La Asamblea Nacional Legislativa de Panamá aprobó este lunes un proyecto que legaliza el cannabis medicinal y convertiría al país en el primero de Centroamérica en regular el consumo de esta sustancia.

El proyecto, impulsado por el presidente de la Asamblea unicameral y diputado oficialista, Crispiano Adames, fue aprobado con 44 votos a favor por cero votos en contra.

La ley entrará a regir en cuanto sea homologada por el presidente Laurentino Cortizo.

“Esa medida viene a ayudar a cientos de panameños que hasta el momento se las ha imposibilitado poder adquirir ese medicamento en Panamá”, afirmó durante el pleno el también diputado oficialista, Leandro Ávila.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo “crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados”, según indica su preámbulo.

La legalización de la marihuana en América Latina, antes de la aprobación en Panamá aún no homolagada

El uso del cannabis será “con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional”, añade el texto aprobado.

“Esto es un gran logro, no es una ley perfecta ni tal vez la ideal, pero definitivamente es el primer paso de algo justo y necesario”, declaró a la AFP Carlos Ossa, un activista con esclerosis múltiple que llevaba luchando cuatro años por la regularización del cannabis medicinal.

– “Obligado a cometer ilegalidades” –

La ley permitiría en Panamá la importación, exportación, cultivo, producción y comercialización de esta sustancia y sus derivados a través de una serie de licencias otorgadas por el Estado.

Según la ley, los pacientes que accedan a un tratamiento de cannabis medicinal lo harán “bajo estrictas normas de seguridad” y vigilancia.

Las fases del cultivo de este producto se hará en áreas designadas de acceso limitado y con un sistema de cámaras de vigilancia.

Además, solo las farmacéuticas o empresas especializadas en servicios terapéuticos podrán adquirirlo y comercializarlo.

Sin embargo, hasta que la ley no sea homologada y reglamentada “seguiremos en lo mismo, obligados a cometer ilegalidades por necesidad y seguiremos estando expuestos al mercado ilegal donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad”, advirtió Ossa.

El proyecto también advierte que está prohibido vender cannabis a domicilio, vía internet o fuera de los establecimientos autorizados.

Tampoco se podrá promocionar o hacer publicidad de los fármacos o sus derivados en medios de comunicación o redes sociales, salvo en revistas científicas.

Además, quien cultive o tenga plantas de cannabis para producir y vender droga ilícita “será sancionado con pena de diez a quince años de prisión”.

– Panamá, primero en Centroamérica-

El proyecto fue presentado en 2019, pero ha sufrido múltiples cambios para que fuera aprobado por unanimidad.

Sus proponentes dicen buscar mejorar la calidad de vida de personas con glaucomas, epilepsia, artritis, esclerosis múltiples, migrañas, convulsiones y diferentes tipos de dolores, incluido el cáncer.

Si el proyecto es homologado por el presidente Cortizo, Panamá será el primer país en regular el uso del cannabis en Centroamérica, una región conservadora con una amplia influencia de la religión.

En 33 de los 50 estados de Estados Unidos, está permitido el uso medicinal de la marihuana, mientras que en su capital, Washington, y en otros 10 estados su uso recreativo.

En Sudamérica, la mayoría de países ya regulan el consumo del cannabis medicinal, mientras que México y Uruguay permiten también su uso recreativo.

Según un estudio de la Universidad de Lausana publicado en julio, el cannabis fue cultivado por primera vez por los humanos hace unos 12.000 años en China.

– Oportunidad para exportar –

Con este proyecto, las empresas podrían exportar desde Panamá semillas para siembra, plantas de cannabis y derivados de este producto.

Para ello, las empresas que cuenten con una licencia deberán presentar un plan de exportación proyectado para un año y deberán identificar a los compradores ante las autoridades regulatorias panameñas.

El objetivo es garantizar que el producto terminado sea “usado exclusivamente para fines médicos, científicos y de investigación”.

“Lo bueno es que se tenga la oportunidad de que aquí se produzca”, manifestó Ávila.

Este proyecto de ley es “conveniente” porque va a producir “la atracción de inversiones”, dijo el también diputado oficialista, Omar Castillo.