La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a cuatro miembros de un club de cannabis de Durango para los que la Fiscalía pedía penas de entre cinco y seis años de cárcel, según los casos, al poner en duda la cadena de custodia de la droga y entender que los procesados creían actuar dentro de la legalidad.

La sentencia del caso cuestiona la cadena de custodia de la marihuana “en proceso de secado” que la Ertzaintza ocupó el 5 de octubre de 2012 en las parcelas que la asociación tenía en Mungia, ya que no considera probado que esas 125 ramas se convirtieran en los 7,1 kilogramos de cannabis que finalmente se recibieron en el laboratorio de Sanidad, siete meses después.

La resolución judicial respalda así las tesis mantenidas por las defensas, quienes durante el juicio afirmaron que “las singulares circunstancias en las que se ocupó la droga, se depositó, manipuló y custodió en dependencias policiales” y posteriormente se remitió para su análisis al laboratorio hacían “dudar de la integridad de la cadena de custodia”.

Las defensas sostuvieron también que sus clientes actuaron “en la firme creencia de la licitud de la actividad de cultivo colectivo y consumo compartido de marihuana” que desarrollaban, pues “en ningún momento ocultaron las verdaderas finalidades” de su asociación, “realizaron los trámites” requeridos administrativamente para registrarla legalmente y “cumplieron las obligaciones tributarias derivadas de su actividad, sin que llegaran a recibir ninguna comunicación que les hubiera hecho sospechar lo contrario”.

En su resolución, la Audiencia de Bizkaia da ahora por válidos estos argumentos, al entender que los procesados incurrieron en un “error de prohibición invencible”, pues actuaron “en la errónea creencia de obrar amparados por la norma” tras haber adoptado “cuantas medidas estaban a su alcance para evitar dicho error”.

Explica, en este sentido, que el club “facilitó a la Ertzaintza de Gernika documentación conteniendo el acta de constitución, sus estatutos y la inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco”.

“Una documentación -añade el documento judicial- que la Jefatura de Unidad de la comisaría trasladó a su vez a la alcaldesa del Ayuntamiento de Mungia para su conocimiento, sin que conste que se iniciara actuación policial o administrativa derivado de ello”.

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