Costa Rica ha comenzado a dar los primeros pasos en el Congreso hacia la legalización del cannabis medicinal en medio de la reticencia del Gobierno, que alega no tener la capacidad para vigilar que la actividad se lleve a cabo adecuadamente

Esta semana la Comisión de Ambiente del Congreso dictaminó positivamente el “Proyecto de Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales”, por lo que la discusión se trasladará al Plenario, donde el texto podría ser votado próximamente si los partidos así lo acuerdan.

UN MERCADO MILLONARIO

La iniciativa es impulsada principalmente por la diputada Zoila Volio, quien asegura que se trata de una forma de reactivar la economía del país mediante una actividad regular y con estándares de seguridad.
“Este proyecto es una gran oportunidad para nuestro país. Promoverá la generación de empleo en las distintas fases de la cadena de producción, por lo que estimulará el desarrollo económico y social en las zonas más vulnerables”, dijo Volio tras el dictamen positivo de la Comisión de Ambiente del Congreso.
Cifras divulgadas por el mismo Gobierno costarricense indican que cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22 %, y que se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados ronda los 10.000 dólares por hectárea.
La firma legal BLP informó que ya logró el registro de 3 productos cosméticos y alimenticios que contienen CBD (cannabidiol) y libres en un 100 % de THC (tetrahidrocannabinol), que es la sustancia psicoactiva de la marihuana.

Farmacia de la primera clínica oficial de Tailandia para el uso medicinal del cannabis. Efeagro/Diego Azubel

BLP indicó que se calcula que el mercado mundial del Cannabis, en términos generales, podría crecer de 12.000 millones de dólares en el 2019 a 55.800 millones para el 2025.
“Está comprobado que los factores geográficos que favorecen el cultivo del café, son muy similares a los que necesita el Cannabis, por lo que Costa Rica es un punto estratégico para su producción. Colombia es nuestro punto de referencia más cercano, que ya está regulando el tema por licencias y está viendo un crecimiento muy acelerado en ese sector de la economía”, explicó Giancarlo Andreoli, abogado de BLP y especialista en el área de Cannabis.
Según el abogado, la experiencia de Colombia ha sido positiva, pues ha logrado legalizar y otorgar aproximadamente 193 licencias para el cultivo del cannabis, y se han creado más de 210.000 empleos alrededor de esta nueva actividad.
El cáñamo, que tiene bajo contenido de THC, tiene usos industriales como la fabricación de textiles, alimentos, semillas, aceites, biocombustibles, medicamentos y cosméticos, entre otros.

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LA RETICENCIA DEL GOBIERNO

El Gobierno expresó esta semana su apoyo a la producción de cáñamo, pero no al cannabis medicinal, pues argumenta que no tiene las herramientas para ejercer un control adecuado de la actividad.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, envió una carta a los diputados en la que destacó que el cáñamo abre espacio para la generación de combustibles alternativos, para nuevas oportunidades agrarias e industriales, así como nuevas fuentes de empleo en industrias como la textil, alimentaria y farmacéutica.
Sin embargo, el funcionario manifestó que el Ejecutivo no apoya la legalización del cannabis medicinal debido a “razones de seguridad y salud pública”.
Prieto explicó que actualmente “el Estado no cuenta con los recursos que requerirá el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”.
Asimismo, Prieto detalló la necesidad de generar una regulación eficiente en términos de uso de recursos, que permita la fiscalización y trazabilidad de estas actividades, y que no signifique un aumento de gastos para el Estado.

FUERTE CONTROL

El ministro dijo que, al estar la marihuana prohibida en el país y en otros países, la producción de cannabis medicinal necesitaría de un “fuerte control para evitar el tráfico ilícito”, pues las variedades de la planta son similares.

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La diputada Volio lamentó la posición del Gobierno y le criticó por no querer dar “la milla extra” para fiscalizar la actividad.

“Es cuestión de hacer un esfuerzo, de innovar, ser disruptivo. Es (el cannabis medicinal) un producto controlado que no produce adicción porque el acceso será con receta médica”, explicó Volio.

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