Una nueva ley permitiría al Panel Asesor de Investigación de California retomar las reuniones, agilizando el desarrollo de estudios sobre psicodélicos y tratamientos de adicciones.

Los legisladores de California están a punto de solucionar un embotellamiento burocrático que ha frenado decenas de estudios sobre tratamientos contra la adicción, psicodélicos y otras drogas restringidas por el gobierno federal.

El problema gira en torno al Panel Asesor de Investigación de California, creado hace décadas para revisar estudios relacionados con cannabis, alucinógenos y tratamientos para el abuso de sustancias controladas. Este panel ha sido un obstáculo crítico para los investigadores que exploran usos potenciales de los psicodélicos o buscan nuevas formas de combatir la adicción, ya que no pueden avanzar sin su aprobación.

El panel solía reunirse a puerta cerrada para tomar decisiones, pero el año pasado surgieron preocupaciones de que debía cumplir con la Ley Bagley-Keene, una ley estatal que exige reuniones públicas. Sin embargo, las reuniones abiertas generaron temor sobre la divulgación de secretos comerciales e información sensible, lo que llevó al panel a suspender sus actividades. No se ha reunido desde agosto y las reuniones programadas para cada dos meses se han cancelado desde octubre.

El resultado ha sido un retraso creciente: según las autoridades estatales, a principios de mayo había 42 nuevos estudios y 28 enmiendas a proyectos existentes esperando aprobación.

Ziva Cooper, directora del Centro de Cannabis y Cannabinoides de UCLA, declaró que había presentado un estudio al panel hace más de un año, ya aprobado por los Institutos Nacionales de Salud, la FDA y una junta de revisión institucional. Este estudio evaluaría los riesgos para la salud del cannabis en adultos mayores y jóvenes de 18 a 25 años. El panel pidió un pequeño cambio en el formulario de consentimiento, pero al no reunirse, no ha podido continuar.

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Otros estudios presentados por su centro en UCLA también se han visto afectados, incluido uno que explora el uso del cannabis como alternativa a los opioides para aliviar el dolor, y otro que investiga si un compuesto psicodélico de los hongos, la psilocibina, podría ayudar a las personas con adicción a la cocaína.

La interrupción “tiene implicaciones de gran alcance, costando a los investigadores dinero en subvenciones caducadas y salarios perdidos”, según un análisis preparado para un comité estatal.

Sin embargo, esta parálisis podría llegar a su fin gracias al Proyecto de Ley AB 2841. Esta ley permitiría al panel mantener sesiones cerradas para discutir estudios que involucren secretos comerciales u otra información confidencial. La ley, propuesta por la asambleísta Marie Waldron (R-Valley Center), entraría en vigor de inmediato si el gobernador la firma.

“El enfoque es reactivar la gran cantidad de estudios que han estado en espera durante más de un año”, dijo Waldron en un comunicado. “Esta es la solución rápida y urgente que se necesita para abordar ese problema”.

La ley cuenta con el apoyo de la organización sin fines de lucro Veterans Exploring Treatment Solutions, que respalda la investigación sobre los posibles beneficios de los psicodélicos en el tratamiento de la depresión y otras afecciones entre los veteranos militares.

No obstante, muchos investigadores creen que el AB 2841 no va lo suficientemente lejos y piden la eliminación del panel. En una carta dirigida al gobernador Gavin Newsom, un grupo de investigadores argumentó que el proceso estatal podría retrasar un estudio al menos cinco meses, lo que resultaría en más de $100,000 en gastos innecesarios.

El psicólogo de UCLA Steven Shoptaw calificó la situación como “una carga desigual para la investigación sobre adicciones”. Otros investigadores, como el profesor de medicina Phillip Coffin, de la UC San Francisco, han pedido modificar la ley para eximir a los investigadores que ya cuentan con la aprobación federal.

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El análisis del Proyecto de Ley AB 2841 preparado para el Comité de Salud de la Asamblea afirma que el panel proporciona un nivel adicional de protección, ya que regularmente detecta problemas con la seguridad de los medicamentos y formularios de consentimiento. Además, es “el único que garantiza que los estudios realizados en California cumplan con la ley estatal”.

Sin embargo, Coffin sostiene que en su experiencia, el panel no ha mejorado la seguridad del paciente ni ha justificado las demoras extremas. Según él, si realmente encuentran problemas que otros revisores no detectan, “toda la investigación debería pasar por este panel, no solo los estudios de adicciones y sustancias controladas”.

Acerca del autor

Amante del cannabis y especializado en el mundo de las sustancias psicoactivas. Escritor y psiconauta.