La cara ambigua de una nueva ley: más cárcel por fentanilo, pero menos trabas para estudiar psicodélicos

El presidente Donald Trump ha firmado una nueva ley federal con una doble cara. Por un lado, refuerza la criminalización del fentanilo y sus derivados, al clasificarlos permanentemente como sustancias de tipo I, la categoría más restrictiva según la Ley de Sustancias Controladas. Pero, por otro, incluye medidas que podrían facilitar la investigación científica sobre drogas actualmente prohibidas, como el cannabis, la psilocibina o el MDMA.

La ley, conocida como HALT Fentanyl Act, fue presentada como una respuesta contundente al aumento de muertes por sobredosis, especialmente por opioides sintéticos. Sin embargo, entre sus disposiciones menos comentadas, aparece una pequeña revolución para la ciencia médica: la posibilidad real de estudiar sustancias psicodélicas y cannabinoides sin tantos obstáculos legales.

Un giro inesperado dentro de una política de mano dura

En el acto de firma en la Casa Blanca, Trump fue claro: “Estamos dando un golpe justo contra los traficantes de drogas y los carteles. No descansaremos hasta acabar con la epidemia de sobredosis”.

Rodeado de familias afectadas por el fentanilo, el presidente enfatizó el endurecimiento de penas para quienes distribuyan sustancias análogas aún no identificadas, algo que ha generado preocupación entre los defensores de políticas de drogas más justas.

Pero mientras su discurso miraba al pasado —con ecos de la guerra contra las drogas de los años 80—, la letra pequeña de la ley mira tímidamente hacia el futuro.

Qué cambia para la ciencia: menos burocracia para estudiar sustancias prohibidas

Una de las claves de esta nueva legislación es que agiliza el proceso de aprobación para investigar sustancias clasificadas como tipo I, como el cannabis o la psilocibina.

Hasta ahora, los científicos que querían estudiar estos compuestos se enfrentaban a un laberinto de permisos duplicados, demoras burocráticas y restricciones absurdas. Con la HALT Fentanyl Act, esos tiempos podrían acortarse notablemente:

  • Investigadores ya registrados ante la DEA recibirán respuesta a sus solicitudes en un máximo de 30 días.
  • Los nuevos solicitantes tendrán un plazo de respuesta de 45 días.
  • Si el estudio está financiado por agencias federales como los NIH o el Departamento de Salud, el proceso será aún más rápido.
  • No se exigirá un permiso separado a cada investigador si todos pertenecen a la misma institución.
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Investigación sí, pero sin fabricar cannabis

La ley también permite, con limitaciones, la fabricación de pequeñas cantidades de sustancias controladas con fines investigativos. Sin embargo, se ha excluido explícitamente al cannabis de esta disposición, lo que ha generado críticas entre los defensores del acceso al cannabis medicinal y científico.

¿Reforma sincera o estrategia política?

Muchos activistas desconfían del trasfondo de estas reformas. Sostienen que, aunque el texto legal avance en lo científico, el núcleo de la ley sigue apostando por más encarcelamientos por posesión y distribución de sustancias aún no probadas como peligrosas.

Por otro lado, algunos analistas políticos sugieren que Trump busca acercarse al electorado más joven y moderado, consciente de que la legalización de la marihuana goza de amplio respaldo, incluso entre votantes republicanos.

No es casualidad que figuras como Mike Tyson —conocido defensor del cannabis— hayan enviado recientemente una carta a Trump agradeciéndole sus indultos y animándole a reprogramar el cannabis, liberar a presos por delitos no violentos y facilitar el acceso a servicios financieros para empresas del sector.

¿Qué dice el nuevo jefe antidrogas de Trump?

Durante la firma, Trump estuvo acompañado de Terrance Cole, su candidato aún no confirmado para dirigir la DEA. También estuvo presente Sara Carter, nominada para liderar la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), quien en el pasado apoyó el uso del cannabis medicinal como alternativa terapéutica.

La configuración de este nuevo equipo indica que, pese al endurecimiento penal, hay espacio dentro del gobierno de Trump para avanzar en políticas de salud mental y medicina alternativa.

La paradoja de siempre: es ilegal porque no se puede investigar, y no se puede investigar porque es ilegal

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El investigador Dr. Nolan Williams, de la Universidad de Stanford, lo resume de forma simple: “El problema es que no puedes aprobar un fármaco de tipo I mientras siga siendo tipo I”. Es un círculo vicioso que ha paralizado durante años la investigación de sustancias con gran potencial terapéutico, desde el cannabis hasta la ibogaína.

Con esta ley, ese círculo podría empezar a romperse.

El inicio de una apertura científica… con sabor a pasado

La HALT Fentanyl Act es un arma de doble filo. Por un lado, resucita una lógica punitiva que muchos creían superada. Por otro, abre una puerta largamente esperada por la ciencia: la de estudiar con rigor y sin trabas políticas sustancias que podrían cambiar radicalmente el tratamiento de la depresión, el TEPT, la ansiedad, las adicciones y más.

Ahora depende de cómo se aplique esta ley y de si los investigadores podrán aprovechar este nuevo margen. Pero una cosa es segura: el debate sobre los psicodélicos y el cannabis ha llegado al corazón del poder en Washington. Y eso, en sí mismo, ya es un cambio histórico.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.