Miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) mantuvieron hoy en Uruguay varias reuniones de carácter reservado con encargados de las políticas de drogas en el país, que en 2013 legalizó la producción y compraventa de marihuana, dijeron a Efe fuentes oficiales.
Esta visita se realiza después de que el organismo de la ONU dedicado al control de los estupefacientes reiterase el pasado marzo su “honda preocupación” por el hecho de que el Estado suramericano se haya convertido en el primer país del mundo en legalizar la compraventa, distribución y consumo de cannabis.
Según informaron hoy a Efe fuentes de la Junta Nacional de Drogas (JND), la delegación de este organismo, encabezada por su presidente, el sudafricano Lochan Naidoo, mantuvo hoy diversos encuentros privados, entre otros, con el presidente de la JND, Juan Andrés Roballo, y el Comité Científico Asesor que monitoriza las políticas de regulación del mercado de la marihuana.
En su informe de 2014, la JIFE, que vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, en su mayoría adoptados hace varias décadas, vaticinó que el paso dado por Uruguay “afectará negativamente a (…) la lucha contra la droga”, en especial contra la marihuana, en otros países.
En el estudio, que dedica un capítulo especial a Uruguay, la JIFE insta al Ejecutivo uruguayo a elaborar “medidas eficaces y exhaustivas de fiscalización de drogas (…) cuyo objeto sea reducir la demanda ilícita de drogas”.
Además, remarca su “honda preocupación” por los “efectos negativos que la legislación de fiscalización del cannabis del Uruguay podría tener en el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas”.
La JIFE ya había advertido a Uruguay, antes de la aprobación de la controvertida ley, de que su disposición violaría los convenios internacionales suscritos.
El órgano de Naciones Unidas había asegurado que “proseguirá su diálogo con el gobierno de Uruguay”, para el cual enviaría “una misión de alto nivel” al país suramericano, que es la que arribó hoy.
La ley aprobada en diciembre de 2013 fue impulsada por el expresidente José Mujica (2010-2015) como una estrategia, entre otros fines, para luchar contra el narcotráfico.
“El país exhorta una revisión de la aplicación de las medidas prohibicionistas del cultivo de cannabis como respuesta para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito”, defiende un documento presentado por Uruguay en agosto en Viena ante la junta preparatoria de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas de 2016.
Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.
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