España ya es la séptima potencia mundial de cannabis medicinal tras crecer su producción legal un 53%

España ya está en el G7 del cannabis medicinal, entre los siete países del mundo que producen más marihuana de forma lícita con fines exclusivamente terapéuticos para tratar dolencias y enfermedades. Es un hito del que, sin embargo, siguen sin poder disfrutar los pacientes de nuestro país, porque toda la producción debe ir destinada a la exportación, al no haber sido aún regulado su uso en el Estado español.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha notificado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) una previsión de producción de 36 toneladas de cannabis medicinal en 2024, según ha podido comprobar Público.

Esa cantidad supone un incremento del 53% con respecto a la de 2023, año en el que ya se había cuadruplicado el rendimiento del cultivo con autorización administrativa.

Los Estados deben comunicar cada año a la JIFE la previsión de necesidades de todas las sustancias que están sometidas al control internacional en cumplimiento de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y van destinadas a un uso farmacológico y científico, entre ellas el cannabis.

En el caso de España, la producción procede de los cultivos autorizados por la AEMPS con fines de investigación o de fabricación médica, que se han duplicado en los últimos cinco años, pese a que el uso medicinal de la marihuana está prohibido en nuestro país.

La falta de regulación no ha sido obstáculo para que España haya ido subiendo escalones año tras año en el ranking mundial de la producción de cannabis medicinal, hasta el punto de haberse situado en 2024 en la séptima posición, únicamente superada por los colosos de esta industria: Australia –que ha notificado 97,2 toneladas-, Israel (97,5) Colombia (100), Uruguay (116,6), Canadá (284,6) y Reino Unido (406,1).

Con el notable crecimiento previsto para este año -12,5 toneladas más que en 2023-, España ha rebasado a países europeos punteros en la producción y uso del cannabis medicinal como Portugal (32 toneladas), Alemania (2,8) y Dinamarca 15), y a otros como Nueva Zelanda (21) o Perú, que en 2023 había duplicado la facturación española.

España es, curiosamente, el único país situado entre los mayores productores del mundo de cannabis con fines medicinales que no cuenta con un marco regulatorio de su uso. Únicamente dispone de una ley de 1967, promulgada por el dictador Francisco Franco, para la concesión de las autorizaciones de cultivo que aprueba la AEMPS.

Las estimaciones de producción que se notifican anualmente a la JIFE se hacen a partir de las previsiones que comunican las propias entidades autorizadas por la Agencia de Medicamentos. En el informe que deben presentar cada año para renovar la licencia administrativa de cultivo han de reflejar lo que van a producir en el nuevo ejercicio y lo que han recolectado en el anterior.

Las licencias de cultivo han aumentado un 150%

El incremento de la producción española de cannabis medicinal ha ido creciendo de forma progresiva desde 2018

Actualmente, 25 entidades públicas y privadas tienen autorización de cultivo, una cifra que supone un incremento del 150% con respecto a las que había en 2019. De ellas, 16 tienen como objetivo la investigación; tres trabajan en la producción de semillas y esquejes con fines médicos; otras tres se dedican a la obtención de los lotes necesarios para la validación del proceso de fabricación de principios activos estupefacientes; una está realizando un ensayo clínico, y dos cultivan plantas directamente con fines de producción medicinal.

Entre estas últimas se encuentra Linneo Health, el gigante de la producción de cannabis medicinal en España, una empresa participada en un 60% por el fondo británico GHO y en un 40% por un vehículo inversor de Juan Abelló, el magnate español que lideró, con Alcalíber, la producción mundial de morfina para la industria farmacéutica.

Solo la capacidad de producción de esta empresa puede alcanzar las 25 toneladas anuales, según han señalado sus responsables, quienes aseguran que esa cantidad podría aumentar, si fuera necesario, en las instalaciones que tienen en la comunidad autónoma de Murcia para la plantación y procesado de flores secas.

Linneo Health se jacta, además, de suministrar una gama de productos medicinales de “alta calidad” a empresas de todo el mundo que trabajan en los mercados que disponen de una regulación adecuada, entre ellos Alemania, Reino Unido, Israel e Italia.

El incremento de la producción española de cannabis medicinal ha ido creciendo de forma progresiva desde 2018, cuando se notificaron únicamente 400 kilos. En los dos años siguientes, subió a 500 kilos, en 2021 aumentó a 600 y en 2022 se produjo el gran salto: seis toneladas, diez veces más que el año anterior, una cantidad que luego se cuadruplicó en 2023.

La Agencia de Medicamentos detalló a este periódico que las previsiones del año pasado correspondían a tres ámbitos: las estimaciones para cubrir la demanda de los pacientes a los que se administran los dos únicos medicamentos hechos con cannabinoides autorizados en nuestro país, Sativex y Epidiolex; la exportación con fines médicos y científicos de la producción de cultivos autorizados; y la fabricación de extractos de cannabis, procedentes de cultivos también autorizados, para su posterior envío al extranjero.

Concretamente, el 81% de la previsión de 2023 correspondía a la producción de cannabis con fines médicos y el 19% a los cultivos destinados a investigación.

Regulación pendiente del ministerio de Mónica García

Miles de pacientes utilizan ya en España el cannabis para tratar sus dolencias, aunque su uso no esté regulado

La regulación del cannabis medicinal está en manos del Ministerio de Sanidad, que ahora dirige Mónica García, de Sumar, departamento que el pasado diciembre adelantó a Público que estaba estudiando el borrador elaborado por la AEMPS para permitir el encaje legal de un uso solicitado por el Congreso de los Diputados en junio de 2022.

La Cámara dio seis meses a Sanidad para aprobar la regulación del cannabis medicinal, plazo que venció en diciembre de 2022, hace ya más de un año. En el dictamen aprobado por la Comisión de Sanidad se establece que el cannabis deberá ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para su uso y dispensado en farmacias hospitalarias, aunque abre la posibilidad a extender su aplicación tanto a médicos generalistas como a oficinas de farmacia comunitarias.

Las indicaciones recomendadas para su prescripción son la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y crónico no oncológico, incluido el neuropático.

Miles de pacientes utilizan ya en España el cannabis para tratar sus dolencias, aunque su uso no esté regulado. Para ello, deben recurrir al autocultivo personal de plantas o al colectivo de las asociaciones de usuarios de cannabis, que se encuentran en un limbo legal, y al mercado clandestino. Con ello se exponen, además, a la imposición de multas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona la tenencia de drogas en la vía pública con un mínimo de 600 euros.

Organizaciones científicas y profesionales como la Sociedad Española del Dolor han criticado también el retraso de la regulación y denunciado la frustración que genera entre los pacientes la falta de avances en este campo.

Su responsable en el Grupo de Trabajo de Cannabinoides, Jesús de Santiago, ha advertido de que esta demora no solo está obstaculizando el acceso de los pacientes con dolor crónico refractario a opciones de tratamiento potencialmente eficaces, sino que igualmente les está generando incertidumbre y ansiedad, obligándoles a buscar alternativas fuera del sistema sanitario parar aliviar su malestar.

“Lo que están haciendo es que Abelló gane dinero”

Hugo Madera: “España es la referencia en Europa del autocultivo y el resto de los países está avanzando más que nosotros”

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo de expertos españoles en ámbitos legales y sociales del uso de esta planta, denuncia que haya aumentado el número de autorizaciones para cultivo que concede la AEMPS, mientras los pacientes en España no pueden hacer uso de esa producción por falta de regulación.

“Lo que está haciendo el Gobierno es facilitar que Abelló, el amigo íntimo del rey Juan Carlos, porque cazan juntos, gane dinero. Y Abelló necesita esta regulación que se está planteando”, dice a Público el portavoz del Observatorio, Hugo Madera.

Este grupo de expertos se muestra totalmente contrario a una regulación del uso medicinal que, a su juicio, únicamente beneficia a la industria farmacéutica y no incluye el autocultivo individual ni colectivo de plantas, aunque sea para destinarlas a fines estrictamente medicinales. “Para esto no necesitamos un gobierno progresista. Esto es liberalismo puro”, subraya Madera.

El Observatorio del Consumo y Cultivo de Cannabis ha elaborado una propuesta de regulación en la que rechaza la aplicación de la normativa sobre medicamentos a la marihuana, ya que, a su juicio, se trata de una planta medicinal de uso tradicional que debe regirse por otro tipo de legislación menos restrictiva.

“La regulación jurídica del cannabis únicamente como medicamento repartirá el pastel hacia un determinado grupo con intereses muy claros, las farmacéuticas, y esto hará que todo el mercado actual se desmorone, puesto que solo las farmacéuticas pueden tratar con medicamentos. Esto no quiere decir que determinados productos se deban o se puedan adquirir en las farmacias previo proceso estandarizado y con garantías. Pero eso no puede excluir la autoproducción, eso sí con seguimiento médico”, se subraya en la propuesta regulatoria de esta organización.

A juicio de este grupo de expertos, la inclusión del autocultivo en la regulación española, algo que no solicita el Congreso en su dictamen, resulta prioritaria, tanto en el ámbito individual como en el colectivo de las asociaciones de usuarios, cuyo modelo ha servido de base a Alemania para la legalización integral de la marihuana que aprobará en abril.

“Dejémonos de excusas baratas y hagamos políticas progresistas de verdad, porque España es la referencia en Europa del autocultivo y el resto de los países de nuestro entorno está avanzando más que nosotros. Es hora de despertar y de hacer cambios de verdad. No valen cambios de maquillaje”, recalca Hugo Madera.

El llamativo dato de Marruecos

Las cantidades de producción de cannabis notificadas por los países a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes arrojan algunos datos llamativos, como el de Marruecos, que legalizó el cannabis medicinal en 2021 y cuenta con una agencia reguladora, la ANRAC, que en 2023 concedió más de 600 licencias de explotación. Sin embargo, este país únicamente ha comunicado a la JIFE una previsión de producción de un gramo para todo 2024.

Por su parte, EEUU, con una previsión de producción de tres toneladas, igual que en 2023, no figura entre los primeros del mundo a pesar de que la mayoría de sus estados ya han regulado el uso del cannabis. Esto obedece a que la estadística de la JIFE únicamente recoge los datos facilitados desde el ámbito federal norteamericano, dónde aún no se ha aprobado la legalización de la marihuana.

Países en cambio con procesos regulatorios aprobados hace ya un tiempo están bastante por debajo de la producción notificada por España. Es el caso de Argentina, que ha previsto producir tan solo 12 kilos este año, Francia, una tonelada, República Checa, 2,5 toneladas, o Italia, 2,9 toneladas