Martín Barriuso, de la Confederación de Asociaciones Cannábicas, defiende el arraigo de esta droga en el País Vasco y considera que tras el fallo, el Estado debe actuar

El cannabis goza de un fuerte arraigo en el País Vasco, donde tres de cada diez personas admiten haberlo fumado alguna vez a lo largo de su vida. No es de extrañar, por ello, que el territorio cuente con decenas de asociaciones de consumidores de esta droga, que el año pasado convencieron al Gobierno autonómico para que avanzara hacia su regulación. Un esfuerzo que el Tribunal Constitucional (TC) echó ayer por tierra al dictaminar que solo el Estado posee autoridad para legislar sobre la marihuana.

Como era de esperar, la decisión de los jueces no ha sido bien recibida por los clubes, cuyos representantes instan al Gobierno central a dar un paso al frente y asumir que la regulación de este tipo de establecimientos es la única forma de escapar de lo que consideran «un callejón sin salida». En este sentido, Martín Barriuso, de la Confederación de Asociaciones Cannábicas, asegura que existe una «demanda social» creciente no solo en el País Vasco, sino también en otras autonomías como Valencia, Asturias o Andalucía: «La petición existe, y si las Comunidades Autónomas no pueden legislar, deberá hacerlo el Estado», sentencia.

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Entre otras razones, Barriuso alega que la ilegalización de los clubs especializados de cannabis promoverá el mercado negro, pues «no parece que haya una alternativa». A su juicio, nadie querría comprar a un traficante por la calle si tuviera la opción de adquirir la droga en locales autorizados, los cuales evitarían a su vez la adquisición de marihuana por parte de menores.

Amparo del Constitucional a los cinco acusados

Esta ha sido una semana intensa para Barriuso, que en 2011, cuando era presidente de la Asociación para el Estudio del Cannabis (Pannagh), fue detenido junto a otros socios de la institución acusado de traficar con drogas. En la operación, la Policía Municipal de Bilbao incautó casi 80 kilogramos de marihuana en cogollos. El pasado martes, el Constitucional amparó a los cinco acusados, que previamente habían sido condenados por el Tribunal Supremo por un delito contra la salud pública. La sala entendió que se había violado sus derechos a la defensa ya que se no se celebró una vista para escuchar sus testimonios.

En palabras de Barriuso, sin embargo, la decisión de los jueces «cierra la puerta a que exista un modelo de funcionamiento» para los locales de cannabis. A su vez, asegura que tanto él como sus compañeros entendían que no estaban cometiendo ningún delito con su organización, pues la Audiencia Provincial de Vizcaya les había absuelto del delito antes de que el Supremo reabriera el caso.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.