Se calcula que unos 50.000 enfermos españoles usan marihuana medicinal sin seguridad y garantías de dosificación y calidad. En las segundas jornadas del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, pacientes y científicos sacaron de los partidos políticos un compromiso: la subcomisión que tratará la regulación del cannabis terapéutico se pondrá en marcha en breve en el Parlamento. Lo que ha ido más rápido son las licencias para producir, exportar y comercializar esta planta medicinal: Alcaliber, una empresa de Juan Abelló, es la única con licencia. Y la tiene desde hace un año.

Cuando se juntan en un mismo auditorio enfermos que consumen cannabis para aliviar sus dolores, expertos en el potencial terapéutico de la planta y diputados de los principales partidos, avanzar parece más sencillo. El pasado martes, durante las jornadas ‘Políticas contra el dolor’, organizadas por el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se comprometieron a poner en marcha lo antes posible –unos con más ganas que otros– la subcomisión parlamentaria que estudiará la regulación del cannabis medicinal. Mientras en países como EEUU, Canadá, Chile, Colombia, Argentina o Israel, entre otros, ya han regulado la marihuana para uso terapéutico, aquí todavía estamos dando vueltas a un tema que los científicos tienen bastante claro: hay principios activos de la marihuana que tienen utilidad como fármaco para determinadas dolencias y pueden complementar a los medicamentos tradicionales.

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Una veintena de pacientes y familiares, en representación de alrededor de 50.000 pacientes que podrían usar marihuana en nuestro país, según el Observatorio, leyeron un manifiesto recordando a los políticos que “el dolor no puede esperar” y reclamando una “agencia estatal que propicie el acceso libre al cannabis de uso medicinal” y una regulación clara que les permita conseguir el principio activo a través del sistema sanitario. Francisco Igea, de Ciudadanos, artífice de la proposición no de ley que finalmente se convirtió en subcomisión, aseguró que “la regulación del cannabis medicinal no es un problema de ideología, es de evidencia científica, y la hay. No sé por qué no hacemos nada”. Todas las miradas se dirigieron a la diputada del PP, Carmen Hernández Bento: “Somos conscientes de que hay principios activos del cannabis que tienen beneficios terapéuticos pero debemos de profundizar desde el derecho a la salud”. Podemos acudió a la cita con la diputada Mae de la Concha. Favorable a la regulación, reprochó al PP, e indirectamente al PSOE, de que las subcomisiones valen de poco, “se marea mucho la perdiz”. Y se preguntó porque se solicitaban tantos requisitos para regular una planta medicinal: “Nunca he visto pedir tantas explicaciones sobre los refrescos que se venden en la máquina”. Por último, el diputado socialista Jesús María Fernández solicitó “un debate sosegado, sin intereses partidistas” y donde se escuche a todos los expertos.

Hubo asistentes que no entendían por qué se tardaba tanto en llevar a cabo una regulación y tan poco en otorgar una licencia para producción y exportación de esta droga a una empresa española como Alcaliber, propiedad del empresario Juan Abelló. El parlamentario de Ciudadanos se implicó personalmente y dijo que llevaría al Congreso el tema de las licencias, y sus requisitos, para producir cannabis en España.

En su web, Alcaliber –grupo controlado por Torreal, la sociedad de inversión del empresario Juan Abelló– asegura ser la primera empresa en España que ha obtenido una licencia para “el crecimiento, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización del cannabis y sus productos para la industria farmacéutica”. Incluso reconoce estar invirtiendo grandes recursos para así convertirse en “líderes mundiales” de cannabis medicinal. Esta paradoja –no tenemos regulado el cannabis para los pacientes españoles pero sí se dan licencias a grandes empresas para que los produzcan– salió a relucir más de una vez durante las jornadas. Los parlamentarios no supieron qué decir.

Además de cannabis, la empresa de Abelló tiene el monopolio del cultivo y explotación de opio en España. En 2015, Alcaliber ganó casi 10 millones de euros tras aumentar sus ventas más de un 11 por ciento. Tanto para la adormidera, de donde salen opiáceos como la morfina y la codeína, como para el cannabis medicinal, es el Gobierno quien otorga esos permisos. La empresa familiar de Abelló lleva casi 90 años controlando toda la cadena de valor del opio y ahora parece que pretende hacer lo mismo con el cannabis.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.