HempCat, una empresa que nació con el ánimo de dar soporte técnico a agricultores que han decidido dar el paso a cultivar cáñamo industrial o que ya lo cultivan pero necesitan asesoramiento técnico. Pol trabaja día a día con esos agricultores y, por lo tanto, vive de cerca los problemas a los que se están enfrentando y explica a El Salto que, tras los problemas que están teniendo los agricultores ahora, “hemos tenido que atender a necesidades de carácter más integral, como en temas legales y regulatorios”.

Los problemas pueden empezar incluso con los envíos de muestreo y controles de contenidos de cannabinoides que tienen que llevar para comprobar que el cannabis obtenido no sobrepase el límite del 0,2%, según explica Pol. “Hay casos en los que han enviado esas muestras para su análisis a laboratorios específicos para ello, siguiendo el protocolo de Naciones Unidas ya que no existe uno unificado y usamos ese, y entonces el paquete es interceptado por la policía, se abre una investigación y pasan a tratar al agricultor como si fuera un narcotraficante mandando un paquete a un amigo o un cliente”, lamenta el técnico.

Existen casos mucho más graves. “Nos hemos encontrado casos como el de una operación de la Policía Nacional junto a la policía local de Badalona en la que fueron a un campo pequeño de una comunidad familiar agrícola que tenía todo certificado y completamente legal”, narra Pol, “pero la policía les precintó, no les dejaron cultivar, se les estropeó la producción y los trataron como narcos, cuando semillas y todo era legal”.

Pol tiene experiencia ayudando a los agricultores con las cuestiones administrativas, que no son pocas. “Lo habitual es darte de alta como agricultor y usar semillas aprobadas en Europa para el cultivo de cáñamo industrial, con sistema de trazabilidad. Luego con esto te das de alta en el Ministerio de Agricultura. Das de alta tu cultivo. Te piden que mandes las facturas, las etiquetas y las dosis de siembra”. Pero, además y para estar más seguros, presentan un informe de manera informativa, “para que sepan que estamos ahí y qué hacemos”, a la policía local más cercana, a los Mossos o Guardia Civil. Y, para terminar y de manera obligatoria si quieres pedir subvenciones, se presenta una Declaración Agraria en el Departamento de Agricultura. “Toda esta información se ha vuelto en contra de los agricultores, porque están utilizando ese listado de agricultores que presentan toda esta información para ser transparentes y no tener problemas como una lista para perseguirlos”, afirma con rabia Pol.

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Un agricultor que ha pasado por este infierno accede a hablar con El Salto, pero prefiere no desvelar su nombre ya que todavía está pendiente de una sentencia. “La primera redada que sufrimos fue hace casi dos años y las plantas superaron ligeramente el 0,2% de THC”. Desde ese momento empezó el periplo de pasar de ser considerados agricultores y empresarios a ser tratados como narcos. “Pasamos muy mal rato con nuestras familias y la gente que nos conoce y veía cómo nos llevaron detenidos como si fuéramos narcotraficantes”, explica el agricultor.

Este agricultor decidió introducirse en el cultivo de cannabis industrial porque “la planta es polivalente y de ella se pueden sacar muchas cosas, como fibra, biomasa, CBD…”, pero ve “imposible trabajar tranquilo y de forma legal con esta falta de regulación”. Este año ha plantado y no ha tenido redada, pero ha tenido otro problema: “Se nos ha vuelto a pasar por muy poco, 0,28%, y nos ha tocado destruir la cosecha”.

¿Por qué esta persecución?

Para el abogado de S&F Abogados especializado en cannabis Bernardo Soriano, la justificación para reprimir a los cultivadores de CBD es debida a un cambio de criterio por parte de la AEMPS, que también sigue el Instituto Nacional de Toxicología y que es el que acaba adoptando el Ministerio de Agricultura. El criterio anterior, explica el abogado, “decía que si no superaba el umbral del 0,2% no se debe considerar fiscalizado y por lo tanto no se debe considerar estupefaciente”. Pero a raíz de el borrador de una circular del Ministerio de Agricultura, justo después de que Naciones Unidas sacara el cannabis de la Lista IV en diciembre de 2020, las cosas han cambiado. “Lo que nos viene a decir esa circular es que, independientemente del porcentaje de THC, las flores de cáñamo están fiscalizadas por la Convención del año 61”, afirma Soriano que ve dicha circular “contradictorio a la interpretación que hacía la AEMPS, que es quien luego da las órdenes al Ministerio de Agricultura”.

Desde ese punto, las interpretaciones pueden ser dos, según la opinión de Soriano. La primera es que es probable que el Ministerio de Agricultura está omitiendo de la norma que “la planta es fiscalizable si pasa del umbral del 0,2%”. La otra es que simplemente haya cambiado de criterio. Intentando entender los motivos para que se haya modificado dicho criterio, Soriano ve como muy probable que haya sido a raíz de lo que aprobó la Comisión de Estupefacientes de la ONU hace un año. “Además de lo que se aprobó, también se votaron otras cosas que no fueron aprobadas”, explica el abogado. “Una resolución no aprobada habla de los extractos en vez de las flores y es probable que la AEMPS haya aprovechado que no se ha aprobado para interpretar que todo está fiscalizado, aunque no supere el umbral del 0,2% de THC”. Una interpretación que, según él, “parece lo que ha causado este caos”.

“Desde que el Fiscal General dijo que todo lo que fuera flor estaba fiscalizado y sería castigado como tal, la Guardia Civil se puso manos a la obra”, Joan Pol, técnico de cultivo de cannabis

El borrador se oficializó en marzo de este año. Varias comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura y Cataluña) lo adaptan. En ese momento, la fiscalía de Almería, por problemáticas con algunos cultivos, empieza a aplicar fiscalización y persecución a cualquier cultivo sin importarle los niveles de THC. “Mientras que los fiscales de Sevilla y Granada si que aplican el límite mínimo del 0,2%”, explica Soriano.

Entonces el fiscal antidrogas del Estado, en aras de unificar criterios, pidió opinión al resto de fiscales. “El de Madrid aplica una jurisprudencia del Supremo que fiscaliza la planta entera al contener el principio activo”, dice Soriano, “entiende que aunque no haya cogollos, al tener THC y estar  predispuesto para el tráfico, pues ya es fiscalizable, pero ignora los mínimos”, vuelve a lamentar el abogado, que además argumenta que va contra el prinicipio de insignificancia y de extrema nimiedad: “Si no puede causar los efectos de esa sustancia, no puede dañar la salud pública y no debería estar fiscalizada -argumenta- pero la fiscalía obvia todo y esto ha provocado todas estas redadas y detenciones a agricultores y empresarios del cannabis industrial”. Con el abogado coincide totalmente Joan Pol: “Desde que el Fiscal General dijo que todo lo que fuera flor estaba fiscalizado y sería castigado como tal, la Guardia Civil se puso manos a la obra”.

El CBD está fiscalizado e incluído en la Lista III del Convenio del 61 de Naciones Unidas, pero el Convenio del 71 dice que el CBD no debe estar fiscalizado ni perseguido como una droga

Pero es que además, argumenta Soriano, dicha interpretación de la AEMPS va en contra de la sentencia del TJUE en el caso de la empresa francesa. El CBD está fiscalizado e incluído en la Lista III del Convenio del 61 de Naciones Unidas, pero el Convenio del 71 dice que el CBD no debe estar fiscalizado ni perseguido como una droga. El TJUE dice que no se puede analizar con el Convenio del 61 de manera aislada, sino con la interacción de los otros convenios” explica Soriano sobre la sentencia, que añade que “solo deben estar fiscalizados si tienen extractos fiscalizados y, por lo tanto, solo las flores con THC bajo este umbral estaría fiscalizados”. Aunque, señala, “no hay ninguna resolución específica de las flores”.Industria floreciente que se seca

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“El 90% de los proyectos que quieren empezar con esto, lo dejan”, dice de manera tajante Joan Pol, que confiesa que ahora están tirando hacia atrás muchos de las oportunidades y agricultores que se presentan en su oficina. “No hay seguridad, hay mucha presión policial y yo quiero dormir bien por las noches”, lamenta Pol que añade que los que siguen lo hacen con “mucho esfuerzo, capital riesgo para mucho largo plazo y que en muchas ocasiones siguen porque ya han invertido tanto que no pueden dejarlo”.

Además, señala el especialista en el cultivo de cannabis, que a los que deciden seguir les sale muy caro emprender y ser competitivos: “Al no estar regulado los precios de todo son mucho más caros, necesitan gastar mucho dinero en abogados o en técnicos, y al final eso provoca que no sea rentable”.

“La regulación hace crecer el sector de una manera brutal, como está ocurriendo ahora mismo en Italia, al contrario de lo que ocurre aquí”, Bernardo Soriano, abogado especializado en cannabis

Bernardo Soriano ve “una desventaja competitiva con otros países, otros agricultores, que gracias a que sus administraciones esta normativa que interpretan de una forma más progresista, se van a posicionar en el mercado”, como la principal consecuencia de esta falta de regulación. “La regulación hace crecer el sector de una manera brutal, como está ocurriendo ahora mismo en Italia, al contrario de lo que ocurre aquí”, señala.

Otra consecuencia que señala Soriano son los agricultores que buscaban diversificar su negocio con el cáñamo y tener otro tipo de cultivos, “salen de la escena preocupados con esta situación y porque están teniendo este tipo de problemas”. Al final, explica, “no quedan agricultores tradicionales y solo quedan algunos que, incluso, se han dedicado al tráfico ilegal y que ven que asumir este riesgo es menor que el que tenían antes”.

Cuando en septiembre de 2021 publicamos en El Salto el reportaje El combustible verde de una economía oculta, un amigo de toda la vida me contactó para contarme que, junto a su padre y otro par de familiares, llevaban unos meses planteándose entrar en el negocio del cannabis industrial y el CBD. Su familia planta olivos tradicionalmente, pero veían en la boyante industria del cannabis una buena oportunidad para diversificar el negocio familiar. Le vuelvo a contactar mientras acabo este reportaje, un año y tres meses después, para preguntarle cómo lleva el negocio y su respuesta confirma todo a lo que apuntaban Soriano y Pol: “Da miedo montar todo, hacer la inversión, trabajar tiempo, recoger y, tal y como está la legislación, venga la Guardia Civil, me lo incaute y que perdamos toda la inversión. Mientras demuestras que es legal, la cosecha que tienes se te pudre, no te la van a compensar lo que vale aunque ganes. Veíamos una oportunidad muy buena, tenemos la tierra, el sitio para secar, la infraestructura, lo tenemos todo y nos arrancamos porque nos da miedo perder toda la inversión”.