La entidad considera que su labor tendría que estar “amparada en el ejercicio de los derechos fundamentales” que no se encuentran suspendidos durante el estado de alarma

La asociación cannábica Kanabotikan de Irun ha reclamado que su actividad sea considerada como “esencial” y “amparada en el ejercicio de los derechos fundamentales” que no se encuentran suspendidos durante el estado de alarma y que, por lo tanto, pueda permanecer abierta durante este período.

El colectivo Kannabotikan hace esta petición en una carta remitida al alcalde de Irun, José Antonio Santano, al que solicita que dicte una resolución urgente en ese sentido y le pide que, “si lo considera oportuno o necesario”, traslade también su demanda a la Consejería de Salud del Gobierno vasco.

Con este escrito, al que ha tenido acceso EFE, la asociación irundarra, representada por el abogado Jon Razkin, se convierte en el primer colectivo cannábico vasco en sumarse a la ofensiva comenzada la semana pasada por otras asociaciones españolas con el fin de que se les permita abrir durante el estado de alarma como los estancos, y se regularice de forma clara su actividad, con lo que calculan que las arcas del Estado recaudarían un mínimo de 370 millones de euros para paliar la crisis económica.

Este movimiento arrancó con sendos escritos de la asociación Cannasalut de La Garriga (Barcelona) y la madrileña Dos Emociones, asesorados por el letrado Martí Cànaves, en los que reclamaron poder abrir desde la fase cero de la desescalada para dispensar cannabis a sus socios, con cita previa, prohibición de consumo en el interior y todas las medidas de desinfección y prevención necesarias.

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Una iniciativa que, según Cànaves, no se limita a pedir a las administraciones poder funcionar durante la pandemia, sino que también plantea la necesidad de que este tipo de asociaciones sean reguladas de forma clara, frente a la ambigüedad legal con la que operan en la actualidad.

Días después, el partido cannabic de Navarra (RCN-NOK) reclamó formalmente a las autoridades navarras que se debata en la comisión de expertos de sanidad la situación crítica de los clubes de cannabis y sus empleados.

Para ello, estas asociaciones, a las que ahora se suma Kanabotikan, acompañan su petición de un informe económico, confeccionado por el economista Pau Teruel, que estima en un mínimo de 1.800 millones de euros el volumen anual de gasto que afloraría mediante la regularización, de los que el Estado podría recaudar 370 millones mediante el cobro del IVA, impuestos de sociedades y cuotas a la Seguridad a los clubes cannábicos.

El colectivo Kanabotikan de Irun es una entidad sin ánimo de lucro cuyos socios “se autoabastecen” y que distribuye cannabis entre ellos, todos mayores de edad, para consumir esta sustancia “en un ámbito privado, reduciendo así los daños sobre la salud asociados al mercado negro”.

De esta manera, también controlan “la calidad del producto”, lo que les permite evitar “adulteraciones”, así como “el contacto con la delincuencia”, circunstancias que “tienen una incidencia relevante en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que consumen esta planta”.

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Kanabotikan recuerda además que “actualmente en España el consumo del cannabis en entornos privados es legal, así como su cultivo, que no puede superar una cantidad determinada para el consumo del propietario y que además no puede ser visible desde la vía pública”.

Por estos motivos, en su carta demanda que, durante el proceso de desescalada, se equipare a las asociaciones cannábicas con el sector de la restauración, “al no disponer de un ámbito específico”, y se les permita “la dispensación de cannabis a los socios sin que éste sea consumido en el interior del local, así como la entrega a domicilio”

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.