Euskadi da el primer paso para legalizar los clubes de cannabis

El anteproyecto de ley de adicciones del Gobierno vasco reconoce su existencia y equipara el cigarrillo electrónico con el tabaco

El Gobierno vasco plantea que la futura ley de adicciones contemple al menos la existencia de los clubes sociales de cannabis, aunque pospone su regulación a una legislación posterior. La propuesta legal, que el Ejecutivo vasco tiene previsto remitir al Parlamento a final de año, equipara el cigarrillo electrónico con el tabaco.

Según el consejero de Salud, Jon Darpon, supone que no se podrá ‘vapear’ estos dispositivos “en una cafetería, ni se podrán vender cigarrillos electrónicos a menores o defender que su uso tiene beneficios para la salud”.

La norma, que entra ahora en fase de alegaciones, recibirá el visto bueno del Gobierno vasco a finales de año, remitida al Parlamento vasco y por lo tanto, no estará operativa hasta mediados de 2015.

Darpón ha explicado que abordará nuevos productos que “han proliferado en los últimos tiempos” como son los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o cigarrillos electrónicos que la futura ley pretende “equipar” con el tabaco.

La otra novedad afecta a las asociaciones cannábicas conocidas como clubes sociales de cannabis que la ley pretende reconocer en un primer paso hacía su cobertura legal mediante el “reconocimiento de entidades legalmente registradas, sin ánimo de lucro, constituidas por personas mayores de edad y consumidoras de cannabis”.

En todo caso, Darpón ha adelantado que “su reglamentación se desarrollará en una legislación posterior”, sin aportar más detalles.

En lo referente al alcohol, se plantean más limitaciones a la publicidad, venta y consumo “en aras a la protección de los menores”.

La normativa vasca también recogerá por primera vez adicciones como la ludopatía y hará hincapié en la prevención de consumos problemáticos y conductas excesivas con riesgo de generar adicciones como las redes sociales, teléfonos móviles o videojuegos, entre otros.

Según Darpón, se trata de una legislación “más amplia y acorde con las necesidades de la sociedad actual, que vele en especial por la salud de las personas menores de edad y de los colectivos socialmente más vulnerables”.

La norma actualiza las sanciones y contempla, en el caso de menores de edad, la sustitución de las penas económicas por medidas reeducadoras como la realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o, la inclusión de la persona infractora en programas de carácter formativo o informativo relacionados con las adicciones.

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