ERTE y despidos en el macroinvernadero de cannabis de Soria, el mayor de Europa

Más de 150 trabajadores despedidos y 42 en ERTE a la espera de una autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, para poder vender su primera cosecha de cannabis medicinal, obtenida de un cultivo de 9.000 plantas. Ese es el panorama de la empresa Ondara Directorship, propiedad de un fondo inversor de EEUU que adquirió en Garray (Soria) el que entonces era el mayor y más moderno invernadero de Europa dedicado al cultivo de rosas.

La llegada de Full Moon Investments, grupo especializado en la inversión en el sector del CBD y el cannabis medicinal, con proyectos en varios estados de EEUU y en Colombia, fue acogida hace dos años con expectación en Soria para recuperar la actividad en unas instalaciones de 14 hectáreas que se habían quedado paradas tras irse al tacho Aleia Roses, empresa que había llegado a dar empleo a más de 250 personas en el cultivo de la variedad de rosa roja Red Naomi. Y 250 trabajadores en una provincia con poco más de 89.000 habitantes, epicentro de la llamada España vaciada cada vez más despoblada, son muchos trabajadores.

Las expectativas eran altas, pero el tiempo las ha ido rebajando paulatinamente. Dos ERTE y un ERE han dejado la plantilla de 230 empleados con la que Ondara inició su andadura en tan sólo nueve, mientras 42 aguardan inmersos en un expediente de regulación temporal prorrogado hasta diciembre. Primero, la nueva empresa cortó de cuajo la producción de rosas que se comprometió a compaginar con la de cannabis medicinal, según los sindicatos representados en la empresa, CCOO y UGT, y luego redujo de forma drástica el personal al verse sobrepasada por los tiempos y requisitos establecidos por la AEMPS para autorizar el cultivo y producción de marihuana con fines terapéuticos.

En diciembre de 2021, Ondara despidió a 151 trabajadores y continuó la actividad con cerca de 80, una vez que la Agencia de los Medicamentos le concedió la autorización para cultivar cannabis con el fin de obtener los lotes necesarios para la validación del proceso de fabricación. Con esa licencia, la empresa de capital estadounidense cultivó en el primer semestre de este año unas 9.000 plantas en una superficie de tres hectáreas de uno de los dos invernaderos de Garray, según ha explicado a Público uno de los empleados que trabajó en esa cosecha y que prefiere no revelar su identidad.

Este trabajador, que ahora se encuentra en ERTE, asegura que fruto de esa cosecha se obtuvieron unos mil kilos de cannabis, que permanecen almacenados al vacío para su conservación a la espera de que la empresa obtenga una nueva autorización de la AEMPS, en este caso para poder comercializar y distribuir la cosecha. La falta de esa licencia es, precisamente, la que motivó que Ondara aplicara en junio un primer expediente de regulación temporal de empleo a 42 trabajadores, expediente que ha sido prorrogado en septiembre por otros tres meses, con la esperanza de que antes de su finalización llegue la autorización de la agencia del Ministerio de Sanidad para dar salida a la producción del primer semestre y continuar con los cultivos.

Sobreviviendo con 600 euros al mes

“Estamos esperando, pero yo creo que todo esto ha sido una chapuza, que lo que ha pasado es que la empresa ha ido aprendiendo a base de cometer errores”, dice el trabajador. Pero la espera se les está haciendo cada vez más larga. Al ser el segundo ERTE, ya sólo cobran 600 euros al mes –su sueldo en activo apenas rebasaba los 1.000 euros- y algunos ni eso porque han agotado la prestación de desempleo. “La situación es dificilísima con lo cara que está ahora la vida, con lo que cuesta el alquiler de un piso… La gente está pelada. Hay quienes se suben ya por las paredes. Es insostenible esto”, afirma.

El secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, tiene claro que la situación no está mejorando en Ondara. “Vamos de mal en peor”, dice a este periódico. Las expectativas que se habían creado con la llegada del grupo inversor estadounidense para reflotar la actividad de los invernaderos de Aleia Roses se han ido diluyendo como un azucarillo. “Ha habido varios engaños por el camino”, subraya el dirigente sindical.

El primero de esos “engaños” fue, según Moreno, que Ondara incumplió su compromiso de mantener toda la plantilla que había en la anterior empresa y compaginar el cultivo de las rosas con el de cannabis para garantizar la actividad de los invernaderos durante todo el año. “Arrancaron las rosas de buenas a primeras un día, sin avisar al comité de empresa ni a nadie –señala- y ahora de la plantilla sólo quedan nueve, todos del departamento de oficina, y 42 que están en ERTE. Y aquí estamos a la espera de que consigan la autorización de la Agencia de Medicamentos para que puedan seguir, pero no sabemos nada”.

Las dudas sobre las intenciones de la empresa de capital estadounidense han dado paso a la desconfianza en Soria. Trabajadores y sindicatos ya no se fían de lo que puedan hacer los responsables de Ondara: si continuarán con la producción, si su único interés es conseguir la autorización de la AEMPS para producir cannabis medicinal en España con el fin de vender luego la compañía a otros inversores, o si tienen otros objetivos. “Nosotros como sindicato nunca nos habíamos visto en una así. Lo primero porque se trata de una producción especial. Pero lo que no se puede hacer es aventurarse a un proyecto sin conocer bien la legislación del país donde vas a cultivar”, se lamenta Javier Moreno.

Esa desconfianza ha llevado a los sindicatos a no defender siquiera la concesión de ayudas económicas de las administraciones públicas para enderezar el rumbo de Ondara cuando se desconocen las verdaderas intenciones de la empresa con las instalaciones de Garray, un pueblo situado a nueve kilómetros de la ciudad de Soria, a orillas del río Duero. “No estamos por la labor de que reciban dinero público sin saber aún si es un proyecto viable, sin conocer el compromiso que tienen y sobre qué”, explica el dirigente provincial de CCOO, quien apunta que la Junta de Castilla y León ya ha manifestado estar “cansada” de los continuos vaivenes de los invernaderos de la localidad soriana, antes con la producción de rosas y ahora con la de cannabis.

Los representantes de la empresa ni se desplazan a Soria

La interlocución con la empresa tampoco ayuda a mejorar esa confianza. La última reunión de los abogados de Ondara, que residen en Madrid, con el comité de empresa y los sindicatos para negociar el nuevo ERTE se tuvo que hacer por videoconferencia. “No se dignaron ni a venir a Soria”, reprocha el responsable provincial de Comisiones.

Según uno de los empleados que trabajó en la primera cosecha de cannabis de Ondara, el responsable máximo de la empresa, el CEO de Full Moon Investments, tan sólo apareció una vez por el invernadero de Garray durante ese tiempo, y luego envió a dos estadounidenses que se encargaron de supervisar las labores de recolecta de las 9.000 plantas.

Este empleado, que había trabajado anteriormente en Aleia Roses, dice que la faena con las rosas resultaba más estresante, requería más dedicación diaria, mientras que el cannabis demanda un mayor esfuerzo durante un tiempo muy determinado, el de la cosecha, aunque las exigencias de seguridad son mucho mayores, tanto en el control de las plantas como en el de los trabajadores: más de cien cámaras de seguridad, cacheos a la salida y prohibición de entrar con teléfonos móviles, asegura.

La preocupante despoblación de Soria

La incertidumbre en torno al futuro de una empresa que partía con una plantilla de más de 230 trabajadores es mayor aún en una provincia donde preocupa tanto la despoblación. Soria es, junto a Laponia, la zona con menos habitantes por kilómetro cuadrado de toda la UE. Y el informe de la fundación Funcas titulado ‘La despoblación de la España interior’ refleja que Soria cumple rigurosamente con los criterios que determinan ese mal: una tasa negativa de crecimiento demográfico en los últimos 70 años y una densidad de población inferior a la media nacional.

La situación es tal que Soria ha perdido casi dos tercera partes de su población desde 1950, de forma que ahora tiene una densidad de 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Valga como ejemplo ilustrativo de la realidad de este territorio este dato: los habitantes de toda la provincia no llenarían un estadio de fútbol como el del Camp Nou.

Y el secretario provincial de CCOO advierte de que situaciones como la de la empresa Ondara no ayudan en nada a resolver el grave problema de la despoblación de esta provincia castellana. “El mayor problema que tenemos aquí es la despoblación. Y uno de los factores fundamentales para combatirla es la generación de empleo de calidad. Si estamos hablando de que esta empresa cuando se instaló en Soria tenía más de 200 trabajadores, que eso generó una ilusión que ya no existe, porque ya sólo quedan nueve empleos, pues sólo podemos decir que perder todos esos empleos contribuye aún más a que nos sigamos desangrando. Necesitamos que vengan empresas, que generen empleo, estable, con buenas condiciones laborales, para que la gente se quede y atraiga a otras personas a venir aquí”, concluye el dirigente sindical soriano.

En su página web, Ondara Directorship afirma: “trabajamos con honestidad, intentando hacer lo correcto el 100% de las veces, incluso cuando pueda perjudicar nuestros intereses. Actuamos con responsabilidad reconociendo los errores propios y asumiendo las consecuencias de los hechos para ponerles solución, promoviendo así el compañerismo (…) Perseguimos la excelencia en todo el proceso de producción de Principios Activos Farmacéuticos (API) para su venta a la Industria Farmacéutica para la fabricación de sus productos farmacéuticos”.

Sin embargo, Ondara ya no figura entre las entidades que cuentan con autorización de la Agencia Española de Medicamentos para cultivar cannabis medicinal. La empresa del fondo de inversión estadounidense no dispone actualmente de la licencia que le concedieron para la plantación que cosechó en el primer semestre de este año y se mantiene a la espera de recibir la que ha solicitado al organismo del Ministerio de Sanidad para poder comercializar esa cosecha. Este periódico ha intentado, sin éxito, contactar con la dirección de Ondara para recabar su opinión.

Fuente Publico