La orden de Trump para acelerar la reclasificación del cannabis a la Lista III confirma un patrón: primero cambia la vida en los territorios, después cambia el Boletín Oficial. Y esa misma vía puede marcar el rumbo de la psilocibina y otros psicodélicos.

Hay momentos en política en los que el poder pretende contar su propia historia: la épica del líder que “corrige” el rumbo, la foto del decreto, la solemnidad de la firma. Pero, si uno rasca un poco, descubre que el relato venía escribiéndose desde hace décadas en un lugar menos glamuroso: los márgenes, los estados, los condados, las consultas médicas donde se habla en voz baja, los tribunales que interpretan, y las familias que, por necesidad o convicción, empezaron a vivir como si el cambio ya hubiera llegado.

La orden ejecutiva de Donald Trump —fechada el 18 de diciembre de 2025— instando a “completar” el proceso para mover la marihuana de la Lista I a la Lista III del sistema federal de sustancias controladas encaja exactamente en esa categoría: un gesto que parece fundacional, pero que en realidad certifica una transformación previa.

Resituar no es liberar, pero sí mueve el tablero

Conviene no engañarse con los titulares. Que el cannabis pase a Lista III no equivale a legalizarlo a nivel federal. Según el propio análisis jurídico posterior, la reclasificación —si culmina— mantendría al cannabis bajo un marco de control estricto, sin anular el conflicto con las leyes estatales ni borrar, por arte de magia, la posibilidad de responsabilidades penales por incumplimientos del régimen federal.

Ahora bien, el movimiento tiene consecuencias prácticas. Rebaja barreras para la investigación, reduce parte del estigma institucional y —sobre todo— cambia incentivos económicos. En Estados Unidos, la diferencia entre estar en Lista I y Lista III afecta a cuestiones tan prosaicas como la fiscalidad de las empresas del sector (la célebre penalización que impedía deducir gastos ordinarios) y el acceso a instrumentos legales como la quiebra. Y esa prosa, muchas veces, empuja más que la poesía.

Pero la pregunta de fondo no es si la orden de Trump es importante. Lo es. La pregunta es otra: ¿quién ha cambiado realmente la política de drogas en Estados Unidos en los últimos treinta años? La respuesta incomoda a quienes sueñan con una reforma vertical, quirúrgica, tecnocrática: la han cambiado los estados, no la FDA, y ni siquiera Washington en sentido amplio.

Dos caminos: el “atajo” sanitario y la vía de la vida real

La arquitectura legal estadounidense permite dos rutas hacia la normalización de una sustancia.

• La ruta medicalizada: conseguir aprobación de la FDA para un fármaco concreto y, a partir de ahí, empujar una reclasificación para esa formulación específica.
• La ruta federalista: los estados abren camino con programas propios; el Gobierno federal, en lugar de aplastar el experimento, tolera, observa y, con el tiempo, ajusta su posición.

La primera suena más seria: batas blancas, ensayos clínicos, indicaciones terapéuticas, “evidencia”. La segunda suena más política: urnas, regulaciones locales, aprendizaje a golpes. Sin embargo, la historia reciente del cannabis demuestra una paradoja: la ruta medicalizada, por sí sola, puede ser una promesa falsa.

Ahí está el ejemplo de Marinol (dronabinol), un cannabinoide aprobado inicialmente en 1985. Su aprobación no “liberó” el cannabis, porque lo que se reclasificó fue el producto farmacéutico, no la planta en su conjunto: el sistema federal tiende a reconocer fórmulas, no culturas. Y, de hecho, hay rastros oficiales de los cambios de programación de Marinol, incluyendo su traslado a Lista III en 1999.

La moraleja es incómoda para el reformismo más institucional: puedes lograr una pastilla en la farmacia y seguir teniendo una planta perseguida. Puedes ganar en el laboratorio y perder en la calle. Y, en materia de drogas, lo que pesa al final es la vida real: cuánta gente consume, en qué condiciones, con qué daños, con qué controles, con qué acceso sanitario, con qué desigualdades.

El “laboratorio” que desmintió la profecía del desastre

California abrió una grieta cultural en 1996. Colorado y Washington abrieron una autopista en 2012. Y, a partir de ahí, ocurrió algo decisivo: la profecía del derrumbe social no se cumplió. La normalización no fue un cuento de hadas, pero tampoco el apocalipsis.

Lo que sí cambió fue la percepción pública. En 2023, Gallup situaba el apoyo a la legalización del cannabis en el 70% de los adultos estadounidenses: una cifra que, por sí sola, explica por qué incluso un presidente republicano puede hoy ordenar que el proceso federal avance.

Y hay un detalle político que en Estados Unidos siempre es decisivo: la edad. El consumo de cannabis entre mayores ha crecido notablemente, y la investigación reciente ha señalado nuevos máximos de uso en personas de 65 años o más. Cuando el cambio llega a los mayores —y no solo a los jóvenes—, deja de ser contracultura y empieza a ser “vida”.

Ese es el músculo del federalismo: estados como “laboratorios” que generan evidencia social antes que evidencia clínica, y que transforman el sentido común antes que las guías médicas. No es un camino limpio, pero sí eficaz.

Psicodélicos: la próxima frontera ya está ensayándose

Aquí es donde el debate se pone interesante. Porque el mismo patrón aparece hoy con los psicodélicos, especialmente con la psilocibina.

Oregón puso en marcha un programa regulado de servicios con psilocibina en 2023 y, desde entonces, el experimento ha ido acumulando datos, crecimiento y también problemas. Hay estimaciones de más de 10.000 clientes atendidos y un mercado que intenta ajustar precios; al mismo tiempo, medios y análisis han descrito barreras de acceso, costes altos y riesgos de que el modelo se convierta en un servicio “boutique” para quien puede pagarlo.

Colorado, por su parte, ha ido desplegando su marco regulatorio y licencias para “healing centers”, con aperturas y primeras experiencias ya visibles. Y Nuevo México aprobó por vía legislativa un programa médico regulado (no por referéndum), con calendario de implantación y objetivos terapéuticos explícitos. Eso no es un detalle menor: significa que la conversación ha dejado de ser patrimonio de activistas y ha entrado en el lenguaje de mayorías parlamentarias.

Mientras tanto, la vía “medicalizada” tropieza. El caso de la MDMA es ilustrativo: en 2024, un comité asesor de la FDA votó mayoritariamente en contra de recomendar la terapia asistida con MDMA para PTSD, señalando dudas sobre eficacia, riesgos y calidad de la evidencia. El resultado fue un frenazo —o al menos un aplazamiento— a la esperanza de quienes confiaban en que la aprobación federal abriría la puerta de par en par.

La lección: despenalizar la realidad antes de medicalizar el discurso

De todo esto se desprende una idea que, en España, también deberíamos mirar sin prejuicios: la política de drogas cambia cuando el consumo deja de ser un territorio de castigo y pasa a ser un territorio de regulación.

No porque las drogas sean inocuas —no lo son—, sino porque la prohibición fabrica daños adicionales: clandestinidad, productos adulterados, estigmas que alejan del sistema sanitario, desigualdades punitivas, y mercados criminales que no cotizan ni piden licencia.

La discusión de fondo no es “a favor” o “en contra” de una sustancia. Es si el Estado prefiere gobernar el fenómeno o abandonarlo a la selva. El federalismo estadounidense, con todas sus contradicciones, sugiere que cuando un territorio regula con criterios de salud pública, transparencia y control, el cielo no se cae. Y, si no se cae, la política —siempre tan cobarde al principio— termina acompañando.

La orden de Trump no es el comienzo: es el reconocimiento tardío de un país que ya había cambiado por abajo. Y esa es, quizá, la noticia más relevante para la psilocibina y otros psicodélicos: no esperen a que la FDA lo resuelva todo; la historia sugiere que el cambio vendrá cuando la sociedad aprenda a regularlo en condiciones reales, con datos y con humanidad.