Argentina pierde el miedo. Mientras el presidente de Bolivia dispone habilitar el consumo tradicional de la hoja de coca, en Uruguay y Chile crecen las movidas para permitir el consumo de cannabis, en Buenos Aires se difundió el primer trabajo responsable desde el punto de vista jurídico.

Al modo de aquellos matrimonios desavenidos que utilizan a los hijos como rehenes para el intercambio y/o como de variable de ajuste, la temática cannábica comparte tamaña función con otros dos rubros particularmente sensibles a la escamosa dermis conservadora argentina: el matrimonio (y la adopción) entre homosexuales y el derecho al aborto. Instalados en la no menos movediza que virtual frontera entre  lo políticamente correcto y la marginalidad innombrable, sirven a los políticos tradicionales a fin de medir la velocidad de reacción de sus adversarios, tanto como para negociar al modo de naipes a entregar a cambio de tajadas de poder. Algo así como: “Tú me das las turbinas de la represa y yo te entrego el aborto únicamente para casos de violaciones, veto la adopción de hombres solos, le sumo tres alcaldes de provincias, media tonelada de indigentes y dos de inmigrantes ilegales”. De resultas de lo cual a los implicados no les importa demasiado ni la calidad de las turbinas, ni la caracterización de los violadores, ni la evaluación de los varones ni la ética de los funcionarios, ni nada. Todo vale, da igual en esa bolsa donde por la noche caen los gatos pardos, siempre presta a lo que por las playas rioplatenses se conoce como cambalache.

Título del memorable tango de Enrique Santos Discépolo, Cambalache es la voz popular que designa esos comercios de empeño donde se amontonan objetos variopintos (la Biblia junta al calefón) cuyo valor de reventa se halla sujeto al arbitrio del mercader. La pieza musical ha servido, desde su estreno en 1932, de metáfora a los devenires políticos no menos que a la descripción de ciertos rasgos de los que los argentinos han de sentirse escasamente orgullosos (da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón). Ningún otro es el cínico contexto en el que un avance en la legislación tendiente a despenalizar el uso personal de alguna droga se torne factible. Pues, al igual que en el tango, en esa oscura bolsa suelen precipitarse sin distinción alguna sustancias de muy disímil ralea, del modesto porro a las de diseño, pasando por la pasta base (paco, se llama en Argentina) o la heroína (prácticamente inexistente en estas costas). Panorama en el cual se torna entre difícil y viscoso trazar coordenadas racionales, cuando no realistas como distinguir consumo de tráfico, hábito de adicción, derechos individuales de salud pública.

Pero como la necesidad tiene cara de hereje y el diablo mete la cola cuando no hay mal que por bien no venga, el asunto de la delincuentización del consumo hace agua hasta en los lugares comunes. La legislación vigente desde hace veinte años castiga hasta con la cárcel a quien la policía atrape fumando un porro. Esto equivale a que la maestra intente evitar las falta de ortografía de sus alumnos cortándoles los deditos. Desmesura que intenta ocultar el hecho de que si los niñitos cometen errores al escribir probablemente se deba más a la ineptitud de la docente que a la pereza de los discípulos, en especial cuando tales equivocaciones son usuales en la mayoría del aula. Dicho sin eufemismos: el problema no se encuentra en los consumidores sino en el criterio esgrimido por el mismísimo Estado.

Harto de despilfarrar fuerzas, personal y (principalmente) fondos en regar el mar, un sector de ese mismo Estado -el ministerio del Interior- se propuso encarar el tema con espíritu científico mediante la creación de un comité asesor que revisara la legislación y elaborara proyectos. Nada ingenuos, realizaron su labor en el mayor de los sigilos, en la experiencia que la sola noticia causaría urticarias surtidas en la sensible epidermis de los sectores conservadores. Al frente del mismo fue a parar una fiscal, Mónica Cuñarro, que no por joven y bella resultó menos sagaz, según se desprende de la primera entrevista que otorgó al periodista de investigación del diario Página/12 Emilio Ruchansky. Respecto al sistema represivo vigente la fiscal anduvo sin rodeos: “Sería saludable que en algún momento se modifique porque satura el sistema judicial y se utilizan recursos en materia federal que serían necesarios para las causas de fraude a la administración pública, contrabando de estupefacientes o grandes fraudes bancarios”.

El equipo de expertos realizó sondeos bastante profundos y recentró de una vez y para siempre la temática para promover la reforma del aspecto penal del consumo, redefinir el concepto de hábito del de adicción con sus correspondientes prevenciones y tratamientos; más el énfasis sobre lo económico en lo atinente al narcotráfico, incluido el uso de los bienes decomisados a las organizaciones criminales en lugar de su destrucción. En la práctica, los estamentos de control y seguimiento son prácticamente inexistentes, cuando no están atravesados por oleadas de corrupción: “¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Están la periferia (conocida como “conurbano”)  y el interior de la provincia. El conurbano es distribución y la provincia en sí son los tres puertos (Zárate-Campana, Bahía Blanca y Mar del Plata). Hasta ahora el control sobre los puertos es deficitario por los reportes internaciones que tenemos. La cocaína incautada en España, Portugal o incluso Australia siempre ha salido por estos puertos. Lo que significa que la actividad de prevención es mala”.

¡Aleluya!, cada cual con la suya

Por lo visto, en poco tiempo en la Argentina no habrá más prisión ni tratamientos médicos forzosos para quien porte pequeñas cantidades destinadas al placer personal, nunca afecte a terceros ni realice apología. “Si alguien dice -señala la fiscal- que es tenencia para el consumo pero tiene el garaje lleno de cocaína, bueno… el juez tendrá que hacer algo o afrontar un jury de enjuiciamiento”. No se la va con pequeñeces la Cuñarro cuando admite que su accionar no sólo está impulsado por el rotundo fracaso de la ley vigente sino por “una obligación moral” que va más allá de la criminalización de la tenencia sino que abarca todo el arco, incluso hasta el control de tratamientos, granjas o comunidades terapéuticas que en la Argentina “están librados a la buena de dios, en los que se violan elementales derechos humanos como la libertad y la intimidad del adicto”. En efecto, los tratamientos de las adicciones en estas costas por lo general se hallan en manos de un puñado de psicólogos desocupados o bien de pastores de las nuevas iglesias salvacionistas. Resultan depósitos de jóvenes cuyas familias no saben qué hacer con ellos y que son encerrados durante meses en condiciones entre místicas y fascistas, donde dejan de consumir -es cierto- porque dejan de realizar toda acción que tenga contacto con la vida misma, el mundo que les rodea y hasta su propia identidad. Al salir de estas cárceles civiles donde convive un marihuanero standard con otro que se da con uranio enriquecido endovenoso, por lo general son adiestrados a saltar a una droga más pesada en tanto han llenado los bolsillos de los presuntos terapeutas.

Por ese motivo uno de los puntos centrales del proyecto es la distinción entre uso, abuso y adicción desde una perspectiva de reducción de daños que proponga un tratamiento no coercitivo y voluntario: “La internación compulsiva es la última medida y debe ser restrictiva”, agrega la fiscal, recién llegada de una maestría sobre lavado de activos, clave maestra toda vez que se pretenda controlar seriamente el narcotráfico.

Mientras comenzaba a circular la propuesta del Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja (hete aquí el nombre y apellido completos del ente) que conduce Cuñarro, se descerrajó la polémica. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia homónima -entre otros políticos de derechas- pusieron el grito en el cielo anunciando que la Argentina se hallaba cartelizada. Desmintieron la alarma desde el gobierno central y un centenar de magistrados salieron a respaldar enfáticamente los postulados del Comité. La secretaria ejecutiva del mismo salió a aclarar que en la actualidad se advierten “franquicias pues nadie hace el circuito entero. Es un fenómeno que va mutando. Entonces hay unos que cultivan, otros que transportan, otros que se encargan de la introducción y de ver de qué manera logran la connivencia oficial para ingresar una sustancia prohibida por la frontera porque, digamos, requiere una ingeniería y una logística determinada”. Muy informada sobre los mecanismos oscuros, Mónica Cuñarro describe los dispositivos de tercerización de la red de la cocaína y es tajante: “Si la mayoría de los decomisos son de tenencia para el consumo, pequeño comercio y en la calle, sin inteligencia previa; si no puedo determinar que lo incautado es lo mismo que se destruye al final de un proceso, si no puedo controlar la calidad de la sustancia que la fuerza está destruyendo, si de esas más de 7 mil detenciones o de 10 mil causas los jueces no llegan ni al 5 por ciento en fijar procesamientos con prisión preventiva, es que es un fracaso”. Escasamente habitual en la política vernácula que un funcionario reconozca un error, un traspié, menos una derrota de un gobierno que, al fin y al cabo, responde al mismo movimiento (el Nacional Justicialista).Valorado como experiencia, permite relanzar la crisis al modo de una oportunidad de instalar cada problema en su lugar: “No se puede construir una norma penal en base a la moral del buen padre de familia, eso es para el derecho civil. En esto admito que hay una confusión, que se haya interpretado como que hay una liberalización de las drogas, cuando uno en verdad lo que está diciendo es que en el supuesto caso de que haya una adicción fuerte, merece una protección de tipo civil, porque mantener este tema dentro del campo penal estigmatiza a la persona, se la arruina, se la quita del sistema de salud, es imposible que consiga inserción laboral”.

Con su blanca palidez

A medida que el mercado cannábico se va retrayendo hacia la producción artesanal en detrimento de los grandes traficantes que se han inclinado por la cocaína, la efededrina (precursor químico destinado también a desarrollar drogas de diseño), el éxtasis y la ketamina, un inusitado número de ciudadanos colombianos y mexicanos han tentado suerte en las playas argentinas. En los últimos meses, tres de ellos fueron muertos violentamente por sicarios profesionales; los que se suman a otros tantos cadáveres aparecidos poco tiempo antes, todos relacionados con peleas intestinas por quedarse con alguna franquicia. Dos investigadores del diario Crítica, Cristian Alarcón y María Elena Ripetta se abocaron a desentrañar las renovadas modalidades mediante una docena de informantes en España, Argentina, Uruguay  y Chile. Descubrieron lo que Cuñarro anticipaba: “Las ‘bandas emergentes’ de colombianos se disputan Buenos Aires como la mejor ‘franquicia’ del narcotráfico internacional hacia España. Por eso entre 2006 y 2008 se triplicó la cantidad de colombianos presos por narcotráfico en la Argentina. Un alto jefe policial contó que el tema preocupa a toda la región: la ‘franquicia’ la maneja la organización que logró tener una mayor fuerza infiltrando la administración, las fuerzas de seguridad y los controles del lugar en el que se mezcla el lavado de dinero con las rutas de salida hacia Europa”. El circuito parece ser enrevesado pero seguro: llega a la Argentina vía las pistas clandestinas que tapizan la región, especialmente el Noroeste (Salta y Tucumán), salen por los tres puertos mencionados vía marítima hasta Senegal o Guinea-Bissau y de ahí a España, en contenedor o a lomo de mula.

Al cierre de esta edición en la Argentina hay 57 presuntos narcos colombianos tras las rejas, 53 ya condenados por acopio o transporte de grandes (hablamos de toneladas) volúmenes de cocaína con destino a España. De acuerdo a Alfredo Rangel, que conduce una ONG especializada en Bogotá, se detecta “una mudanza hacia el Cono Sur. El lavado de activos es la primera fase en la Argentina. Precisamente allí hay menos atención de la DEA, de la CIA y de los aparatos de la Interpol. El movimiento que ya hicieron es instalar familias y clanes enteros en la Argentina donde se van estabilizando. En Colombia los narcos tienen la envidia de los de abajo y la desconfianza de los de arriba. El deseo de todo mafioso es que su familia pueda disfrutar de la plata y en Argentina -dijo desde Bogotá- lo pueden hacer. Si a eso se le suma que ya armaron una ruta, está todo dicho.”

Nada está dicho en forma definitiva en este país sudamericano, donde un equipo de profesionales procura revisar lo sucedido y aprender de las equivocaciones desde los dispositivos del Estado. Entre tanto se afianzan las movidas espontáneas por los derechos civiles y las libertades individuales para salir en apoyo a las medidas progresistas cada vez que son bombardeadas por los intereses corporativos. Por primera vez, la comunidad cannábica parece estar dispuesta a hacer valer sus derechos y sumar su presencia a la de quienes salen a la calle a poner la cara y hacer oír su voz.

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