Productores y distribuidores de CBD, denuncian la persecución penal y las trabas administrativas que amenazan al sector.

Productores y distribuidores de CBD, una sustancia derivada del cannabis sin efectos psicoactivos, denuncian la persecución penal y las trabas administrativas que amenazan al sector, al que la Fiscalía y la policía tienen bajo lupa en España por el temor a que sus cultivos encubran casos de narcotráfico.

El CBD o cannabidiol es una de las más de 100 sustancias que contiene el cannabis, cuyo uso terapéutico está siendo investigado por importantes empresas farmacéuticas dado que no tiene efectos tóxicos como el THC, y puede encontrarse actualmente a la venta en España en cremas, lociones e incluso cogollos presentados como «flores aromáticas».

No obstante, empresas españolas que se dedican a comercializar cogollos de CBD aseguran que están siendo víctimas de una ofensiva legal para impedir sus actividades, mediante intervenciones de plantaciones y de mercancías que reciben de otros países, pese a la doctrina de la justicia europea que, afirman, descarta considerar esa sustancia una droga.

LA FISCALÍA, CONTRA EL CULTIVO DE COGOLLOS

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil intervenía 32,370 kilos de cogollos a una empresa distribuidora de CBD en el mayor alijo incautado en España: su propietario, que asegura disponer de todos los permisos en regla, trata de demostrar ahora en los tribunales que la hierba que se le incautó no es droga.

Según Martí Cànaves, abogado del bufete DMT de Barcelona, que representa a productores del sector, esta operación no es un caso aislado, porque la persecución legal contra el CBD está derivando en numerosas causas penales por delitos contra la salud pública.

Ello es consecuencia de una circular que la Fiscalía General del Estado aprobó en junio del año pasado, para unificar criterios sobre la cuestión, y que establece que los cogollos del cannabis deben considerarse estupefacientes, independientemente del «grado o proporción de THC que se encuentre en las partes fiscalizadas de las plantas».

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Es el estricto criterio que siguen las fuerzas de seguridad en sus operaciones contra el cannabis en España, país que, según fuentes policiales, se ha convertido en uno de los principales proveedores de marihuana de Europa, sin que se pueda descartar que las plantaciones para extraer CBD encubran la producción de droga.

Una cuestión de la que han discrepado ya varios juzgados y audiencias provinciales, que en los últimos meses han absuelto a propietarios de empresas comercializadoras de productos CBD, al concluir que las sustancias que se les incautaron tenían un índice de THC inferior al 1% y, por lo tanto, no podían ser considerados un estupefaciente.

SENTENCIA DE LA JUSTICIA EUROPEA

Los productores de cáñamo invocan sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en noviembre de 2020, a raíz de una cuestión prejudicial elevada por un tribunal francés, y que concluye que, pese a obtenerse de toda la planta de cannabis y no solo de sus semillas y fibras, el CBD con un índice de THC inferior al 0,2% no debe considerarse un estupefaciente.

No solo la persecución penal está ahogando al sector del CBD en España, mantiene Martí Cànaves: la Dirección General de Salud Pública denegó el pasado mes de octubre la solicitud de un empresario para que se le autorizara comercializar cogollos de cannabidiol como «hierbas para fumar», producto que se vende por internet o en otros países europeos como Luxemburgo o Bélgica.

El argumento del Ministerio de Sanidad, que únicamente permite el CBD para usos medicinales, es que «la comercialización de productos a base de hierbas para fumar con cannabis constituye en España trafico ilícito al tener la categoría de sustancia estupefaciente».

Cànaves ha recurrido la resolución del Ministerio, alegando que es contraria a la doctrina europea en la materia y, además, vulnera los tratados europeos que garantizan la libre comercialización de productos de tráfico legal en otros países de la UE, sin que España tenga una normativa propia que los prohíba por motivos de salud.

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El letrado esgrime un informe pericial del psicólogo y doctor en Famarcología José Carlos Bouso que, en base al manual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, sostiene que las variedades de cannabis ricas en CBD con un contenido menor al 3% de THC no son psicoactivas.

Para Cànaves, las restricciones a la comercialización de CBD en España están poniendo contra las cuerdas a los pequeños productores y comercializadores de cáñamo en España y favoreciendo únicamente los «intereses de la multinacionales farmacéuticas» que están invirtiendo en la marihuana medicinal.

También, en su opinión, perjudican la recaudación de millones de euros en impuestos en España: sin ir más lejos, el tipo impositivo que la Agencia Tributaria establece por la «venta de flores de cáñamo industrial con fines ornamentales» es del 21%, según consta en la respuesta de Hacienda a la consulta que un productor elevó el pasado mes de octubre.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.